Todavía hay personas afirmando que nuestro sistema de pensiones es sostenible y que goza de salud, a pesar de que padece una enfermedad crónica y se encuentra en cuidados paliativos. Presenta síntomas que incluye endeudamiento, déficit y fatiga económica de pronóstico grave, un cuadro que empeora con el tiempo obligando a sus familiares más cercanos, empresarios y trabajadores, a realizar mayores contribuciones de sangre para mantenerlo artificialmente con vida, conectado al equipo de soporte vital que le proporciona el Estado y por el que recibe continuas transfusiones.
Nadie tiene la fórmula mágica para arreglar el problema, pero si se quiere acometer, es necesario reconocer su existencia. La solución no es fácil, pero se puede acometer mediante una reforma, en profundidad del modelo, copiando otros sistemas europeos y mediante un proceso ordenado de transición para que no tenga efecto negativo sobre los que están próximos a jubilarse, de modo que los jóvenes que se incorporen al mercado laboral comiencen con un nuevo sistema que les permita confiar en que tendrán una pensión cuando se jubilen, algo que hoy no piensan. Se puede hacer, aunque sea complejo, pero conlleva incorporar más peso en los otros pilares de los sistemas de pensiones y mejorar la relación entre las contribuciones y las cuantías a recibir, como ocurre con los sistemas nocionales. Un proceso que exige años de implantación y un elevado coste electoral que nadie está dispuesto a asumir.
Dentro del ingente endeudamiento acontecido bajo la presidencia de Sánchez -más de 400.000 millones de nuevo endeudamiento según las notas iniciales de avance de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España entre mayo de 2018 y junio de 2023, último publicado, especialmente preocupante es la senda que ha adoptado el endeudamiento de la Seguridad Social.
Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones, pero la realidad es bien distinta. Para empezar, el fondo de reserva, conocido como «la hucha de las pensiones», fue creado por Aznar, tras sanear la Seguridad Social que los socialistas habían dejado quebrada. Recordemos que Felipe González dejó a la Seguridad Social con un desequilibrio de 600.000 millones de pesetas y que el Gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para poder pagar a los pensionistas la paga extraordinaria de diciembre de 1996.
Pues bien, cuando Aznar creó ese fondo lo hizo con los excedentes que el superávit de las cuentas de la Seguridad Social aportaba, de manera que cada año iba ampliándose el mismo, hasta llegar a sumar más de 14.000 millones de euros al finalizar su mandato. Eso era un verdadero ahorro, porque venía de un excedente. Sin embargo, el ahorro vendido por Sánchez no es tal, pues la Seguridad Social es deficitaria, sólo equilibrada por las transferencias que la Administración General del Estado le realiza desde los Presupuestos Generales del Estado, porque los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto en prestaciones.
Así, la Seguridad Social cuenta con un gasto no financiero de casi 200.000 millones de euros, donde la mayor parte va a pensiones contributivas, que incrementan el gasto en un 11,2% interanual, hasta llegar a los 166.776,9 millones de euros, con riesgo al alza.
PRESUPUESTO SEGURIDAD SOCIAL
Por otra parte, los ingresos son claramente insuficientes. Para empezar, son 7.200 millones inferiores a los gastos, quedándose en 192.000 millones. Ahora bien, esa cifra es engañosa, pues recibe casi 40.000 millones de euros en transferencias corrientes del Estado, con lo que, sin ello, el déficit sería mucho más importante. Además, la aportación de los 2.793,2 millones al fondo de reserva viene cubierta por el préstamo del Estado, que sirve para cubrir dicha aportación, la pequeña diferencia entre el resto de las operaciones de ingresos y gastos y el déficit no financiero. Por tanto, no hay ahorro, sino que se nutre el fondo con ingresos financieros, procedentes de deuda.
DEUDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y esa deuda, Sánchez la eleva en alrededor de 65.000 millones de euros desde que gobierna. Así, pasamos de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a otra de 106.174 millones en el último dato publicado, junio de 2023.
Por tanto, una vez más, Sánchez no dice la verdad. El sistema público de pensiones necesita ser reformado. No es cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo. Cuando se puso en marcha en España el sistema de reparto, la esperanza de vida al nacer no era mucho más alta de 65 años en los varones, que entonces eran el grueso de la población activa. Ahora, sin embargo, gracias a Dios, la esperanza de vida se encuentra por encima de los ochenta años en ambos sexos (80,52 en el caso de los hombres y 85,89 en el caso de las mujeres, según nos muestra el INE). Este factor, sin duda, eleva el número de años que se percibirá una pensión, que supone, por tanto, un incremento del coste del sistema.
Por otra parte, la tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones en España -esto es, el porcentaje de pensión que se percibe respecto al último salario- no ha dejado de crecer y es la más elevada de Europa, con un 78,7%, según datos de la Comisión Europea, muy por encima de la media de la UE (46,3%) y de la eurozona (49,9%). Esto eleva también el coste del sistema público de pensiones, al ser mayores las pensiones que entran al sistema que las que salen.
El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, período que tuvo lugar entre 1952 y 1977, pero encontrándose esas cohortes más numerosas en crecimiento de natalidad anual entre 1957 y 1967. Son muchas personas que, por un lado, accederán a una pensión, que, por otra parte, dejarán de cotizar como activos y, por último, percibirán, en términos generales, una pensión mayor que la media actual, con lo que dicha media se elevará y, con ello, el coste del sistema.
Adicionalmente, además de producirse esa salida de la población activa de todas esas personas, no se reemplazará con una entrada similar en el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, pues los nacimientos de estas nuevas cohortes fueron ya muy escasos, de manera que la relación entre activos cotizantes y pensionistas caerá de manera importante.
Por eso, si nada se hace, el sistema colapsa matemáticamente, y eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar medidas para solucionar el problema y garantizar su sostenibilidad.
Sin embargo, en lugar de abordar el tema afrontando el problema de cara, en toda su magnitud, la reforma Sánchez-Escrivá incrementa el gasto, sube cotizaciones y hace inviable el sistema, de manera que todavía nos endeudará más, tras confiscarnos más recursos vía el comentado incremento de cotizaciones. Es la política de Sánchez, basada en el gasto, la deuda y los impuestos altos. Debe enmendarse esa política; de hecho, si Sánchez volviese a ser investido, debería, por el bien de España, autoenmendarse, pero eso se antoja casi imposible.
FEDEA AVISA
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha indicado que en 2050 el gasto en pensiones será del 17% o 18% del PIB «si no se hace nada», por lo que apuesta por introducir un recargo sobre la cuota estatal del IRPF para obtener fondos. A su juicio, eso aseguraría que ese gasto «se reparte entre todo el mundo» y además «de una forma progresiva», ya que si no se controla, «se va a comer todo lo demás». «Vamos a tener tantos recursos en pensiones que va a quedar muy poco para otras cosas que también son prioritarias, como la dependencia o la sanidad», ha advertido. Además, este método permitiría «que la gente fuera consciente de lo que cuesta». «Si todo el mundo viera el recargo para pagar esos complementos de pensiones, seguramente serían más favorables a los esfuerzos por contener el aumento de las pensiones», ha defendido De la Fuente durante su intervención este miércoles en el Foro Económico del Diario Montañés, celebrado en Santander.
Es por ello que, además de pagar una parte con recursos procedentes de impuestos para repartir los costes «entre los pensionistas de ahora y los pensionistas del futuro», ha apostado por medidas como seguir alargando el periodo de cómputo cogiendo más años de carrera para calcular la pensión, lo que «tiende a reducirlas», o seguir retrasando la edad de jubilación en proporción a la esperanza de vida en aquellos empleos que lo permitan.
ACTUALIZAR LAS PENSIONES CON EL IPC ES UN «LUJO»
Además, ha subrayado que blindar las pensiones frente a la inflación «sería muy deseable», pero es «un lujo» que no sabe «si nos podemos permitir». Más bien, considera que se debe poner un tope de poder adquisitivo que se puede llegar a perder. Igualmente, cree que «habrá que subir algo las cotizaciones», aunque ha advertido de que en España ya «son muy altas» y que «puede tener efectos nocivos sobre el empleo».
De la Fuente ha hecho un repaso de la situación económica del país y ha destacado la necesidad de acometer una reforma fiscal que «incremente la capacidad recaudatoria del sistema», unida a un esfuerzo por racionalizar el gasto, para «garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas» y poder «pagar el estado de bienestar».
AUMENTAR LA RECAUDACIÓN
«Tenemos que aumentar la capacidad de recaudación buscando que eso genere las menos distorsiones posibles», ha defendido, apostando por ampliar las bases tributarias para poder mantener los tipos lo más bajos posibles o «eliminar agujeros» como los tipos reducidos del IVA, revisar los beneficios fiscales o los regímenes especiales.
También cree que se deben revisar todos los grandes impuestos y «repensar cómo cobramos por ciertas cosas», apostando por recaudar a través, por ejemplo, de copagos y peajes –liberando de ello a las rentas bajas–. En este sentido, aunque hubo un «grito de protesta» cuando se anunció la posibilidad de implantar peajes en las carreteras, cree que «es más lógico que sean los usuarios los que lo paguen que el contribuyente medio, que a lo mejor no tiene ni coche». Al igual que, por ejemplo, «no tiene mucho sentido las matrículas universitarias sean cero o próximas a cero porque eso significa que el contribuyente medio acaba subvencionando al universitario medio, que es mucho más rico».
De la Fuente también ve necesaria una reforma de la financiación autonómica, que debería hacerse en varias fases empezando por crear un fondo que complemente la financiación de las que están peor dotadas. Además, no es partidario de la condonación de la deuda a las comunidades porque supondría que en el futuro «nadie apueste por la disciplina fiscal». Y es que, si se perdona la deuda a algunas, «pensarán que tonto el último», ha sostenido.
FONDOS EUROPEOS
Frente a ello, ha insistido en que no se puede «seguir gastando sistemáticamente más» de lo que se tiene. Y con el fin de «sentar las bases de un crecimiento robusto y sostenido» en el país, ha abogado por aprovechar las inversiones del Plan de Recuperación, aunque ha señalado que «no está claro» que España lo esté «haciendo bien» con los fondos europeos. Y es que su desarrollo «es más complicado de lo que parecía, y tarda su tiempo». Además, cree que «las cosas se han hecho muy deprisa, con pocos filtros y poco ‘imput’ del sector privado» en los proyectos, por lo que tampoco tiene clara la «calidad» de éstos.
«Los plazos desde el principio han sido ajustados y poco realistas. Había la impresión de que se podía hacer rápido y que era fácil, pero los tramites son complicados y hay que planificar. No es sencillo gastar 70 millones en cosas bien hechas», ha argumentado, añadiendo que, además, da la impresión de que todo se ha diseñado «desde la oficina de un Ministerio», sin tener en cuenta a las empresas.
El economista también ha hecho alusión a leyes recientes como la de vivienda, que entiende que va «en la dirección contraria» de lo que se necesita, porque «preocupa la falta de oferta» y «con lo que estamos haciendo vamos a tener menos», pudiendo «acabar cargándonos el mercado de alquiler»; o la de empleo, que ve «similar a la anterior», y frente a la que defiende que «lo que hay que hacer es arremangarse, no poner buenos deseos».
En todo caso, cree que estas grandes materias se deben regular buscando pactos entre los dos grandes partidos y con el mayor consenso posible, porque de lo contrario «no funcionará». Además, ha incidido en que «el prejuicio ideológico no es buen consejero en materia de hacienda», si no que hay que tomar decisiones en base a «criterios objetivos».
