El envejecimiento y el miedo a una reforma que acabe con las Clases Pasivas dispara los retiros y los costes.. La nómina para pagar las pensiones de los funcionarios superó los 17.127 millones en 2021. De media se retiran antes de los 62 años
El gasto destinado a pagar las pensiones de los funcionarios inscritos en el Régimen de Clases Pasivas de la Administración General del Estado sigue imparable. El temor a que los cambios afecten a su edad de retiro unido a la llegada a la jubilación de los ‘boomers’ del sector público, ha provocado un aluvión de altas en los últimos meses, que ha incrementado de forma considerable el gasto.
Esta incertidumbre generada ha hecho que en los últimos meses el ritmo de retiros entre los funcionarios se haya disparado. El desembarco en la jubilación de los funcionarios se constata en los datos facilitados por la Subdirección General de Clases Pasivas, que muestran que hasta junio de este año se han retirado 11.611 funcionarios civiles y militares, frente a 13.100 de todo 2021 y más que todos los que se jubilaron en 2020 y 2019. El gasto anual en este tipo de pensiones ascendió a 17.127 millones de euros en 2021, que muestra un desembolso trimestral en torno a los 3.600 millones, pero en el segundo y cuarto semestres del año, que es cuando se abonan las pagas extra el gasto sube hasta unos 4.600 millones al trimestre. El aumento de gasto en las pensiones de jubilación en los últimos diez años ha sido de un 76%. mientras, el gasto en pensiones contributivas de jubilación de la Seguridad Social supuso un crecimiento de un 52%.
Las facilidades que ofrece la ley para jubilarse a edades tempranas y un importante envejecimiento de la plantilla pública, que entró en la Administración mayoritariamente a mediados de los 80, explica el aumento del número de jubilados del sector público y del importe necesario para hacer efectivo el pago de sus nóminas. El envejecimiento de la plantilla pública, en la que más de un millón de efectivos -de los 2,6 millones actuales- tiene entre 50 y 59 años y en la que áreas como la Seguridad Social cuentan con trabajadores que de media tienen 56 años, está determinando este aluvión de retiros. Las administraciones perderán hasta 2025 casi 331.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década, la mayoría funcionarios del ‘baby boom’.
La Subdirección General de la Gestión de Clases Pasivas, dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, muestra que la edad media de retiro de los funcionarios se situó en 61,97 años en 202o, casi dos años y medio menos que los trabajadores vinculados a los regímenes de la Seguridad Social. Desde 2018, la edad media de jubilación entre los funcionarios ha subido solo tres meses, una evolución que previsiblemente variará poco tras el espaldarazo de los representantes de PSOE y Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo a este colectivo y su singular jubilación.
Pese a todo, las últimas estadísticas muestran un ligero descenso de los empleados públicos que deciden retirarse antes de los 65 años, que pese a todo son mayoría y suponen el 59% de las altas. Sin embargo, el pasado año las jubilaciones anticipadas entre funcionarios se dispararon y afectaron a siete cada diez jubilados de Clases Pasivas, mientras que en 2020 el porcentaje se situó en el 62,5%. La nómina de mayo de las pensiones de los funcionarios, un mes que no incluye paga extra, fue de 949 millones, que se repartieron 412.000 efectivos, casi 2.300 euros de media frente a los 1.400 euros de los asalariados del Régimen General de la Seguridad Social, un 64% más.
