Aunque desde el Gobierno insisten en que, a diferencia de lo que sucedió tras el rescate financiero de 2012, en esta ocasión no habrá ‘hombres de negro’ que vigilen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, lo cierto es que las autoridades comunitarias van a ejercer un control estricto sobre los hitos y objetivos pactados a la hora de desembolsar los fondos.
El Gobierno oculta los tres análisis previos que exigió Bruselas respecto a algunos de los puntos más espinosos en materia laboral y de pensiones, y que remitió a las autoridades europeas el pasado mes de octubre, tal y como consta en el acuerdo operativo dado a conocer en noviembre
Se trata de tres análisis ex-ante sobre los cambios previstos en la negociación colectiva, el mecanismo RED (los nuevos ERTE) y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones. La Comisión reclamó al Gobierno español que le remitiera información adicional sobre estas tres reformas y, según consta en el denominado ‘Operational Arrangement’ (OA), el Gobierno los remitió vía email el pasado mes de octubre al menos con las dos que tienen que ver con la reforma laboral aún en fase de negociación entre los agentes sociales y el propio Gobierno.
Concretamente, en el OA consta que el Gobierno español remitió a Bruselas, vía email, antes de finales de octubre de 2021, una evaluación ex-ante de las “deficiencias de la legislación actual sobre negociación colectiva e identificación de opciones para abordarlas y sobre el mecanismo de financiación del fondo tripartito con el que se pretende costear el nuevo mecanismo RED de flexibilidad interna en las empresas, “asegurando la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo” e incluyendo en la evaluación “diferentes opciones y escenarios
En el caso de los futuros ERTE permanentes, Bruselas no tiene intención de avalarlos mientras el Gobierno no le demuestre que no se traducirán en mayor déficit público.
Sobre los cambios previstos en el esquema de negociación colectiva, donde el Gobierno pretende recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y reinstaurar la ultraactividad, así como revertir la posibilidad de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por parte del empresario, la CE exige garantías sobre el mantenimiento del equilibrio entre la necesaria flexibilidad de las empresas y la seguridad de los trabajadores
También en el OA figura como requisito en la reforma de las pensiones que el Gobierno tenía que trasladar a la Comisión Europea otro informe adicional sobre el impacto del ‘Mecanismo de Equidad Intergeneracional’ (MEI) y sus efectos. En concreto, se pedía que probase que, tras la sustitución del Factor de Sostenibilidad por esta nueva herramienta, la equidad intergeneracional está “garantizada”.
En lo concerniente al MEI la Comisión exige al Gobierno que acredite en un informe de qué modo ese mecanismo va a garantizar la equidad intergeneracional y también de qué forma se adaptará a la presión de la demografía sin reventar las costuras del marco presupuestario.
Estos informes ya obran en poder de las autoridades comunitarias, pero no son accesibles en contra de los principios y usos sobre la Transparencia tan manoseados por el propio Gobierno.
