La reforma del sistema público de pensiones no solo preocupa a los españoles, en el Parlamento Europeo también hay dudas sobre los cambios normativos propuestos por el Gobierno y en un reciente informe suyo pone en duda la sostenibilidad del sistema y advierte de la contestación social que le espera a la segunda parte de la reforma
Las pensiones constituyen un tema prioritario, al afectar a muchísimas personas, que a lo largo de su vida, con su esfuerzo y su trabajo diario, se han ganado el derecho a disfrutar de una pensión de jubilación. Estas personas fueron solidarias con sus contribuciones a la Seguridad Social, que permitían pagar las pensiones de sus mayores, y, ahora, cobran su pensión en función del derecho devengado durante aquellos años, gracias a la solidaridad que hoy ejercen con ellos las personas que actualmente se encuentran en activo, como las generaciones futuras lo harán con los trabajadores de hoy en día.
Por tanto, no es que sea un tema sensible, sino que nadie quiere que las pensiones se acaben o se reduzcan, sino todo lo contrario: lo que toda la sociedad quiere, que incluye a todos los políticos, es que las pensiones se fortalezcan, sean mayores y se encuentren garantizadas.
Ahora bien, para ello hay que tomar buenas decisiones, que permitan su viabilidad, y evitar las imprudencias que acrecientan la sostenibilidad del sistema. Pues bien, con las medidas del Gobierno no se puede decir que sean un avance en el intento de lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que lo que hace es poner en riesgo el sistema de pensiones, volando la sostenibilidad de las mismas.
Lo que no se puede hacer es seguir negando la evidencia. Es un tema que hay que abordar técnicamente, para garantizar el sistema y el derecho de los pensionistas, no para hacer política ni mucho menos para poner en riesgo las pensiones actuales y futuras por negarse a aplicar las reformas necesarias que mantengan en pie el sistema. No es una cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo, con menos activos que los sostengan.
La ausencia de más rigor técnico y la prevalencia de los postulados políticos por parte del Gobierno son una mala noticia para los pensionistas, porque en lugar de ahuyentar los riesgos del sistema, los incrementa, con la consiguiente aceleración del potencial colapso, abonando el campo para que la Seguridad Social camine hacia una suerte de deuda perpetua, creciente, que en los actuales niveles de deuda pública será insostenible, además de resultar nada ortodoxo el nutrir a la Seguridad Social en su parte contributiva, de ingresos que no procedan de las cotizaciones. Si se avanza por ese camino, se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema; dentro de un tiempo, los pensionistas tendrán todos una pensión muy baja, que se parecerá más a una pensión asistencial que a una contributiva, por haber tenido que sufrir recortes futuros por no hacer reformas presentes, y eso sí que será un gran engaño para todos los pensionistas.
En el denominado primer bloque de la “reforma Escrivá” de las pensiones se han tomado unas medidas que empantanan la solución de la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones:
- eliminar el factor de equidad intergeneracional (FEI) de las pensiones, que introducía la esperanza de vida en el cálculo de las mismas, y que permitía ajustarlas dentro del ciclo vital de una persona, con un componente importante de solidaridad intergeneracional y, sobre todo, de la propia viabilidad del sistema, quedando en un simple incremento de las cotizaciones del engendro del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)
- se recupera la indexación con el IPC, que puede provocar fuertes incrementos en épocas de elevada inflación -como la que vivimos ahora- y fuertes desequilibrios presupuestarios, que aún hacen más negativas las cuentas y la propia sostenibilidad del sistema de pensiones, con un incremento de 30.000 millones más en el coste de las pensiones (según estimaciones de FEDEA y del Banco de España)
- introduce un elemento muy peligroso, como es aplicar una cobertura de 22.000 millones de euros al año a la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de manera que se cambia el problema de lugar, pero no se hace nada por resolverlo. Sólo servirá para enquistarlo e ir agrandando el deficitario sistema, aunque se camufle bajo el saldo presupuestario de la Administración General del Estado en lugar de en la Seguridad Social.
