Hacienda se resiste a agilizar una revisión que obligaría a asumir en la Administración del Estado un boquete de 100.000 millones de deuda en préstamos ahora asignado al Seguro.
Desde su fundación y hasta el primer Pacto de Toledo, «la Seguridad Social había estado pagando el déficit de la sanidad y de los servicios sociales, además de las prestaciones contributivas». Eso se fue corrigiendo poco a poco a partir de entonces, ya que, mientras el gasto sanitario y el de los servicios sociales pasaba a financiarse con impuestos en 1999, otros capítulos como la cobertura de los complementos de mínimos de las pensiones siguieron recibiendo hasta 2013 fondos de las cotizaciones sociales, con las que, pese al cuarto de siglo de separación de fuentes de financiación teórico, se continúan cubriendo los subsidios de desempleo no contributivos y otros avances sociales como los permisos de maternidad y de paternidad.
Falta por hacer un relato histórico del dinero con el que la Seguridad Social ha financiado al Estado y en la práctica, los préstamos de la Seguridad Social al Estado eran subvenciones. Lo que era una reivindicación es hoy una obligación legal del Gobierno, un compromiso que desgraciadamente no ha cumplido
El Ejecutivo ya ha incumplido el mandato que le imponía la disposición adicional sexta de la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, que a final de diciembre le concedía «el plazo máximo de un mes» para encargar una auditoría sobre «los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social» entre 1967 y 2019, incluidas las bonificaciones y exenciones que recoge la LGSS para entregarla «en un plazo máximo de seis meses» a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.
Fuentes del Ministerio de Inclusión admitieron que, cuando ya casi han transcurrido dos meses desde la finalización de esos plazos, el encargo sigue sin haberse hecho y no hay un plazo concreto para poder disponer del documento. Al parecer las resistencias a desencallar la Auditoría es el área económica del Gobierno, principalmente en el ministerio de Hacienda, ya que las previsibles conclusiones de ese trabajo tendrían un impacto considerable en la estructura de la deuda pública española, aunque sin modificar su cuantía.
La génesis de la auditoría tiene cuatro puntos de referencia que comienzan, cronológicamente, por el Pacto de Toledo original, que en 1995 estableció el «principio de separación de fuentes de financiación» con el que se iniciaba el camino para que la Seguridad Social asumiera las prestaciones contributivas y el Estado el resto, un proceso que está acabándose de cerrar ahora. Siguieron con el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que hace dos años estimó, a la baja al no disponer de toda la documentación que requería para poder afinar, en 103.690 la financiación que la Seguridad Social había aportado al resto de administraciones entre 1967 y 2018 para cubrir conceptos no contributivos.
Esos 103.690 millones de euros, calculados sin unos intereses que deben calcularse con varias décadas de aplicación, resultan netamente superiores a los 41.194 millones en los que en aquella fecha se cifraba la deuda de la Seguridad Social según los datos del Banco de España y, también, a los 99.184 de la última actualización con registros del mes de julio de 2022. Y, de la misma manera, rebasan con creces los 88.995 que suman los pasivos financieros (préstamos) que la Seguridad Social, según su propio estudio financiero, ha asumido en los últimos seis años, procedentes principalmente (en torno a 60.000) de la Administración central.
Las resistencias de Hacienda se basan en una de las consecuencias de su previsible resultado, el cual obligaría al Estado a saldar la deuda contable que mantiene con la Seguridad Social y a asumir, en todo caso, la deuda pública derivada de esa liquidación. Eso, millones arriba y abajo, vendría a equivaler a que el balance del Seguro quedaría limpio de débitos en vísperas de la creación de la agencia pública que va a pasar a gestionarla mientras la deuda pública de la Administración central se dispararía en hasta siete puntos para situarse en 1,45 billones
El informe del Tribunal de Cuentas, que estima en 71.862 millones de euros el gasto indebidamente asumido por la Seguridad Social en complementos por mínimos y en 31.828 el de carácter sanitario, advierte de que esos importes «son meramente estimativos» y que en realidad serían mayores, ya que no incluyen las transferencias de varias décadas ni, por ejemplo, el coste de la utilización de edificios de la Seguridad Social «para la prestación de servicios sanitarios y sociales y la transferencia de los inmuebles a las comunidades o su adscripción a las fundaciones hospital»
«Aunque normativamente se han clarificado y separado las fuentes de financiación (…) y tanto la Seguridad Social como el Estado han cumplido con lo previsto por las disposiciones legales» en ese aspecto, anota el Tribunal de Cuentas, «los dilatados periodos transitorios fijados legalmente, desde la clarificación hasta la efectiva asunción por parte del Estado de estos gastos, no fueron regulados obedeciendo a criterios de racionalidad económico-financiera».
Y esa «demora en la asunción por el Estado de sus compromisos de financiación ha causado un serio perjuicio al sistema, ya que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos contributivos (principalmente cotizaciones sociales) un importe estimado en, al menos, 103.690 millones de euros, siendo en parte responsable de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social». Su estimación se detiene en 2013.
Fuente: Público
