El IMV llega con las comunidades rebeladas por el agravio con el País Vasco

Andalucía, Valencia, Castilla León y Castilla-La Mancha alertan de duplicidades, de la falta de información y exigen modelos de cogestión que respeten una competencia autonómica

Hace un mes, la consejera de Igualdad de Andalucía, Rocío Ruiz (Cs), mantuvo una videoconferencia con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Era la segunda reunión bilateral para abordar la renta mínima. Días después, la consejería andaluza recibió por ‘mail’ un documento, en Power Point, donde “de manera muy genérica” se contaba en qué iba a consistir el decreto ley que este viernes aprobará el Consejo de Ministros y que coordina también la vicepresidencia de Pablo Iglesias.

Desde entonces, Andalucía, como la mayoría de comunidades, asegura que no ha recibido más información. Algo que sorprende al ministerio, desde donde destacan “el clima de colaboración” que ha existido durante toda la elaboración del borrador. El Gobierno andaluz, por ejemplo, asegura que se enteró por los medios de la cesión de esta competencia íntegra al País Vasco. No sabe qué papel jugarán los ayuntamientos ni cuál corresponde a la Junta de Andalucía, que ya tiene en marcha una renta mínima, como muchas otras comunidades, que ha reforzado en la pandemia y que heredó del anterior Ejecutivo socialista, con un colapso importante en cuanto a las prestaciones solicitadas y atendidas.

El presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), aprovechó la última reunión de presidentes para insistir en un mensaje que llevaba deslizando desde que el Gobierno anunció una renta mínima sin contar con las comunidades. El pasado domingo, Moreno insistió en que se trata de una competencia exclusiva de las comunidades y hay “bastante jurisprudencia” al respecto. En ese momento, el Gobierno de la nación había anunciado que delegaría la gestión de esta renta a los ayuntamientos, que tampoco tienen información precisa al respecto.

Las comunidades piden la gestión

A un día de que se apruebe en Consejo de Ministros, Moreno, como otros presidentes autonómicos, insistió en que el Gobierno tiene que hablar con las comunidades y los ayuntamientos, y calificó de “sorprendente” que se apruebe una renta cuya competencias está en manos de los gobiernos autonómicos sin que estos tengan “ninguna información” al respecto.

Días atrás, el Gobierno, tras pactar con el PNV la cesión de la gestión de la renta mínima a País Vasco y Navarra, rectificó su anuncio inicial y aseguró que sí contaría con las comunidades. No se sabe aún con exactitud qué papel desempeñarán. Desde el Ministerio de Seguridad Social, insisten en que los gobiernos autonómicos podrán complementar la renta mínima con sus propias prestaciones. Aseguran que la renta estatal no invalidará las autonómicas pero, con la ley en la mano, en el caso andaluz, por ejemplo, es imposible que quien reciba la prestación del Gobierno de la nación pueda optar a la ayuda andaluza. Serían incompatibles.

Andalucía, como la mayoría de las autonomías, debería rehacer su norma y renunciar a la competencia que ostenta tal y como la ejerce. Fuentes del Gobierno andaluz también apuntan a que estarían dispuestos a gestionar directamente esos recursos siempre que fueran sufragados por el Estado, pero no con el modelo de la dependencia, que finalmente recae en las autonomías en un 80%.

El acuerdo suscrito para que País Vasco y Navarra asuman la gestión de la nueva renta de ingreso mínimo vital (IMV) no ha gustado nada a los socios de Ximo Puig en la Generalitat valenciana. La vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, lideresa de Compromís, lanzó este jueves un comunicado oficial de la Administración autonómica reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez fórmulas de “cogestión” en una prestación muy similar a la que comenzó a desplegar en 2018, aquí denominada renta valenciana de inclusión.

Evitar solapamientos

Oltra, responsable del área social del Consell valenciano, había reclamado hace semanas participación de las autonomías en la gestión del IMV. Los socialistas de Puig han guardado silencio para no abrir otro frente al Ejecutivo de PSOE y Podemos, pero en privado coinciden en que tendría más sentido que fuera la autonomía la que gestionase esos nuevos recursos, por tener la experiencia adquirida y porque podrían cubrir y complementar la ayuda regional y mejorar la eficiencia en la distribución de fondos evitando solapamientos.

Llueve sobre mojado en la relación de la Comunidad Valenciana con Moncloa tras las tensiones ya encauzadas sobre el cambio de fase en las medidas de confinamiento y por la diferencia a la hora de fijar los criterios del fondo no reembolsable de 16.000 millones para las autonomías. La falta de acuerdo sobre esto llevó al diputado de Compromís, Joan Baldoví, a distanciarse del bloque de respaldo en el Congreso al estado de alarma y votar en contra el pasado 20 de mayo. Este jueves, Baldoví volvía a mostrar su disconformidad al reclamar un acuerdo similar al pactado con el PNV en la comparecencia del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión de reconstrucción económica. “¿Por qué País Vasco y Navarra sí y nosotros no?”, preguntaba a Iglesias.

La vicepresidenta valenciana ha remitido dos cartas formales al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para proponer una serie de “mejoras” al borrador del real decreto, recibido el miércoles por la tarde. “Que una desafortunada ejecución no dé al traste con una buena idea”, señalaba Oltra.

Un convenio

Una vez descartada por el ministerio la fórmula de que el IMV se gestione como la dependencia (el Gobierno central transfiere los fondos y las comunidades lo gestionan en función de unos mínimos marcados por la Administración General del Estado), la responsable de la Conselleria de Políticas Inclusivas apuesta por la suscripción de un convenio entre la Comunidad Valenciana y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la gestión unificada del IMV y de la renta valenciana de inclusión, “de manera que ambas prestaciones se tramiten de manera paralela y adaptadas a la circunstancia personal de cada solicitante”.

En otra comunicación formal y por escrito con el ministro, remitida el miércoles tras recibir el borrador del real decreto, la vicepresidenta ha aportado una serie de mejoras al texto legal que eviten posibles duplicidades en la percepción de las prestaciones o en lo relativo a la conformidad para la cesión de datos entre administraciones, señala la nota difundida por la Generalitat. “La propuesta del ministerio es que los efectos económicos de la prestación se apliquen a 1 de junio de 2020”. Sin embargo, según ha advertido la vicepresidenta al ministro, la aplicación conforme está prevista generará que aquellas personas que sean beneficiarias de las rentas de ingresos mínimos de las comunidades “perciban dobles prestaciones en los meses que se retrotraiga”.

El objetivo, indica la Administración valenciana, es evitar que un mismo valenciano o valenciana cobre el importe de la prestación estatal y autonómica a la vez un mismo mes, con los perjuicios que supondría luego para la persona usuaria tener que devolver las cuantías que cobró de forma indebida.

“Ahonda en la desigualdad”

Hay peticiones en ese mismo sentido desde gobiernos de PSOE y del PP y Cs. Desde Castilla-La Mancha, su vicepresidente, José Luis Martínez, también aseguró que “no se entendería” que hubiera diferencias entre las comunidades en cuanto a la gestión de este ingreso mínimo. Esta comunidad también está dispuesta a asumir esa prestación y en las reuniones con el ministerio defendió un modelo similar al de las pensiones no contributivas. Desde Castilla y León, el vicepresidente, Francisco Igea, también advirtió de que este modelo “ahonda en las desigualdades entre comunidades autónomas”.

Todas las autonomías cuentan con una ayuda de estas características. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), que antes presidía el ministro de Seguridad Social, elaboró un exhaustivo informe que analizaba los distintos programas de garantías de ingresos de las autonomías españolas. Entre sus recomendaciones, figuraba “simplificar el sistema evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones”. Sobre el papel de los ayuntamientos, fuentes del ministerio aseguran que serán los servicios sociales municipales los que hagan de “mediador” con los ciudadanos para solicitar la renta, pero no se aclara si habrá una partida presupuestaria para reforzar esos servicios que ya están colapsados.

Fuente: El Confidencial

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