La Seguridad Social cerró 2020, el primer año de la pandemia, con un déficit récord de 20.000 millones de euros a pesar de que fue rescatada por el Gobierno con 30.0000 millones de euros porque las cotizaciones sociales no dan desde hace tiempo para pagar las pensiones. Los ingresos ascendieron a 152.044 millones de euros y los gastos a 171.883.
Tras las reiteradas rectificaciones de los Reales Decretos Ley durante la pandemia y tras las diversas mentiras y desmentidos (¡“una simple errata”!) sobre la eliminación de las deducciones en las declaraciones del IRPF conjuntas incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, se suma ahora una propuesta de reforma de las pensiones que estaría defendiendo una cosa y la contraria.
La contradicción se puede observar en el Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido el pasado viernes a Bruselas, un papel que la UE mirará con lupa de cara al rescate europeo -vía fondos de recuperación- que recibirá España en los próximos años si cumple con una estricta «condicionalidad».
ENLACE AL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2021-2024
En el artículo 4.3. Estrategia fiscal 2021-2024 (pg. 64 y 65) se indica textualmente:
«A partir de 2022 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios».
Pero posteriormente en el art. 6.1. Proyecciones presupuestarias a largo plazo (pg. 111 a 116) el Gobierno hace la siguiente matización en el Programa de Estabilidad:
«El gasto en pensiones se ha proyectado estimando el efecto del despliegue completo de la reforma paramétrica de las pensiones de 2011 hasta el año 2027 y aplicando el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) desde el año 2022 y el factor de sostenibilidad desde 2023 . Para cumplir con el principio de legislación constante que deben aplicar todos los Estados miembros son necesarios estos supuestos, aunque se da la paradoja de que difieren del curso de acción acordado recientemente en el marco del diálogo social, siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo, de asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, derogando el IRP».
Y en la página 115 el Gobierno explica así en qué basa su proyección de gasto de las pensiones:
«El efecto demográfico que presiona el gasto al alza se concentrará en las tres próximas décadas y es consecuencia de la jubilación de las cohortes de trabajadores del baby boom y del incremento de la tasa de dependencia. Con efecto opuesto, se proyecta una caída de la tasa de sustitución desde el 60% en 2019 hasta el entorno del 30% en 2070. Esta caída paliaría el efecto demográfico hasta 2050 y lo compensaría en las dos últimas décadas, con la caída del gasto en pensiones sobre el PIB apuntada. La caída de la tasa de sustitución es el resultado, entre otros factores, del efecto del IRP (que se estima se mantenga en el suelo del 0,25% durante todo el horizonte de proyección), del factor de sostenibilidad y del incremento del número de pensionistas cuya pensión se proyecta que quede topada por el nivel de la pensión máxima».
Hay que recordar que el IRP (Índice de Revalorización anual de las Pensiones) fue un instrumento establecido en la Ley 23/2013 e ideado como «sustituto» de la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC).
Es decir, que el Gobierno parte de la base de que la reforma de las pensiones de 2013 del PP seguirá en vigor «durante todo el horizonte de proyección, es decir, que las pensiones se actualizarían únicamente un 0,25% en el futuro.
Según los cálculos del Gobierno, gracias a la reforma del PP, se conseguiría reducir el gasto en pensiones del 24,5% del PIB que alcanzaría en 2050 al 21,9% en 2070. Este índice de revalorización que sube las pensiones solo un 0,25% ya no se está aplicando en la actualidad por lo que la proyección de gasto que se envía a Bruselas ya es un simple papel mojado.
¡VEREMOS QUE OPINAN EN BRUSELAS SOBRE ESTAS “ERRATAS” E INCOHERENCIAS,
PERO EL GOBIERNO SE ESTÁ JUGANDO EL ACCESO A LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN!
