El Gobierno descarta aprobar el subsidio de paro en el plazo pactado con Bruselas

Ligado al cuarto pago europeo

El Ministerio de Trabajo mantiene abierta la mesa de negociación con la patronal y los sindicatos, que espera que se extienda algunas semanas más, por lo que no quedaría margen para aprobar el texto antes del 20 de mayo. 

En diciembre, el Gobierno cerró a marchas forzadas un texto para la reforma del subsidio por desempleo que respetase las pautas marcadas por Bruselas y aunase los borradores que habían elaborado los departamentos de Trabajo y Economía. Cuatro meses más tarde, después de que este real decreto-ley fuera tumbado en el Congreso de los Diputados, estas prisas parecen haberse disipado. España ha negociado con la Comisión Europea un margen de dos meses para sacar la medida adelante que llega a su fin el próximo 20 de mayo, pero fuentes del Ministerio de Trabajo rechazan que este periodo vaya a ser suficiente para aprobarla, porque implicaría concluir la negociación abierta con los agentes sociales y superar el trámite parlamentario.

La reforma del nivel asistencial de desempleo está ligada al cuarto pago de los fondos Next Generation dotado con 10.000 millones de euros, por lo que el incumplimiento de uno de estos hitos podría conducir a un pago parcial. De momento, el Ejecutivo no trabaja sobre este escenario, si bien las fuentes consultadas admiten que no sería grave dado que el texto que se trabaja con la patronal y los sindicatos ya contaba con la luz verde de la Comisión Europea. Otros dos países ya han recibido desembolsos fraccionados, pero hasta el momento el Gobierno ha tratado de evitar este escenario a través de la negociación que tuvo por resultado el margen adicional de dos meses, después de que el plazo ya fuese ampliado otra vez por las elecciones generales.

Prueba de ello es que España solicitó formalmente el pago el 20 de diciembre de 2023 y llevó el conjunto de normas vinculadas a su recepción a las últimas reuniones del Consejo de Ministros de ese año. No obstante, los cinco votos en contra de Podemos trastocaron los planes del Gobierno de tener todo amarrado el 20 de marzo, cuando concluían los tres meses en los que el órgano presidido por Ursula von der Leyen debía realizar el análisis de los 61 hitos y objetivos. Y también llevaron al equipo de Pedro Sánchez a descartar el real decreto-ley como vía para aprobar legislación y recurrir al formato del proyecto de ley, la figura a través de la que el Gobierno puede impulsar una iniciativa en la Cámara Baja y sobre la que los grupos pueden plantear enmiendas -propuestas de modificación-.

Este cambio implica necesariamente una extensión de los plazos. En el escenario de no tener atados todos los apoyos parlamentarios, el Gobierno tendría que negociar con los grupos clave para alcanzar una mayoría suficiente -algo que confían poder canalizar a través de los cambios que puedan incorporar los sindicatos-. Además, el texto podría ser tramitado por la vía de urgencia en el Congreso de los Diputados, ya que son las fuerzas políticas que integran el Gobierno las que controlan la Mesa, si bien en  el Senado los tiempos quedarían en manos del Partido Popular, el que en este caso podría estar dispuesto a poner menos trabas por tratarse de una materia ligada a los fondos europeos.

Antes de pasar al escenario parlamentario, es necesario que los representantes de la patronal y los sindicatos cierren un texto con la cartera de Yolanda Díaz en la mesa de negociación que se convocó en el mes de enero. Los negociadores dan por sentado que los empresarios no firmaran un acuerdo con el Ministerio y los sindicatos, pero sus portavoces siguen asistiendo a las reuniones y han enviado algunas propuestas. No obstante, quedan algunas materias por limar entre los otros dos interlocutores, por lo que las fuentes gubernamentales creen que la negociación se extenderá otras semanas más, el matiz que resulta definitivo para ajustar los tiempos antes de ese 20 de mayo marcado en el calendario.

Por el momento, el único avance alcanzado entre las partes que ha trascendido es la voluntad del Gobierno para igualar la cobertura del subsidio por desempleo para los trabajadores a tiempo parcial, un punto que también había cuestionado CEOE por los efectos negativos que implicaba en materia de género. El real decreto-ley que llegó al hemiciclo establecía que aquellos que hubieran cotizado a media jornada, algo que se reparaba en el caso de la ayuda destinada a los mayores de 52 años, de forma que el agravio se producía contra las mujeres y los desempleados más jóvenes. Trabajo se comprometió a modificarlo en la última reunión, según informaron tanto UGT como CCOO, si bien esta se produjo hace más de un mes.

Los representantes de los trabajadores también habían puesto el foco en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que determina la cuantía del subsidio y que denuncian, ha quedado totalmente desactualizado frente a las subidas del IPC. Desde CCOO abogaban por elevar la referencia, mientras que UGT propuso que este fuera reemplazado directamente por el umbral de riesgo de pobreza, el indicador que se utiliza para establecer las pensiones mínimas. Sumar había asumido de forma parcial esta tarea en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con el PSOE, en la que se había marcado el objetivo de elevarlo en un 3% (18 euros) pero la renuncia a elaborar cuentas públicas para este año también ha alterado estos planes.

Mientras que queda pendiente buscar una alternativa para el punto que motivó el voto en contra de Podemos. Los morados consideraron injusto que se recortara la cotización del subsidio para mayores de 52 años, establecido en el 125% de la base mínima en el diseño ahora en vigor, hasta el 100% de la referencia que viene dada por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno defendió que este ‘parche’ fue diseñado para reparar una renta mínima que era insuficiente, por lo que creían que carecía de sentido una vez se ha incrementado un 54% desde 2018, ya que podía operar como un desincentivo a la búsqueda de empleo. Los sindicatos plantearon alternativas, pero el Ejecutivo trabaja con la intención de hacer cambios mínimos.

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