Parece que existe un consenso más o menos generalizado en los agentes sociales y la sociedad española en cuanto al tipo de sistema de pensiones que queremos: Público (por oposición a privado) y De reparto (por oposición a capitalización). Las sucesivas reformas se han ido introduciendo siempre con el mismo argumento: la “insostenibilidad” financiera del sistema, que se vería abocado a un derrumbe inminente por efecto de la evolución demográfica, que se representa a su vez como una “tormenta perfecta”: caída en picado de la natalidad y alargamiento exponencial -y perpetuo- de la esperanza de vida. En síntesis, cada vez menos activos para sostener a más pasivos durante más tiempo.
El de los pensionistas fue, con diferencia, el colectivo menos expuesto a la devaluación salarial que se produjo en España como respuesta a la crisis financiera de 2008: las pensiones solo se congelaron una vez (en 2011, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero) y los aumentos irrisorios del 0,25% se dieron en un periodo de evolución negativa del IPC. Cuando esta tendencia se invirtió en 2018, se suspendió sine die el llamado “índice de revalorización” y se postergó indefinidamente la aplicación del “factor de sostenibilidad”.
AHORA:
Los asalariados son indiscutiblemente los grandes perdedores de la actual crisis inflacionaria pues desde 2019 hasta 2022, los salarios negociados por convenio colectivo han registrado una subida del 5,9%, que si tenemos en cuenta el alza registrada hasta ahora en los convenios con efectos en 2023 (del 2,89%), alcanza el 9%. Mientras que en ese mismo periodo los precios del consumo se habrán disparado hasta el 15,5% (si se cumple que la inflación interanual cerrará en un 3,7% de media en 2023).
En lo que respecta a los empleados públicos, la subida de sueldos acumulada desde ese año alcanzará en 2023 el 9,6% en el mejor de los casos, pues del 3,5% de subida prevista para este año, un punto porcentual depende de la inflación y el crecimiento del PIB que se registre.
En el caso de los pensionistas —alrededor de 9 millones y medio de españoles— las prestaciones habrán crecido un 16,9% entre 2019 y 2023 siempre que se cumplan las proyecciones de inflación del 3,7%. Un aumento ligeramente superior al de los precios, debido a que en 2020 se produjo una ligera bajada del IPC, mientras que las pensiones se revalorizaron un 0,9%. En lo tocante al SMI, las cuatro últimas subidas han elevado esta renta en un total de un 18,7% desde 2019 y el poder de compra de los salarios más bajos del escalafón han quedado protegidos.
Sin embargo, mientras los 17,4 millones de asalariados que hay en España han perdido poder de compra, los márgenes empresariales medidos sobre el valor añadido bruto —es decir, el valor total de todo lo producido en la economía española descontados los costes de producción— ya están 4% por encima de lo que se registraba en el cuarto trimestre de 2019.
Así, por lo tanto, el problema real de las pensiones no es tanto sólo la falta de personas económicamente activas como la escasez de cotizantes a la Seguridad Social (actual y, sobre todo, futura) y los bajos importes e irregularidad de sus cotizaciones, por efecto del deterioro de la calidad de sus empleos. La “tormenta perfecta” no es solamente demográfica, sino productiva: la devaluación salarial. Una sociedad que no es capaz de ofrecer empleo digno a todos los que están en edad de trabajar no se puede quejar por otra parte de falta de personas en edad de trabajar, es una contradicción en sus términos. Y la escasez y pésima calidad de la oferta de empleo repercute, a su vez, sobre la natalidad, bloqueando las posibilidades de emancipación y formación de nuevos hogares, retrasando la edad de procreación y reduciendo el número de hijos. Es la profecía que se autoverifica.
Hay una evidente línea de actuación: mejorar la cantidad y calidad del empleo y repercutir parcialmente en los salarios las mejoras en la productividad. Esta es la única solución de fondo, las demás (reducción de gastos en pensiones e incremento de ingresos por las cuotas de las cotizaciones) pueden ayudar a mejorar la situación coyuntural, pero no resolverán en su totalidad la cuestión de fondo.
PARA ESO ESTÁN, PRECISAMENTE, LOS GOBIERNOS
Y NO PARA “TIRAR BALONES FUERA”
