La reforma de las pensiones de José Luis Escrivá no fue tal reforma. Fue simplemente una subida de impuestos. En concreto, tres nuevos impuestos que no generan derecho a ningún tipo de prestación ni forman parte del sistema contributivo: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la Cuota de Solidaridad y la subida de las bases máximas con más fuerza que las pensiones máximas.
La idea del anterior ministro de Seguridad Social es que sólo con estos ajustes por el lado de los ingresos sería suficiente. Pero claro, en Bruselas no terminaban de creérselo. ¿Y si el déficit sigue creciendo? Para responder a esta pregunta (y recuerden que España tiene que responder a las preguntas que llegan desde la capital comunitaria si quiere seguir recibiendo el dinero de los fondos europeos y el aval del resto de miembros de la Eurozona) Escrivá se inventó una especie de cláusula de cierre: si el déficit de las pensiones se incrementa, habrá mecanismos automáticos para ajustar el presupuesto.
- Primera pregunta: ¿qué mecanismos? Pues, fundamentalmente, subir el MEI (lo que supondría un incremento de los costes laborales y un daño a la competitividad).
- Segunda pregunta: quién determina si el déficit está subiendo. La AIReF, el organismo fiscalizador de las cuentas públicas (y que mantiene una extraña imagen de independencia en la España sanchista), quedaba encargado de velar por este tema. Deberá publicar un informe con la evolución de ingresos y gastos del sistema: de acuerdo al resultado de dicho informe, se activarán o no las cláusulas de ajuste.
Así de primeras, parece que está todo más o menos controlado. No porque la solución (cargar todo el ajuste en las espaldas de los trabajadores) sea buena o mala, sino porque parece que al menos no habrá un desequilibrio excesivo sin que entren en juego los estabilizadores automáticos.
Pues no. Esta semana hemos conocido que el Gobierno ha decidido imponer unas estrictas reglas a la AIReF. Es decir, el organismo fiscalizador no podrá analizar las cuentas de las pensiones e informar del descuadre. O no con las manos libres. La definición de «ingreso» del sistema se la da el Gobierno (según publicó el BOE el pasado 16 de febrero) y es, como mínimo, cuestionable: como explicaba mi compañera Beatriz García en Libre Mercado, el pasado viernes, no tiene ningún sentido incluir las transferencias del Estado, porque entonces la cifra que saldrá del examen siempre la decidirá el Gobierno. ¿Quiere que los números rojos sean mayores? Recorta transferencias. ¿Quiere tranquilizar a la opinión pública y a Bruselas? Las aumenta. Y no es una exageración. El punto b.1 del artículo 12 del Real Decreto 100/2025 dice que se considerarán «ingresos del sistema»:
Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.
Es decir, cualquier cosa que decida el Gobierno de turno.
El maquillaje
¿Esto es importante? En realidad, estoy tentado a decir que no. Porque, ¿qué más da cuál sea el reparto de cajas en el Presupuesto? Al final, como hemos explicado en otras ocasiones, la situación de las pensiones no cambia. El Estado español tiene una serie de ingresos tributarios (y uno de esos impuestos se llama «cotizaciones sociales») y ha adquirido una serie de obligaciones-promesas con sus pensionistas. Qué organismo del Estado reciba el dinero y cuál pague la mensualidad es lo de menos. Si la Seguridad Social presenta menos déficit es a costa de que la Administración Central lo tenga más elevado. Pero el saldo final agregado no cambia en absoluto.
A partir de ahí, habrá quien piense que esto no deja de ser un juego de comunicación. Y en parte es cierto: el Gobierno no quiere que los titulares sobre el déficit de la Seguridad Social o los números rojos de las pensiones le agüen su discurso triunfalista sobre la marcha de la Economía.
Pero ahí no está todo. Al final, ya estamos en los 225.000 millones de euros de gasto en pensiones en todo tipo de prestaciones (incluyendo clases pasivas) y las cotizaciones sociales (también incluyendo clases pasivas) están en 162.000. Hay un descuadre de más de 60.000 millones que va creciendo. Y sobre todo la parte de los gastos cada vez se come una parte más importante del gasto público.
Taparlo adormece a la opinión pública, pero también a Bruselas. Y aquí está la clave de todo: ¿aceptarán este truco nuestros socios? Si lo hacen, la posibilidad de que nos obliguen a hacer reformas, ajustes o recortes a corto plazo se desvanece. Pero, volvemos a lo que decíamos antes, la situación real no cambia ¡nada! Es decir, esos ajustes, reformas o recortes seguirán siendo necesarios. Y si no los hacemos ahora, los haremos en el futuro, con más coste o serán más duros, ya lleguen en forma de más impuestos o minoración de otras partidas del Presupuesto. Diga lo que diga la AIReF siguiendo las reglas impuestas en el RD; sea cuál sea el mensaje que le convenga lanzar al Gobierno ahora mismo. Eso sí que no cambiará. Se llama matemáticas. Lleva unos cuantos miles de años siendo así.
