Un demoledor informe del CEU evidencia la insostenibilidad del actual modelo de pensiones, que paga a los jubilados un 74% más de lo aportado
El sistema público de pensiones español afronta una presión creciente derivada del envejecimiento de la población, el desplome de la natalidad y el aumento continuado del gasto. Así lo concluye el informe Las pensiones en España: análisis crítico y propuestas de mejora, elaborado por el think tank Cefas, de la Universidad San Pablo CEU, bajo la coordinación de Alejandro Macarrón.
El documento advierte de la magnitud del desafío financiero y demográfico al que se enfrenta el Estado del Bienestar español y apunta incluso hacia escenarios que hace apenas unos años parecían impensables. De hecho, el estudio sostiene que «resulta necesario retrasar de manera significativa la edad ordinaria de jubilación» y recuerda que Alemania ya ha planteado elevar progresivamente la edad de retiro hasta los 73 años en 2060.
Los autores subrayan que el actual modelo resulta cada vez más difícil de sostener. En 2024, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social desembolsaron 181.254 millones de euros, equivalentes al 11,2% del PIB. De esa cifra, 125.369 millones correspondieron exclusivamente a pensiones de jubilación, que ya absorben más del 70% de todas las prestaciones del sistema. A ello se suman 26.380 millones en pensiones de viudedad y otros miles de millones en incapacidad permanente, bajas laborales, prestaciones familiares y gastos de funcionamiento.
Sin embargo, los ingresos por cotizaciones se quedaron muy por debajo de ese volumen de gasto. Según recoge el informe, la Seguridad Social ingresó 146.149 millones de euros mediante cotizaciones y tasas, generando un déficit operativo directo de 33.868 millones. Si se incorporan las transferencias estatales, las prestaciones no contributivas y el conjunto de mecanismos de financiación complementarios, el agujero real ascendería a 69.783 millones de euros, una cifra superior incluso al déficit total registrado por todas las Administraciones Públicas españolas en 2024.
La raíz del problema es eminentemente demográfica. Cuando se creó el sistema moderno de Seguridad Social en España, existían más de siete personas en edad de trabajar por cada ciudadano mayor de 65 años. Hoy esa proporción ha caído a apenas 2,9 trabajadores potenciales por pensionista y las proyecciones apuntan a un deterioro adicional durante las próximas décadas. En este sentido, el informe recuerda que la tasa de fecundidad española se sitúa en torno a 1,10 hijos por mujer, uno de los registros más bajos del mundo desarrollado.
El peso de las pensiones sobre la economía española también destaca en las comparaciones internacionales. España dedicó en 2023 el 12,4% del PIB a pensiones de jubilación y viudedad, por encima de la media de la Unión Europea, situada en el 11,8%. Solo países especialmente envejecidos como Italia presentan porcentajes superiores.
Se paga mucho más de lo aportado
Paradójicamente, España combina ese elevado gasto con uno de los sistemas más generosos de Europa. Según el estudio, la tasa de sustitución —la relación entre el último salario y la primera pensión percibida— alcanza aproximadamente el 80%, situándose entre las más altas del continente junto a Grecia. Esta circunstancia explica en parte por qué el ahorro privado para la jubilación sigue siendo extraordinariamente reducido en comparación con otros países occidentales.
De hecho, el patrimonio acumulado en planes de pensiones apenas supera los 137.000 millones de euros, alrededor del 8% del PIB. La cifra contrasta con los niveles habituales en los países de la OCDE, donde el ahorro previsional ronda entre el 90% y el 100% del PIB, y queda muy lejos de economías como Dinamarca o Países Bajos, donde los fondos de pensiones equivalen a más del doble de la producción anual.
El informe también pone el foco en el desequilibrio existente entre lo aportado y lo recibido por los pensionistas. Citando estimaciones del Banco de España, señala que cada jubilado percibe, de media, hasta un 74% más de lo que cotizó a lo largo de su vida laboral. En términos prácticos, por cada 1.000 euros aportados al sistema, el pensionista medio acabaría recibiendo unos 1.740 euros en prestaciones una vez descontada la inflación.
Mientras tanto, la evolución de las pensiones ha sido mucho más favorable que la de los salarios. Entre 2010 and 2025, la pensión media aumentó entre un 65% y un 70%, mientras que los salarios crecieron únicamente entre un 22% y un 25%, por debajo incluso de la inflación acumulada durante ese mismo periodo. El resultado es un creciente debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema y sobre el reparto intergeneracional de cargas y beneficios.
Ante este panorama, los autores plantean reforzar el ahorro privado para la jubilación, revisar la estructura de incentivos fiscales y contener el crecimiento del gasto público asociado al envejecimiento. A su juicio, sin reformas profundas que mejoren la sostenibilidad financiera y sin una recuperación significativa de la natalidad, España se encamina hacia un escenario en el que las pensiones absorberán una parte cada vez mayor de los recursos públicos, incrementando la presión fiscal, el endeudamiento y las tensiones entre generaciones.
Fuente; ¿Jubilarse a los 73? Un informe desgrana el sombrío panorama de la Seguridad Social – Libre Mercado
