EL TRUCO PUBLICITARIO DE LOS “GASTOS IMPROPIOS” DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Sabido es que el «sistema» de la Seguridad Social es simplemente un artificio contable, que no existe en la realidad. Lo que existe es el Estado español (el Reino de España, oficialmente) que tiene una serie de ingresos, la mayoría provenientes de impuestos, y las cotizaciones sociales son un impuesto teóricamente finalista al objeto de pagar las pensiones de los ya jubilados y otras prestaciones económicas (incapacidades temporales de los trabajadores en activo, pensiones de incapacidad permanente, de viudedad/orfandad,…). El Estado tiene una serie de gastos, un capítulo en el que cada vez tienen más peso las prestaciones y las pensiones son una prestación más que financia con los impuestos (fundamentalmente IRPF, IVA, cotizaciones sociales).

Lo que se debe comparar es el nivel de gasto total de un sujeto de derecho público (Reino de España) con el nivel de ingresos que tiene este mismo sujeto. En este contexto, lo preocupante es que el Reino de España vaya a tener este año un déficit del 11,3% y el que viene uno del 7,7% del PIB. También lo es que el nivel de deuda pública se vaya a instalar en el entorno del 125% del PIB.

Pero los políticos de todos los partidos nos han dicho que existe un ente llamado «Seguridad Social«, con su propio presupuesto independiente, y que contiene una «caja única», que se financia de forma independiente con un impuesto propio (las cotizaciones sociales) y que usa lo recaudado para pagar, con una lógica contributiva, las pensiones.

Dentro de esta patraña nuestros líderes llevan años diciéndonos que el problema de la Seguridad Social tiene que ver con lo que denominan «gastos impropios«: es decir, aquellas partidas que el organismo abona sin que sean en realidad de su competencia y que si sacamos de las cuentas de la Seguridad Social esos gastos, más o menos las cifras cuadrarían.

En el mundo de los mensajes políticos, los que dicen que van a cerrar el agujero de la Seguridad Social quitando gastos al organismo, se apoyan así en una ficción.

Las cifras de Liquidación del Presupuesto de 2019 (el atípico 2020 todavía no está cerrado) reflejan:

GASTOS:

Algo más de 4.000 millones en gasto de personal, gasto corriente y otros
150 millones aproximadamente en pensiones contributivas (jubilación, incapacidad, orfandad, viudedad y favor de familiares; aquí no se incluyen complementos a mínimos)
700 millones en otras prestaciones contributivas (incapacidad temporal: 9.527 millones; maternidad y riesgos durante el embarazo: 2.637 millones; y un puñado de prestaciones menores que suman unos 500 millones de euros…)
Algo menos de 11.350 millones en prestaciones no contributivas (incluidos 7.000 millones de complementos a mínimos)

INGRESOS:

Enfrente, por el lado de losingresos: las cotizaciones sociales alcanzaron los 124.255 millones, mientras que por tasas y otros ingresos de la Seguridad Social recaudó algo más de 1.660 millones

Como vemos, los ingresos del organismo por cotizaciones y tasas (126.000 millones) no cubren sus gastos por prestaciones (unos 153.000 millones a los que habría que añadir los 4.000 millones de gastos de funcionamiento).

El déficit lo financia la Administración Central con los impuestos (podríamos decir que el Ministerio de Hacienda, que al final es el que recauda). En 2019, lo hizo a través de dos grandes partidas: por un lado, con 15.643 millones de transferencias corrientes; y, por el otro, con 13.830 millones en préstamos.

Si el Estado hace una transferencia por el total de 30.000 millones se perdería la ficción del sistema, la caja única y los gastos propios o impropios. Está claro que el Estado no le va a pedir en ningún momento a la Seguridad Social que deje de pagar alguna prestación para devolverle el dinero prestado.

Pocos políticos han luchado más para eliminar los gastos impropios de las cuentas de la SS que el actual ministro de Seguridad Social. José Luis Escrivá está empeñado en que el Estado asuma directamente buena parte de estos gastos a través de transferencias (es decir, como ya hace ahora e incluso sin recurrir a ese mecanismo un tanto extraño del préstamo). De hecho, ha venido a decir que si le quitamos a la Seguridad Social los gastos impropios, relacionados con políticas que no tienen que ver con este organismo (desde las pensiones no contributivas a las bonificaciones a la contratación), el sistema estaría más o menos en equilibrio. Y denunció en varias ocasiones que la Seguridad Social se estaba haciendo cargo de más de 22.000 millones de euros de gastos que no le correspondían (ver imagen de la derecha para más detalle) entre gastos de funcionamiento, prestaciones no contributivas, ayudas a la contratación, tarifas planas o prestaciones de maternidad-paternidad.

Lo cierto es que, hasta 2019, si sólo contamos pensiones contributivas y prestaciones por incapacidad temporal; y lo comparamos con los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones y tasas, en este caso y añadiendo a esos ingresos lo que se pierde por las bonificaciones en la cuota, casi tenemos equilibrio presupuestario.

El problema es que ni siquiera con este bricolaje contable las cifras encajan a medio plazo. En alguna ocasión se ha planteado sacar las pensiones de viudedad (24.000 millones) del régimen contributivo, lo que sería un artificio contable más y, además, de corto recorrido pues el gasto en pensiones contributivas ascendía a 95.000 millones de euros al año en 2010 y superará los 143.000 millones en 2021. La tendencia no cambiará por mucho que maquillemos el Presupuesto.

La partida de gastos en pensiones sube por tres motivos: más beneficiarios (crece el número de pensionistas); pensión media más elevada (los que entran tienen derecho a prestaciones más altas que los que fallecen); y revalorizaciones anuales. Salvo en años de muchísima creación de empleo y subidas de sueldos, el incremento del gasto en pensiones es superior al de ingresos por cotizaciones.

La opción escogida por el Gobierno actual es lanzar un mensaje tranquilizador a la opinión pública. Por ejemplo, para 2021, el Estado enviará a la Seguridad Social transferencias corrientes por valor de 31.177 millones y le otorgará otro préstamo (irreal, porque nunca se devolverá) de 13.380 millones. No se hace directamente una transferencia de 45.000 millones ni un préstamo por esa cantidad pues aunque a efectos prácticos no cambiara nada, sí cambiaría el titular sobre el déficit de la Seguridad Social ya que si es transferencia no hay déficit (se lo queda el Estado) y si hay préstamo, el déficit sí aparecería asociado al organismo.

En este contexto de “cuentos para abuelos” el PSOE ha presentado en el Congreso, sin pudor alguno, una proposición no de ley para poner ya en marcha el estudio para calcular cuántos gastos impropios ha asumido la Seguridad Social y qué, por tanto, han deteriorado la situación financiera y la valoración acerca de la viabilidad del sistema público de pensiones. El PSOE llama a realizar este estudio, a través de la Intervención General de la Seguridad Social, para después someterlo a la evaluación del Tribunal de Cuentas y remitido a la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo. A través de este diagnóstico, el plan del Gobierno pasa por descargar paulatinamente estos costes con cargo a los Presupuestos –para las de 2021 se transfirieron 13.929 millones de euros y Hacienda tiene previsto elevar esta factura a los 18.396 millones en los de 2022– y así contar, como mandata el Pacto de Toledo, «una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social».

La propia recomendación, que cita el PSOE en su iniciativa, cree que este descargo de gastos impropios «contribuirá de forma decisiva a rebajar la alarma que las cuentas dificultades financieras han generado y, en el largo plazo, a reforzar su sostenibilidad».