La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado la existencia de un mercado negro en las citas previas para la Administración y ha instado al Gobierno a tomar medidas ante un problema que dificulta el acceso de ciudadanos vulnerables a trámites tan importantes como los de extranjería, prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social.
UGT ha informado de que «redes organizadas y especuladores están utilizando bots y sistemas automatizados para bloquear masivamente las citas disponibles» para luego venderlas a personas que necesitan hacer trámites con urgencias y que «se ven obligadas a pagar por un derecho que debería ser gratuito».
Según UGT, la situación afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, de entre los cuales destaca a «personas que necesitan realizar trámites de extranjería, solicitar prestaciones por desempleo o gestionar documentos en la Seguridad Social».
El sindicato acusa al Ejecutivo de no tomar medidas contra lo que considera «una situación de colapso de los sistemas» que «distorsiona el principio de igualdad y dificulta la vida de miles de ciudadanas, creando una barrera a unos derechos básicos».
Por eso, exige al Gobierno la realización de una auditoría para conocer con exactitud el alcance de este mercado negro y saber qué administraciones u organismos están afectados, así como para comprender cómo se producen estos fallos de seguridad y el impacto total que están teniendo.
De igual forma, UGT insta a realizar una reforma integral de los servicios de petición de cita previa para asegurar que solo personas físicas puedan pedir estas citas, «incluyendo la adopción de medidas de seguridad más robustas, como CAPTCHA avanzado o sistemas de verificación por SMS».
Además, y hasta que la reforma se apruebe y ejecute, UGT también exige «que la cita previa se realice en las propias sedes de las diferentes administraciones afectadas y exista un cupo de atenciones diarias sin cita previa con el afán de evitar que se produzcan vulneraciones de derechos esenciales de la ciudadanía».
El problema: un sistema secuestrado por la especulación
UGT ha constatado que redes organizadas y especuladores están utilizando bots y sistemas automatizados para bloquear masivamente las citas disponibles en plataformas de servicios públicos. Posteriormente, estas citas son vendidas a personas que, por necesidad o urgencia, se ven obligadas a pagar por un derecho que debería ser gratuito. Esta situación afecta especialmente a colectivos vulnerables y a personas que necesitan realizar trámites de extranjería, solicitar prestaciones por desempleo o gestionar documentos en la Seguridad Social, entre otras.
Es inaceptable que la ciudadanía tenga que pagar para acceder a un servicio público. La administración, conocedora de esta situación de colapso de los sistemas y de no acceso a este derecho básico en todo el territorio nacional, debe tomar medidas urgentes para que este Estado del Bienestar construido por medio de los Servicios Públicos siga siendo el pilar básico de justicia social. En este sentido, el sindicato subraya que este mercado negro distorsiona el principio de igualdad y dificulta la vida de miles de ciudadanas, creando una barrera a unos derechos básicos y, a la postre, un sentimiento de desafección hacia el sistema.
Exigencia de soluciones tecnológicas y de gestión
Ante esta grave situación, la UGT insta al Gobierno a realizar una auditoría sobre qué organismos o administraciones públicas se están viendo afectadas por estas brechas de seguridad, cómo se producen estos fallos de seguridad y la magnitud e impacto total que están teniendo. Además, exigimos una reforma integral de los sistemas de solicitud de cita previa, incluyendo la adopción de medidas de seguridad más robustas, como CAPTCHA avanzado o sistemas de verificación por SMS, para asegurar que las citas sean solicitadas únicamente por personas físicas. Hasta que estos nuevos sistemas se puedan implementar, exigimos de manera inmediata que la cita previa se realice en las propias sedes de las diferentes administraciones afectadas y exista un cupo de atenciones diarias sin cita previa con el afán de evitar que se produzcan vulneraciones de derechos esenciales de la ciudadanía.
