La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha presentado el martes 26 de julio el techo de gasto, el límite de gasto no financiero para 2023, en 198.221 millones de euros, lo que supone un nuevo registro más elevado de la historia por tercer año consecutivo, a raíz de la ayuda europea que impulsa este tope. En total, este dato representa un crecimiento del 1,1% respecto al año pasado. Esta medida da el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, con un gasto histórico, mientras rebaja ocho décimas el crecimiento del PIB de 2023, al 2,7%.
La previsión del Gobierno es que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022. Las nuevas previsiones del Ejecutivo están alineadas, según Calviño, con las estimaciones realizadas por el conjunto de organismos nacionales e internacionales, que en las últimas semanas han revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento para el PIB español. Por ejemplo, la Comisión Europea estima un crecimiento del 4% este año y del 2,7% el próximo, mientras que el Banco de España lo sitúa en el 4,1% en 2022 y en el 2,8% en 2023.
A su vez, la ministra de Hacienda anunció un traspaso de financiación para gastos impropios de la Seguridad Social de casi 20.000 millones, un aumento que supone un 8,1% ante la previsión de un desvío extraordinario del gasto en pensiones a causa de la revalorización con una inflación que, según el deflactor del consumo privado anunciado por Calviño, alcanzará el 7,8%.
En definitiva el Gobierno tendrá que transferir a la Seguridad Social casi 20.000 millones (19.888) para tapar el agujero que supondrá su compromiso de actualizar las pensiones con el IPC en 2023, a pesar de que los principales organismos internacionales le han advertido en reiteradas ocasiones de que España no se lo puede permitir con una inflación superior al 10% y con la deuda pública en máximos históricos. Esta transferencia a la Seguridad Social supone 1.500 millones (el 8,1%) más que la cantidad inyectada en 2021y le permite cubrirse de una subida de los precios mucho mayor de la que contemplaba hasta ahora; de hecho, ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, elevó la previsión de inflación al 7,8%.
Las presiones para que el Ejecutivo dé marcha atrás han llegado de todas partes. Bruselas, el Banco de España, CEOE y organismos como Fedea, Funcas o la AIReF han alertado de que subir las pagas a los pensionistas con el dato del IPC va a obligar a un ingente gasto público y va a poner en riesgo el sistema. Por ello, piden que los pensionistas formen parte del pacto de rentas. El Banco de España calcula que actualizar las pensiones con una inflación del 7% costaría 12.600 millones a las cuentas públicas. La AIReF realiza un cálculo similar y estima que por cada punto adicional de inflación, el gasto en pensiones sube en 1.500 millones.
De hecho, ya este año está teniendo que sufragar con deuda pública parte de las prestaciones. Esto se debe por el lado de los ingresos del bajo salario medio, consecuencia de un crecimiento económico mucho menor del esperado tras la pandemia y por el lado de los gastos, del creciente número de pensionistas, la mayor esperanza de vida y el incremento de la cuantía de las prestaciones, porque los trabajadores que se están jubilando tenían bases de cotización y salarios elevados. Así, en julio el gasto en pensiones alcanzó un máximo histórico de 10.845 millones.
A pesar de esta dramática situación, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en incrementar las pensiones con el IPC. Una medida que adoptó cuando no había inflación -y que aprobaron todos los partidos en la Comisión del Pacto de Toledo- pero que resulta insostenible en la situación actual, con los precios disparados.
Pero Sánchez sigue empecinado en ello porque teme el efecto devastador que puede tener en las urnas anunciar que las pensiones perderán poder adquisitivo, a pesar de que sí va a permitir que eso ocurra en el caso de los funcionarios, ya que se ha negado a revalorizar sus salarios con el IPC.
