El Ejecutivo de Pedro Sánchez aplica el requisito de carencia de rentas previsto en la Ley General de la Seguridad Social
La protección por desempleo es, entre otras prestaciones, uno de los pilares del Estado de bienestar en España, un mecanismo que pretende sostener a quienes pierden su trabajo de manera involuntaria mientras buscan una nueva oportunidad laboral. Y es que tras agotar la prestación contributiva muchas personas acceden al llamado subsidio por desempleo para evitar quedarse sin ningún sustento económico.
En ese sentido, tradicionalmente se ha entendido que, una vez agotado el paro, casi cualquier trabajador que cumple los requisitos puede solicitar este subsidio y percibirlo mientras cumple con las obligaciones de búsqueda activa de empleo. Sin embargo, la realidad del día a día ha demostrado que hay situaciones cada vez más frecuentes que complican ese acceso aunque la persona esté claramente sin ingresos fijos.
Pues bien, ahora el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está aplicando el criterio de que la cuantía que un trabajador recibe en concepto de indemnización por despido puede influir en el acceso al subsidio si supera ciertos umbrales. Y es que aunque a efectos fiscales una parte de esa indemnización no tribute en el IRPF, lo que se considera en el ámbito del empleo y la Seguridad Social no es exactamente lo mismo.
En esa misma línea, según la interpretación que se viene aplicando en el ámbito judicial, mientras la indemnización mínima legal -por ejemplo, 20 días por año trabajado en despidos objetivo- no se toma como renta, la parte que excede esa cuantía puede computarse como ingreso a efectos del subsidio, dentro del análisis de carencia de rentas.
La consecuencia práctica es que ese ‘extra’ que se haya pactado con la empresa puede dejar fuera del subsidio a trabajadores que, de otra forma, lo cumplirían. El SEPE prorratea el importe excedente de la indemnización en mensualidades, es decir, lo divide en varios meses como si se tratara de un ingreso periódico, y lo suma a las rentas del solicitante.
Si el resultado supera el límite de ingresos exigido -habitualmente establecido en torno al 75% del Salario Mínimo Interprofesional mensual para subsidios asistenciales, tal y como recoge la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015)– la ayuda puede ser denegada o aplazada hasta que ese exceso deje de computar a efectos del cálculo de rentas.
Eso sí, es importante destacar que este criterio no afecta al cobro de la prestación contributiva por desempleo, cuya cuantía y duración dependen exclusivamente de la base de cotización y del tiempo trabajado. El problema se plantea al pasar de esa prestación a un subsidio, que sí analiza la situación económica global del solicitante.
Es por ello que abogados laboralistas y expertos en Seguridad Social recomiendan evaluar cuidadosamente cómo se estructura una indemnización superior a la mínima antes de formalizar una solicitud de subsidio, ya que puede marcar la diferencia entre percibir o no la ayuda en los meses siguientes.
