Se propone una transición hacia un sistema mixto que combine reparto y capitalización para evitar un colapso de las cuentas públicas.
Durante años, el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones ha estado presente en el discurso político, pero casi siempre envuelto en eufemismos, vaguedades o promesas de intangibles garantías de futuro.
En cada ciclo electoral se repite el compromiso de que las pensiones están «blindadas», sin entrar a fondo en las cifras ni en la realidad demográfica. Pero las matemáticas tienen poco de ideología y mucho de inevitabilidad. Lo cierto es que el sistema tal y como está concebido hoy no podrá sostenerse durante mucho más tiempo.
El gasto actual en pensiones asciende ya a unos 190.000 millones de euros anuales, lo cual ya es una barbaridad”, pero va a seguir creciendo, mucho. Y eso cuestiona seriamente la sostenibilidad del sistema. Si no se reestructura el modelo, el Estado se verá desbordado.
El problema no es solo económico, sino sobre todo demográfico. España se enfrenta a un fenómeno de envejecimiento masivo y repentino que no tiene precedentes. Buena parte de ello se debe a un hecho poco citado: la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral a partir de los años noventa. “Durante la dictadura de Franco existía una orden que impedía que las mujeres trabajaran. Hasta 1995 solo había unos tres millones de mujeres activas. Pero entre 1995 y 2005 se pasó de 3 a 8,2 millones. Esas mujeres, que ahora tienen entre 50 y 60 años, se van a jubilar en bloque entre 2030 y 2040”, explicó.
Este fenómeno tendrá un impacto brutal en el sistema. Si actualmente hay unos 6,5 millones de personas jubiladas en España, en apenas una década esa cifra podría casi duplicarse y alcanzar los 12 millones. Eso que en otros países europeos se ha producido de manera progresiva a lo largo de varias décadas, nosotros lo vamos a vivir de golpe. Y el sistema de reparto, que se basa en que los trabajadores actuales financien las pensiones de los jubilados, no está preparado para absorber semejante presión.
A esto se suma el hecho de que la tasa de natalidad en España continúa en mínimos históricos y que el mercado laboral es cada vez más precario y fragmentado. El resultado es una tormenta perfecta: más pensionistas, menos cotizantes y sueldos más bajos. Aunque es justo y necesario actualizar las pensiones conforme al IPC, el verdadero problema es estructural: no es cuánto se paga, sino si se podrá seguir pagando. Esos 190.000 millones se pueden transformar fácilmente en 350.000 o incluso 400.000 millones de euros anuales. Y eso haría absolutamente inviable el modelo actual.
La solución no pasa por recortes inmediatos, sino por una transformación profunda del sistema hacia un modelo mixto que combine el reparto tradicional con fórmulas de capitalización. En otras palabras, que cada persona, además de contribuir al sistema común, pueda ir construyendo una hucha individual que complemente su pensión futura. No se trata de privatizar el sistema, sino de diversificarlo y hacerlo más resiliente.
Este tipo de propuestas suelen encontrar resistencia política y social, especialmente en un país donde las pensiones públicas son la principal fuente de ingresos para millones de hogares. Sin embargo, el inmovilismo es la peor de las opciones: Si no hacemos nada, el sistema colapsará. Y cuando eso ocurra, no habrá margen para soluciones suaves ni progresivas.
España no es el único país que se enfrenta a este dilema, pero sí uno de los que lo hará de forma más abrupta. Mientras tanto, el debate político sigue girando en torno a los síntomas en lugar de abordar la raíz del problema. Hay que dejar de mirar hacia otro lado y empezar a construir un nuevo sistema antes de que sea demasiado tarde.
En España, el gasto anual en pensiones contributivas para 2024 superó los 190.000 millones de euros (el 11,5 % del PIB), lo que supone un aumento del 7% con respecto al año anterior. Este incremento se debe al aumento de la población pensionista y a la revalorización de las pensiones según el Índice de Precios al Consumo (IPC). El gasto en pensiones de jubilación es la partida más importante dentro de las pensiones contributivas, representando el 73,1% del total.