En riesgo la viabilidad de un sistema que lleva sin remontar desde la Gran Recesión
Un gasto en pensiones insostenible
El gasto en pensiones sigue aumentando de manera constante. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en septiembre de 2024 el gasto en pensiones ascendió a más de 12.800 millones de euros. A este ritmo, se espera que el gasto en pensiones represente el 16,6% del PIB español en los próximos años. La presión sobre las arcas públicas será abismal.
Este incremento en el gasto se debe, en gran medida, a la jubilación de la generación del baby boom, personas nacidas entre finales de los años 50 y finales de los 70, que ya están comenzando a retirarse. Esta generación no solo es más numerosa que las anteriores, sino que sus pensiones también son más elevadas debido a sus salarios y cotizaciones más altos. A esto se suma la revalorización de las pensiones, que sigue el índice de precios al consumo (IPC), lo que incrementa aún más los desembolsos del sistema.
La Seguridad Social sigue presentando un déficit significativo que agrava aún más la situación. A pesar de las reformas implementadas, los ingresos del sistema no logran igualar los gastos. Esta situación deficitaria se ha convertido en un problema estructural que lleva años sin resolverse.
En este contexto, el Fondo de Reserva actúa como un colchón temporal. No obstante, su capacidad es limitada. Y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como hucha de las pensiones, se encuentra al borde de su capacidad. A pesar de que el Gobierno espera que este fondo cierre el año con 9.300 millones de euros esta cifra no es suficiente para cubrir siquiera el 75% del gasto mensual en pensiones, que ya supera los 12.800 millones de euros. La situación es crítica y genera una gran incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
La hucha de las pensiones fue concebida como un mecanismo de ahorro para asegurar el futuro del sistema de pensiones en tiempos de bonanza económica. Alcanzó su punto más alto en 2011, durante el último año del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando acumulaba 66.815 millones de euros. Sin embargo, la Gran Recesión, los recortes y la disminución de las aportaciones debilitaron este fondo de manera drástica. Para 2019, los ahorros de la hucha apenas superaban los 2.000 millones de euros, dejando al sistema en una situación extremadamente vulnerable.
Desde entonces, el Gobierno ha tomado medidas para intentar reforzar el fondo. Una de las más destacadas es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se introdujo en 2022. Este mecanismo establece una aportación adicional de los trabajadores con el objetivo de incrementar los ahorros del Fondo de Reserva. A pesar de estos esfuerzos, los desafíos continúan.
El Gobierno ha fijado su atención en el año 2032 como un punto crítico para la sostenibilidad del sistema. En esa fecha, el volumen de jubilados será significativamente mayor. Y los desembolsos para las pensiones alcanzarán cifras récord. Ante esta situación, el Fondo de Reserva se presenta como una herramienta esencial para reducir la presión sobre la Seguridad Social. Sin embargo, los recursos actuales parecen insuficientes para hacer frente a este reto.
A pesar de la reciente inyección de dinero gracias al MEI, que ha permitido incrementar la hucha de las pensiones, el fondo sigue muy lejos de alcanzar los niveles necesarios para garantizar la estabilidad a largo plazo. Con los 9.300 millones de euros previstos para el cierre de 2024, apenas se podría cubrir un mes de pagos de pensiones en el futuro.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional ha sido presentado por el Gobierno como una medida clave para asegurar el futuro de las pensiones. Sin embargo, su impacto real está en cuestión. Aunque ha permitido que la hucha de las pensiones recupere algo de terreno perdido, los expertos señalan que su contribución es insuficiente para abordar los desafíos que se avecinan. Se necesitarán medidas adicionales que refuercen los ingresos del sistema, bien sea a través de un aumento de las cotizaciones o de una reforma estructural más profunda.
La cuestión de cómo financiar las pensiones a largo plazo se convierte en una de las grandes incógnitas que deberá afrontar la próxima década. Mientras tanto, la hucha de las pensiones sigue siendo un símbolo de la fragilidad del sistema, una reserva que, aunque ha crecido ligeramente, sigue sin ofrecer garantías suficientes de cara al futuro.
Es evidente que, pese a los intentos de recabar ingresos extraordinarios, la Seguridad Social sigue sumida en un déficit estructural que amenaza con empeorar a medida que nos acercamos a 2032, cuando el grueso de la generación del Baby Boom comience a retirarse. Frente a este panorama, el Gobierno se ha propuesto que la “hucha de las pensiones” sea un colchón para afrontar esa tensión. Sin embargo, una cosa es la intención y otra la realidad.
Hacia un Pacto de Estado para las pensiones: la urgencia de un compromiso real
Es más que evidente que el Pacto de Toledo, pese a su importancia histórica, ha mostrado sus límites y se hace urgente un nuevo acuerdo de Estado. Este Pacto de Estado debería estar, a diferencia del de Toledo, blindado contra las fluctuaciones políticas. No puede ser que cada gobierno, independientemente de su color, reinterprete las recomendaciones del pacto en función de su programa electoral. Las pensiones no pueden ser un instrumento de campaña política y lo son siempre. En lugar de eso, deben ser un pilar básico de la estabilidad social y económica de este país, protegido de vaivenes ideológicos. Y para ello, el nuevo pacto debe ser más vinculante y ambicioso.
El principal desafío es el aumento de los gastos. A medida que la población envejece y el número de jubilados se multiplica, se torna insostenible un sistema en el que el gasto supera sistemáticamente los ingresos. La generación del Baby Boom no solo será más numerosa, sino que también recibirá pensiones más altas debido a su mayor nivel de cotizaciones durante su vida laboral. Esto evidencia que la solución no puede limitarse a aumentar las cotizaciones sociales o a engordar artificialmente el Fondo de Reserva. La clave pasa por una reforma estructural del sistema que contemple medidas a largo plazo.
En primer lugar, hay que abordar la necesidad de diversificar las fuentes de financiación. No podemos seguir confiando únicamente en las cotizaciones de los trabajadores actuales para sostener el sistema. Se estima, además, que la digitalización y la automatización están transformando el mercado laboral y su precarización afectará gravemente a las cotizaciones futuras. Un pacto de Estado debe explorar nuevas fórmulas de ingresos y lo primero en lo que se piensa siempre es en la creación de impuestos específicos para garantizar la viabilidad del sistema, gravando los beneficios de, por ejemplo, las grandes empresas.
Pero, un pacto de Estado por las pensiones puede explorar diversas fórmulas de ingresos que no dependan directamente de la subida de impuestos. Alguna idea podría ser el fomento de la natalidad, pera incrementar la base de cotizantes, y políticas de inmigración que atraiga a trabajadores cualificados y con contratos estables, algo que podría aportar también nuevos cotizantes al sistema.
Otra fórmula de ingresos podría ser la implementación de políticas para incrementar la productividad del empleo. Por razones obvias, si los trabajadores son más productivos y están mejor remunerados, las cotizaciones sociales aumentarán sin necesidad de elevar las tasas impositivas. Una última idea sería reorientar el gasto público y hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado. Esto, que puede liberar fondos que podrían destinarse a las pensiones, incluiría la reducción del gasto en áreas menos prioritarias o ineficientes, como las subvenciones innecesarias o duplicidades administrativas. Un enfoque más estricto contra el fraude laboral también permitiría aumentar las cotizaciones.
Por otro lado, también es necesario introducir mayor flexibilidad en el sistema. No todas las personas tienen las mismas necesidades ni posibilidades. El nuevo pacto debería abrir la puerta a formas de jubilación parcial o anticipada para aquellos que deseen seguir aportando al sistema, pero de manera menos intensiva. El envejecimiento activo no solo beneficia al individuo, sino también al conjunto de la sociedad, ya que reduce la presión sobre el sistema.
No se trata solo de garantizar que los jubilados actuales reciban sus pensiones con dignidad, sino de que los futuros jubilados puedan tener una jubilación asegurada. Un nuevo pacto de Estado, amplio y consensuado, debe mirar más allá de 2032 y establecer las bases para un sistema de pensiones sólido y sostenible.
Si no actuamos ahora, los retos futuros se convertirán en una crisis inminente. Blindar el sistema de pensiones es blindar el bienestar de millones de personas. El Pacto de Toledo fue un buen inicio, pero ha llegado el momento de superarlo con un compromiso que esté a la altura de los tiempos.
