Llega la jubilación en masa de los baby boomers, la generación más numerosa, lo que es sin duda, un fenómeno social con repercusión en lo económico, que plantea un escenario de incertidumbre tanto para los nuevos pensionistas como para los que acaban de acceder a su prestación.
Punto de partida: Escrivá ha creado un agujero de 319.565 millones de euros
Desde que llegó al Gobierno el ministro ha endeudado en 71.823 millones a la Seguridad Social
Que la Seguridad Social es un órgano quebrado es algo que el ministro Escrivá sabe y calla. Que Escrivá quiere mover su trasero de este ministerio es conocido de todos.
Si algo ha caracterizado a este ministro en estos 5 años es su incapacidad para hacer algo serio y profesional. Quien venía con el halo de ser un buen técnico en su cargo anterior de Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es que dar el salto de técnico a político no es irrelevante y que se puede cumplir el principio de Peter de llegar al máximo de su incapacidad profesional.
En estos cinco años de gestión el ministro ha demostrado su total y absoluta incapacidad. Cogió a la Seguridad Social con una deuda oficial de 34.888 millones de euros y la ha llevado, sin ayuda de nadie, a 106.172 millones de euros, lo cual significa que ha incrementado la deuda en 71.284 millones desde junio de 2018 hasta hoy.
Pero además ha tenido que transferir de julio de 2018 a las arcas de la Seguridad Social para que esta no quebrase 178.132 millones, lo cual quiere decir que este personaje, en 5 años de gestión ha necesitado 249.415 millones para evitar la quiebra del organismo pagador de las pensiones, pero además ha ido acumulando un déficit de 70.150 millones de euros.
Veamos lo dicen los números del Banco de España y de la Intervención General del Estado.
Desde junio de 2018 a diciembre de ese mismo año, la Seguridad Social emitió deuda por valor de 6.306 millones de euros y necesitó enviar, desde la Administración Central del Estado, transferencias corrientes por importe de otros 6.695 millones, con lo cual solo en 6 meses se comió 13.001 millones. Si añadimos que generó 17.310 millones de déficit oficial, el ministro recién llegado se apuntó en su debe 21.656 millones de «no gestión. Alguien podría decir, y con razón, que esto venía del anterior gestor, pero ya tuvo 6 meses para tomar medidas y empezar a corregir temas, pero en 2019 las cosas empeoraron.
En 2019 hubo que endeudarse en 13.830 millones hasta llegar a los 55.024 millones de deuda, además hubo que enviar por trasferencias 16.990 millones para generar un déficit oficial de 15.860 millones. Necesitó 30.820 millones y así y todo declaró un déficit de otros 15.860 millones, por lo tanto, 46.680 millones en negativo.
Claro que llega el 2020 y con la pandemia se ocultan todas las miserias. El organismo, para aguantar la gestión de Escrivá, se endeuda en 30.331 millones y ya llega 85.354 millones de deuda. Transfiere, para poder pagar las pensiones, otros 40.223 millones y se marca un déficit de 28.263 millones, que suman el gran año negro de Escrivá con 98.817 millones de euros en negativo.
En 2021 aumenta la deuda en 11.830 millones, para llegar a los 97.185 millones, transfiere otros 42.167 millones y presenta un déficit en las cuentas de la Seguridad Social de 11.476 millones y, aunque puede decir que mejora su gestión, esta sigue siendo negativa en 65.473 millones de euros.
En 2022, la economía entra en recuperación, tratando de volver a 2019, pero la Seguridad Social necesita emitir deuda otra vez y solicita 8.992 millones para llega a la cifra de 106.177 millones, transfiere 38.622 millones y presenta un déficit de 5.896 millones, con lo cual suma otros 53.510 millones a su incapacidad de gestionar.
En 2023, donde hemos visto que a septiembre ha ingresado 10.319 millones de más, consigue reducir la deuda en 6 millones, ha tenido que transferir en 9 meses 33.435 millones de momento equilibradas.
En definitiva, el ministro Escrivá, desde que llegó al gobierno, ha endeudado en 71.823 millones a la Seguridad Social, para que no quebrase ha tenido que enviar 178.132 en transferencias y, así y todo, lleva acumulado un déficit de gestión de 70.150 millones.
Se puede decir tranquilamente que con su gestión ha generado un agujero de 319.565 millones de euros.
La Seguridad Social necesitaría 3,78 millones de cotizantes más para no recurrir a la financiación estatal
La ratio de cotizantes por pensionista pasará del 2,24 de 2022 a 1,35 en 2050
El Gobierno actual ha apostado claramente por equilibrar el sistema público de pensiones —en números rojos desde 2011— recurriendo, por una parte, a las transferencias del Estado (casi 40.000 millones de euros serán costeados con dinero de impuestos para pagar gastos impropios de la Seguridad Social, pero también una parte del déficit); y, por otro lado, incrementando los ingresos con medidas de prolongación de la vida laboral. De esta manera, el Ejecutivo pretende que el déficit de las pensiones sea este año del 0,5% del PIB, frente al 1,6% que llegó en 2017.
Sin embargo, muchos economistas y expertos en pensiones sostienen que reducir de esta manera el déficit no muestra realmente la salud financiera de un sistema de reparto como el español, máxime en una situación de fuerte envejecimiento poblacional como la actual. Así lo explica el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, sobre las Dimensiones económicas de la longevidad, donde se asegura que “el dato más relevante para conocer la salud del sistema de pensiones de la Seguridad social (dejando fuera el subsistema de clases pasivas de los funcionarios) es el saldo contributivo”. Esto es, lo que se ingresa exclusivamente por cotizaciones sociales y lo que se gasta en pensiones contributivas.
Según este informe, el déficit del segmento exclusivamente contributivo del sistema de pensiones en 2022 habría sido del 1,98% del PIB (unos 26.300 millones frente a poco más de 7.000 contabilizados por la Seguridad Social). Este déficit contributivo puede leerse como la “deuda” por afiliado o por pensionista, indican los autores de este informe, o también se puede relacionar con la cantidad de afiliados adicionales que serían necesarios para equilibrar las cuentas del sistema, sin recurrir a las transferencias estatales. La respuesta a esta última pregunta es, según este trabajo, es que “en 2022, suponiendo que entraran con las mismas bases de cotización existentes, habrían hecho falta 3,78 millones de afiliados adicionales para conseguir el déficit contributivo cero”.
Si se tiene en cuenta que a finales del pasado año había poco más de tres millones de parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), la conclusión es que este equilibrio exigiría, además de incorporar a todos los desempleados, buscar otros 750.000 activos entre las personas de edad de trabajar que estuvieran inactivos. Esto evidencia que la solución para alcanzar el déficit cero con aumento de afiliados es prácticamente imposible de conseguir.
Pero es que, además, el fuerte envejecimiento poblacional, que incluye una incorporación masiva a la jubilación de los nacidos en el baby boom, hace que los factores demográficos exijan en 2025 una incorporación aún mayor de afiliados, de más de seis millones de trabajadores, para lograr ese citado equilibrio contributivo.
Esto ocurrirá porque, según las propias proyecciones poblacionales del INE y de la Seguridad Social, citadas por este informe, el peso de las personas activas entre 16 y 64 años caerá desde el 65% actual hasta el 57% en 2050; al tiempo que la población mayor de 64 años aumentará desde el 20% de 2022 al 30% a mediados de siglo. Esto significará, entre otras cosas, que la ratio de afiliados por pensionista se reducirá a la mitad, pasando los 2,24 trabajadores que hoy financian la pensión de un jubilado a que sean solo 1,35 ocupados los que costeen la jubilación de una sola persona.
Con todo esto, los autores del informe aseguran que su intención “no es determinar el déficit contributivo futuro de la Seguridad Social, sino aislar el efecto que puede tener la evolución de la población sobre el sistema de pensiones, utilizando como variable relevante el número da filiados adicionales que tendrían que entrar en el sistema de pensiones”. Como conclusión añaden que si la situación de partida del sistema “es preocupante” aún lo son más las proyecciones a futuro, porque salvo en 2030, según sus cálculos, todos los años “se necesitarían un número adicional de afiliados que incluso sería superior al número de parados”.
Si bien, dicho todo esto, Seguridad Social rechaza de plano toda esta tesis porque sus responsables son contrarios a esta contabilidad exclusivamente contributiva, argumentando que ha sido el propio Pacto de Toledo el que ha estipulado que los gastos impropios se financien con impuestos.
La tasa de dependencia demográfica subirá al 53,7 % en 2050
Aunque los autores ven difícil hacer proyecciones sobre lo que puede ocurrir en un sistema de pensiones inmerso en reformas, recuerdan que las proyecciones de población 2022-2072 del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que determinados factores demográficos reducirán para 2050 el peso del grupo de activos (entre 16 y 64 años), que pasará del 64,9% en 2022 al 56,5% del total de la población en 2050.
Por el contrario, el porcentaje de mayores de 64 años pasará del 20,1% en 2022 al 30,4% de la población en 2050 por las jubilaciones de los baby boomers, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, que para los individuos de 67 años pasará de 19,98 años en 2023 a 21,88 años en 2050 y a 22,60 años en 2070.
El estudio señala que la migración “tampoco podrá compensar la necesidad de cotizantes”, con un saldo migratorio esperado de 487.000 personas en 2023, que bajará hasta 250.000 en 2050 y subirá hasta 294.000 en 2070, según las mismas proyecciones del INE.
Todo esto, apunta el informe, traerá consigo una elevación de la tasa de dependencia demográfica, definida como el cociente entre las personas de más de 64 años y la población entre 16 y 64 años, que pasará del 31% en 2022 al 53,7% en 2050, con un ligero descenso a partir de ese momento.
Utilizando datos históricos de la relación entre población en edad de trabajar, población activa, afiliados y déficit sobre PIB de la Seguridad Social, el informe proyecta los afiliados adicionales necesarios para alcanzar déficit cero en el futuro, así como el porcentaje que sobre la población activa supone la diferencia entre afiliados adicionales y parados.
El escenario central, que parte de una tasa de paro del 7% y un déficit del 4%, apunta a que en 2050 serían necesarios 6,38 millones de afiliados adicionales para que no hubiera déficit contributivo. Dado que el número de parados estimados entonces sería de 1,58 millones, harían falta 4,8 millones más de afiliados adicionales, que suponen un 21,33% de la población activa. En 2070 la situación mejora ligeramente, aunque en el escenario central harían falta 5,77 millones de afiliados adicionales.
“La magnitud de estas cifras nos da idea de la dificultad para conseguir un déficit cero mediante el incremento de cotizantes. La situación de partida del sistema de pensiones es preocupante, pero las proyecciones de déficit futuro aún son peores. Excepto en 2030, se necesitaría un número adicional de afiliados que incluso sería superior al número de parados”, concluye el estudio.
