Los partidos políticos que forman el actual gobierno de coalición propusieron durante la campaña electoral la derogación de la reforma laboral de 2012. En el punto 1.3 del acuerdo de gobierno, firmado por el Partido Socialista Obrero Español y por Unidas Podemos, se reiteró la promesa de derogación de la reforma laboral.
Tras el estallido de la crisis económica y ante la difícil situación generada por la pandemia, el gobierno envió a la Unión Europea el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, en que se proponen toda una serie de medidas para acceder a los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next Generation. Una de esas medidas es la aprobación de una nueva reforma laboral. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha impulsado las negociaciones con la intención de aprobar esa nueva reforma antes de finalizar el año y así poder acceder a los Fondos de Recuperación correspondientes al 2022 y que ya se han contemplado en los PGE 2022.
La situación es delicada y urgente pues queda menos de un mes para que se cumpla el plazo límite fijado por el Gobierno para acordar con los sindicatos y los empresarios una nueva reforma laboral. Antes del 15 de noviembre los trabajos tienen que estar culminados para después poder tramitar la legislación a tiempo, tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso de los Diputados.
O así lo pretendían en Moncloa antes de la crisis sobre la competencia de por parte del propio Gobierno entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social (la vicepresidenta 2ª, Yolanda Días, “podemista” de protagonismo inusual) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (la vicepresidenta 1ª, Nadia Calviño, técnica “socialista” con profundas relaciones con Bruselas). Curiosamente ninguna de las protagonistas del enfrentamiento pertenece al partido político que “representa” en esta “farsa” con tintes electoralistas a medio plazo, aunque en puridad la ministra de Trabajo es en definitiva una sindicalista de CCOO, ni ella lo oculta.
Aunque desde Economía, Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE rechazan comentar los detalles de la situación de las negociaciones y apuntar a las posibles causas, otras fuentes señalan que la piedra en el zapato está en la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa.
Aparte de otras cuestiones relacionadas con los contratos temporales, externalización y subcontratación de tareas, el foco se las negociaciones se centra en los Convenios colectivos, asunto de importancia fundamental para los “sindicatos de clase” que forman parte de los agentes sociales implicados en las negociaciones tripartitas (Gobierno, empresarios y sindicatos). Los temas en negociación en este sentido son:
- Eliminación de la posibilidad de descuelgue de los convenios colectivosdel artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
- Recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos hasta la firma de un nuevo convenio.
- Recuperación de la prioridad aplicativa del convenio colectivo general sobre el convenio de empresa.
La reforma laboral de 2012, la de Mariano Rajoy, permitió que las empresas tuvieran la posibilidad de descolgarse respecto al convenio colectivo del sector en vigor, dando así prioridad a los convenios de empresa, que podían empeorar el sectorial dependiendo de la realidad de la compañía y sus circunstancias económicas. Este cambio fue y sigue siendo considerado por los sindicatos como uno de los elementos más perniciosos de aquella reforma laboral, y por eso, indican fuentes del diálogo social, en las mesas de negociación estaba claro que esta medida se iba a revertir. Pero en realidad la “recuperación de la prioridad aplicativa del convenio general sobre el convenio de empresa” es algo confusa pues parece entenderse que lo que se propone no es tanto volver a la aplicación del criterio de prioridad temporal sino invertir la situación actual, de modo que el convenio sectorial dejara sin espacio a los convenios de empresa, con independencia de la preexistencia de una u otra unidad de negociación.
Trabajo quiere, sobre todo, imponer la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, (y recuperar su ultraactividad). En cuanto a la ultraactividad de los convenios que fijó la reforma de 2012, el Gobierno plantea que los convenios no decaigan cuando termine su vigencia, sino que continúen un año más, mientras se renuevan. Si no se ha acordado uno nuevo al terminar ese plazo, se abre un proceso de mediación, durante el cual se sigue manteniendo el convenio.
Esta idea parece que no gusta a la parte económica del Gobierno, que se está escudando en que Bruselas no aceptará este elemento. Así intenta imponer su criterio, esgrimiendo que establecer la prevalencia de los convenios sectoriales afectará a la flexibilidad del mercado laboral y que cuando la Comisión Europea reciba el informe al respecto que está preparando Trabajo rechazará le medida.
El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener la reforma laboral aprobada antes de que termine el año, y Díaz ha repetido en múltiples ocasiones que va a cumplir con su palabra, y que rendirá cuentas personalmente si no es así. Además, no hay que olvidar que la Comisión Europea exige que el Ejecutivo pacte estas medidas con los agentes sociales, algo que no se antoja fácil. Y de eso depende el segundo paquete de fondos europeos.
Pactar y aprobar una nueva reforma laboral es, en principio, una condición para conseguir el segundo paquete de dinero, de casi 14.000 millones, del total de los 70.000 millones de la UE que España no tendrá que devolver ni pagar intereses. Pero todavía es una incógnita qué pasaría si el país no cumple. Hasta ahora España ha recibido un anticipo de 9.000 millones, en agosto, y próximamente va a solicitar el primer pago, de 10.000 millones.
Pero lo que desde el principio parecía un objetivo claro de los socialistas, y, por supuesto, también de Podemos, ahora se ha convertido en el gran motivo de choque entre ambos partidos de la coalición. Un choque de grandes dimensiones, ya que en ninguna anterior ocasión los morados habían llamado a sentarse a revisar el pacto, pese a las disputas que se han producido entre Díaz y Calviño en diferentes ocasiones, como en el terreno del salario mínimo interprofesional (SMI).
Algunos expertos opinan que si los sindicatos pierden poder de negociación en los procesos de adaptación de las empresas a los cambios tecnológicos en el mercado de trabajo, indudablemente el avance de la automatización y la inteligencia artificial tendrá un impacto negativo en algunas ocupaciones, en su calidad y remuneración, e incluso podrá suponer la desaparición de un porcentaje muy alto de determinados empleos. Cada vez más economistas están de acuerdo en que uno de los factores clave en el estancamiento salarial ha sido la disminución del poder de negociación de los trabajadores que tiene causas políticas. Hay cambios profundos en el mundo del trabajo, pero tienen más que ver con la política y el poder que con la tecnología.
Entre los derrumbes que nos rodean, está pasando desapercibido uno cuyas consecuencias aún no adivinamos: el desplome del modelo sindical que ha sido mayoritario durante casi cuatro décadas en España. El crepúsculo de CCOO y UGT parece a estas alturas tan imparable como irremediable: asfixiados económicamente por el cierre de sus fuentes de financiación, y faltos de cada vez más apoyo, su futuro no puede ser más negro.
En estos sindicatos, en CCOO y UGT, hay también gente muy valiosa, honesta, luchadora, pero dichos sindicatos han perdido en conjunto 1,5 millones de afiliados, un 44%, pasando de los 3,2 millones de asociados que declaraban en el año 2008 a sólo unos 1,8 millones a finales del último ejercicio. Un descenso de afiliación que supone que hoy sólo el 10% de la población activa está asociada a uno de los dos grandes centrales sindicales. Esta caída de la afiliación ha supuesto también una importante reducción de ingresos por cuotas, hasta aproximadamente 212 millones €/año cuando en el año 2010 superaban los 270 millones.
Hay quien se pregunta QUIÉN LLORARÁ POR ESTOS SINDICATOS. Por mucho que los trabajadores se separen de ellos, por mucho que se sepa corresponsables de su propio hundimiento, habrá que lamentar su pérdida. Por motivos históricos, porque ambos tienen detrás una historia de esperanzas colectivas y sacrificios individuales que no merece un final así. Pero sobre todo porque no tenemos un recambio. Todavía no tenemos con qué llenar un hueco tan grande. Y no están los tiempos para abandonar ni una sola trinchera, por vulnerable que nos parezca esta.
Seguramente, estamos atravesando a nivel global un momento histórico de fuerte pugna geopolítica, en el que se disputa cómo se recomponen las sociedades tras la larga resaca de la crisis financiera de 2008 y la pandemia que aún no hemos dejado del todo atrás. Esa recomposición puede hacerse desde la construcción de un contrato social para el siglo XXI, donde el trabajo decente, la prestación de servicios que protejan las contingencias de las personas desde el espacio público y las políticas de distribución de la riqueza sean los nervios centrales del modelo; o bien, puede hacerse desde el furor privatizador, del individualismo, de la mercantilización del trabajo y de la vida. Ese debería ser el ámbito real de la acción de los sindicatos
