España lidera la clasificación europea de absentismo por incapacidad temporal, con un 6,5% de la población ocupada, muy por delante de países como Francia, Italia y Alemania
«No hay nada más visible que la ausencia». En España, y en esto tiene razón el Gobierno, nunca ha habido como ahora más personas empleadas, es decir, con trabajo. En total, 22,46 millones, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Al mismo tiempo, alrededor de 1,5 millones de personas se ausentan todos los días de su puesto de trabajo, algo más de un 6,5% del total de ocupados, porcentaje que sube al 7,5% si solo se tienen en cuenta los empleados por cuenta ajena.
La mayor parte de los ausentes, 1,2 millones cada día, lo son con baja médica, mientras que otros 300.000 faltan al trabajo sin justificación. La situación es recurrente, ya que los datos se repiten a lo largo de todos los trimestres de 2025, con variaciones mínimas. En definitiva, un mercado laboral peculiar, en un país de enfermos y ausentes.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que todavía preside Cristina Herrero a punto de expirar su mandato, acaba de publicar otro de sus informes sobre «spending review», es decir, «revisión del gasto». El objetivo es analizar cómo gasta el sector público, en este caso centrado en la «incapacidad temporal, ayuda oficial al desarrollo e Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Lo más llamativo es que los expertos de la AIReF han detectado que entre 2017 y 2024 el número de bajas laborales ha aumentado en un 60% y, además, su duración ha crecido un 15%. Todo eso ha provocado que el gasto público por esos conceptos se haya triplicado en los últimos diez años.
En 2024, último ejercicio completo del que hay cifras, la Seguridad Social pagó por bajas médicas unos 16.500 millones de euros. A esa cantidad habría que añadir la desembolsada por las empresas para complementar la prestación pública hasta el 100% del salario, algo que está recogido en la gran mayoría de los convenios colectivos.
En definitiva, el gasto en bajas médicas ya es el segundo mayor que afronta la Seguridad Social, solo superado, por supuesto, por las pensiones. El asunto de las bajas laborales sin justificación está menos analizado, pero los datos globales están ahí, aunque se desconozca su coste total para las empresas y para la productividad.
Las explicaciones para el aumento espectacular de las bajas por incapacidad laboral son múltiples y variadas. La AIReF indica que existe una «deficiencia estructural», ya que hay una separación entre quien da las bajas, los médicos, dependientes de las Comunidades Autónomas, y quien las financia, la Seguridad Social.
Las dificultades, muy frecuentes, de interlocución entre las distintas administraciones lo complica todo más. Por otra parte, la AIReF también llama la atención al hecho de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no supervisa las bajas de menos de 365 días.
Para la AIReF es una «dejación de funciones», mientras que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, esgrimen la sobrecarga que soporta el INSS y también la saturación del sistema sanitario público.
El absentismo laboral, tanto el que se debe a bajas médicas como el no justificado, no es un fenómeno solo español, aunque es en España en donde ha cobrado más importancia en los últimos años.
Los datos de Eurostat –el INE de la Unión Europea (UE)– lo explican: en la UE la media por incapacidad temporal está en el 4,7% de la población ocupada, casi dos puntos menos que España, que figura en primera posición de esta clasificación, con el 6,5%.
Detrás están Francia, con un 5,5%, Países Bajos, 4,3%, seguidos de Italia y Alemania, con un 4,2%. También destaca que España es el país en el que más ha crecido y con mayor rapidez ese tipo de situaciones. En definitiva, un cierto «paraíso» del absentismo, algo que también es muy obvio porque no hay nada más visible que la ausencia,



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El Gobierno no propone soluciones a un problema de absentismo que ha disparado el gasto público un 200% desde 2014 | Macroeconomía