Las rentas básicas autonómicas y del Estado crecen sin control suficiente a sus beneficiarios
Urge reorientar el gasto y ajustarlo a la inmigración o a la defensa, como ha hecho Alemania
España se aproxima a una fecha crítica: 2029, el año en el que comenzará a descender la población en edad de trabajar, la comprendida entre 16 y 66 años, según el INE y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este último organismo estima que se necesitará un millón de inmigrantes anuales entre 2029 y 2050 para mantener nuestro Estado de bienestar. Otro informe patrocinado por la patronal catalana Foment del Treball señala que la España de los 50 millones de habitantes se alcanzará en los próximos años y necesitará 1,4 millones de inmigrantes de aquí a 2035.
Da igual el organismo que se elija o la patronal que se consulte, todos coinciden en que los inmigrantes son imprescindibles para poder mantener el Estado de bienestar, mediante el pago de servicios públicos esenciales como pensiones, educación o sanidad.
Todas las patronales califican de necesaria «la regularización de medio millón de inmigrantes» anunciada por el Gobierno. Algunos expertos, sin embargo, advierten del efecto llamada en los países de origen, que puede provocar una avalancha. Por eso, es fundamental que los inmigrantes cumplan estrictamente con los requisitos legales para su regularización, como la ausencia de antecedentes penales.
En nuestro país se ha abierto un debate social sobre si estos inmigrantes deben tener los mismos derechos que los españoles. Vox impuso el concepto de prioridad nacional en los pactos alcanzados con los responsables regionales del PP, a los que no les quedó más remedio que aceptarla para poder formar gobiernos.
El partido de Abascal se sube a la tendencia del conocido eslogan de «América Primero» utilizado por Donald Trump para ganar sus últimas elecciones, aunque ha comenzado a cuestionarse desde la estrepitosa derrota de Viktor Orbán en Hungría.
La cuestión no es baladí. Hay países como Dinamarca o el Reino Unido, con gobiernos socialdemócratas, que han endurecido los procesos de regularización, de manera que un inmigrante no adquiere todos sus derechos hasta que pasa un periodo de varios años en el que demuestra su arraigo y su compromiso de trabajo en el país de acogida.
Estas dinámicas, próximas a los movimientos racistas de los años 50 del pasado siglo, obedecen a que los ciudadanos tienen la sensación creciente de que los inmigrantes usurpan sus derechos y desplazan a la población autóctona para recibir ayudas sociales a las que no pueden acceder, como por ejemplo las becas para la formación de sus hijos, las ayudas a la compra de vivienda, etc.
Un vistazo rápido a las estadísticas sobre quién se beneficia más de las subvenciones públicas en nuestro país debería hacernos reflexionar sobre su funcionamiento. En las llamadas Rentas de Inserción, que todas las comunidades autónomas ofrecen, entre el 30% y el 50% son beneficiarios extranjeros. En los casos de Navarra, La Rioja o País Vasco se alcanzan picos superiores.
Un caso singular es el de Euskadi, donde más del 11% de la población inmigrante total cobra la renta mínima de inserción vasca, un total de 22.347 personas, frente al 2,14% de la población nacional. Es decir, cinco veces más. Una proporción similar se registra en Navarra, con el 9,4% de renta para inmigrantes, frente al 1,48% de los nacionales.
¿Por qué ocurre esto? ¿Las empresas vascas o navarras discriminan a los trabajadores nacidos fuera del territorio nacional? No parece razonable y menos en tal proporción, cuando los inmigrantes son imprescindibles para cubrir la demanda de puestos de trabajo en sectores intensivos en mano de obra, como la hostelería o la construcción, que no quieren los españoles.
En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), a cuenta del Estado, la población inmigrante representa ya uno de cada cinco beneficiarios. La diferencia del porcentaje entre las ayudas públicas estatales y regionales se explica por el fácil acceso a las rentas mínimas autonómicas, dado que el requisito fundamental consiste en demostrar un mínimo periodo de residencia en el territorio del que se trate y acreditar la carencia de recursos para cubrir necesidades económicas más básicas.
Pese a la mayor dificultad de acceso, las prestaciones del IMV crecieron el año pasado por encima del 20%, hasta 2,3 millones de personas, y representan un gasto para las arcas públicas próximo a los 4.150 euros anuales. Urge una reforma tanto del IMV como de las rentas autonómicas para garantizar que sus perceptores, ya sean nacidos en España o en el extranjero, están en búsqueda activa de empleo y que de verdad existe riesgo de pobreza y exclusión social. La falta de un mecanismo de supervisión adecuado está incrementando el número de beneficiarios.
La regularización de inmigrantes va a incrementar las dificultades de acceso a la vivienda y a la sanidad, que ya tenemos los españoles. A cada inmigrante aceptado es necesario sumar dos más por la reagrupación familiar, que se produce.
En el ámbito de la vivienda, reconocido como el problema principal por los españoles, la entrada masiva de inmigrantes (alrededor de 600.000 anuales en los últimos tres años) incrementa la insuficiencia de oferta. El Gobierno aprobó hace un par de semanas el Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones para la construcción de nuevas casas. Los inmigrantes están entre los colectivos más beneficiados porque disponen de menores ingresos y carecen de cualquier otro patrimonio. Además, la realización de trabajos en negro, que en España representa en torno al 20% del PIB, exacerba estas diferencias.
En el caso de la sanidad, el incremento poblacional no está compensado con un alza del gasto público, lo que provoca el colapso en los hospitales y en la atención primaria.
La vivienda, la sanidad o la falta de mantenimiento de las infraestructuras son la punta del iceberg de un problema más profundo, el aumento desmesurado del gasto público, que bate récord año tras año pese a la ausencia de Presupuesto. España puede incurrir este año en déficit excesivo, al superar el objetivo del 3%, pese a que la recaudación creció a doble dígito, 70.000 millones en 2025.
Por eso, Sánchez pretendía que Europa permitiera un mayor margen de déficit público por el gasto extraordinario para minorar el impacto de la guerra del Golfo. Entretanto, han surgido otros frentes, como la defensa nacional, que costó 10.500 millones más el año pasado, y seguirá al alza en los próximos.
El paradigma de la senda a seguir lo marcó el canciller alemán, Friedrich Merz, que acaba de anunciar un recorte de 40.000 millones en Sanidad y en Seguridad Social para financiar la defensa. Y eso que el déficit alemán es inferior al 3% y su deuda (63,5% del PIB) está muy por debajo de la nuestra (101%).
«En el futuro vamos a vincular el incremento del gasto a los ingresos«, señaló la ministra de Sanidad, Nina Warken, en la presentación del programa junto al canciller. Entre las medidas están el recorte de algunas prestaciones sanitarias, de programas infantiles, de la renta básica y hasta la revisión de las pensiones, junto a la introducción de impuestos verdes.
En las rentas de inserción, se intensificarán los controles y se sancionará con recortes del 30% de la prestación a quienes no acudan a las citas o se suspenderá la ayuda si las faltas son reiteradas. En adelante, el beneficiario deberá echar mano de sus ahorros o de sus propiedades antes de acudir a la ayuda social.
En el mercado laboral, por ejemplo, quedan instauradas las bajas parciales, del 25%, 50% o 75% de la jornada, para combatir el absentismo. Una medida que rechazó de plano el Ejecutivo Sánchez, junto a que las altas sean dadas por las mutuas, pese a que el absentismo está en récord histórico.
Como se ve, el problema no está en los inmigrantes, que son imprescindibles para mantener la velocidad de crucero de la economía; el problema grave está en el incremento desmesurado del gasto público y en su falta de racionalización y adecuación a las nuevas necesidades sociales.
PD: En cuanto a la guerra, Trump está atrapado en Irán, porque no puede conseguir su gran objetivo, que es desmantelar el arsenal nuclear mediante bombardeos aéreos, con lo que no le queda otra opción que mantener el bloqueo de Ormuz. La situación puede prolongarse en el tiempo, como reconoció él mismo, con los precios del petróleo muy por encima de los cien dólares, que harán mella en las economías de todo el mundo.
La esperanza está puesta en Emiratos, una monarquía petrolera, que ha roto el corsé de la OPEP y que en el futuro ya no tendrá que someterse a las cuotas del organismo, lo que augura un incremento de producción, aunque de momento el impacto sea limitado por el bloqueo del Estrecho.
Fuente: El problema no está en la inmigración, está en la avalancha de ayudas sin control
