EL SISTEMA DE RENTA MÍNIMA EN ESPAÑA ES DE LOS MENOS EFICACES DE EUROPA

Bruselas quiere elaborar una directiva que establezca una ayuda para los ciudadanos que no alcancen el 60% de la renta disponible familiar

Cuando se creó la Unión, el reparto de tareas fue nítido. Los Estados se quedaron con las competencias de lo que se ha llamado acertadamente el Estado de Bienestar, un producto modélico de la postguerra europea. Los Estados se han ocupado de la educación, la sanidad, los subsidios de desempleo, el salario, las pensiones, la asistencia social, etc. La Unión solo puede complementar la acción social de los Estados, como se desprende de los artículos 151 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El artículo 153 dice literalmente que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros» en toda una serie de competencias sociales y para los fines previstos en el artículo 151 (modelo social europeo). Pero no hay un salario mínimo europeo, ni unas pensiones mínimas, ni subsidio de desempleo europeo, ni, por supuesto, una armonización fiscal, ni tributos europeos que suministren la fuerza impositiva que permita abordar los efectos de la tormenta económica que se puede producir.

«Los ciudadanos se han alejado de Europa porque Europa se ha alejado de los ciudadanos», admitió en un discurso el todavía presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que abogó por avanzar en los derechos sociales y en el Estado de bienestar para que los lazos vuelvan a estrecharse. En este sentido, una de las asignaturas pendientes que tiene por delante el Parlamento es elaborar una directiva que establezca una renta mínima para los ciudadanos cuyos ingresos no alcancen el 60% de la renta disponible familiar de cada Estado miembro. La renta familiar disponibles son los ingresos familiares menos los impuestos, es decir, lo disponible para gastos y ahorro. En España dicha renta familiar disponible en 2018 (INE) asciende a unos 33.000 €/año, imputando el alquiler equivalente de la vivienda.

En realidad, se trata de poner en marcha lo que Bruselas aprobó hace ya algo más de dos años. No se trata de un tema baladí, ya que cerca de 113 millones de personas en la UE están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que equivale al 22% de toda la población. El porcentaje en España -es el segundo país con mayor tasa de paro- es incluso mayor y asciende hasta casi el 27%, lo que significa que uno de cada cuatro españoles corre el riesgo de acabar excluido socialmente.

La mayoría de los países europeos ya tiene sistemas de ingresos mínimos, pero las diferencias entre ellos son abismales y no siempre brindan el apoyo adecuado a los necesitados, tal y como advirtieron desde la Comisión Europea cuando aprobaron esta resolución, por lo que instaron a actualizar los modelos existentes. ¿Cómo son los sistemas de renta mínima en Europa? Puede decirse que el aspecto que más sobresale es la heterogeneidad, aunque comparten también un rasgo común: un proceso permanente de reforma o incluso de casi continua experimentación.

Los países con más tradición son los nórdicos, centroeuropeos y el Reino Unido, mientras que los del Este, Grecia e Italia -que lo ha hecho recientemente- son los más novatos. No es de extrañar, por ello, que los sistemas de Bulgaria, Rumanía, Letonia e incluso Italia solo cubran un tercio del umbral de pobreza, mientras que en Dinamarca se cubre prácticamente al 100%.

En España existe un sistema de ingresos mínimos fraccionado y, de hecho, es el único socio comunitario que no cuenta con una renta mínima nacional, debido al problema de competencias: cada comunidad autónoma tiene el suyo propio. Las diferencias entre regiones son tan amplias, que hay algunas autonomías que se sitúan a la cabeza en esta prestación mínima, como País Vasco, Cataluña y Navarra, mientras que otras, como Valencia o Extremadura, están a la cola. El resultado global, sin embargo, es demoledor: España es, junto a los países del Este, el socio comunitario en donde las cuantías para reducir el riesgo de pobreza son más insuficientes.

El debate en Europa debe girar no tanto en torno a la cuantía, sino principalmente encómo organizar un sistema que responda bien a las crisis, por lo que se ha de centrar más en las condiciones que se les impone a las personas para poder cobrar estas prestaciones. A este respecto, pese a que en su práctica totalidad los sistemas son relativamente universales (la nacionalidad no suele ser excluyente), todos los países europeos exigen la búsqueda activa de empleo con algunas excepciones y estar inscritos en las oficinas públicas de empleo.

Fuente: hoy

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y sin marcas de agua

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