Sería una simplificación afirmar que el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones es solo demográfico, aunque este ha sido el argumento más traído en torno al modelo de pensiones que debemos tener. Los tipos de sistemas de pensiones son dos: un sistema público y de reparto y un sistema privado de capitalización. En España, las pensiones responden al primero de esos tipos, lo que se resume en que los trabajadores que están en el mercado laboral, con sus cotizaciones, pagan las pensiones de los que ya se han jubilado. Si los cotizantes disminuyen y los pensionistas aumentan y a ello se une el incremento de los años “pensionables” por el aumento de la esperanza de vida, empiezan los problemas de sostenibilidad para el sistema de reparto.
Lo cierto es que cuando un trabajador se jubila lo hace, generalmente, con bases altas de cotización y sin embargo, cuando un joven se incorpora al mercado, lo hace con salarios muy bajos cuya cotización a la Seguridad Social no cubre las pensiones de los jubilados. En España el Gobierno ha planteado una reforma encaminada a hacer sostenible el sistema a largo plazo, pero existen problemas acuciantes que se deben resolver de inmediato. Por ejemplo, debe asegurarse la pensión de los nacidos en el baby boom de finales de los años cincuenta hasta mediados de los setenta del siglo pasado.
La reforma propuesta por el Gobierno cambia la forma de financiación el sistema y la fuente de ingresos no serán solo las cotizaciones de los trabajadores en activo, sino que los PGE incorporan una aportación para el mantenimiento del sistema. En los PGE 2022 se incluyen unas transferencias de, en números redondos, 36.300 millones de euros del Estado a la Seguridad Social. Aunque la medida puede ser oportuna, el problema de fondo que no es otro que la necesidad de una estructura económica con mayor productividad, sigue sin resolverse.
Los impuestos dependen de la renta y, por tanto, de la productividad del trabajo. Sin un cambio en el modelo productivo que permita mejores salarios, habrá tensiones de déficit en el sistema de pensiones y, por lo tanto, en los propios PGE. En consecuencia, el problema de las pensiones se traslada a la mejora de la productividad y a una mejor distribución de la renta y de los impuestos que de ella derivan
Es decir, en definitiva, el elemento básico es la reforma fiscal pendiente en España. El modelo fiscal actual es injusto porque los ingresos lo soportan mayoritariamente las rentas del trabajo, pero también porque se siguen manteniendo privilegios decimonónicos difícilmente justifícales, por ejemplo, sistemas como el cupo vasco y navarro son elementos de insolidaridad pues si los impuestos de todos van a sostener las pensiones de todos, no puede haber privilegiados que no aporten lo que les corresponde.
Por ejemplo, las mencionadas transferencias de 36.300 millones de euros del Estado a la Seguridad Social implican que los contribuyentes (incluidos los propios pensionistas) se hagan cargo a través también de los impuestos de los gastos supuestamente impropios del sistema de pensiones, pero los residentes en el País Vasco y Navarra pagan sus impuestos a sus Haciendas Forales y no a la Hacienda estatal.
En España hay un total de 6,18 millones de jubilados, en el País Vasco un total de 371.600 con una pensión media de 1.463 euros, y en Navarra son 94.700 con una pensión media de 1.346 euros. Por otra parte, en España hay 19,4 millones de cotizantes (960.000 en el País Vasco y 290.000 en Navarra), de modo que si distribuyéramos la transferencia de 36.600 millones entre todos ellos, el reparto medio entre los cotizantes españoles sería de 1.870 euros , lo que comportaría unos importes acumulados de unos 1.800 millones de euros para el País Vasco y unos 540 millones de euros para Navarra. Teniendo en cuanta que el cupo vasco ronda los 1.400 millones y el cupo navarro los 500 millones podemos hacernos una idea de la magnitud de este ‘regalo’ a costa de los contribuyentes del resto de España: en esencia, se les devuelve todo lo aportado por el cupo más un extra de más de 400 millones.
Si cada Comunidad Autónoma tuviese que pagar las pensiones de jubilación con las cotizaciones imputadas que se ingresan en ella, ninguna podría pagar las dos pagas extra y algunas no podría pagar ni siquiera la mitad de las catorce pagas.
El gráfico representa el déficit o superávit atribuible a las pensiones por jubilación y por comunidad autónoma dividido entre el número de pensiones de jubilación a 31 de diciembre del 2020; o dicho de otra forma más clara: cuánto ha de aportar el sistema por cada pensión de jubilación una vez utilizadas las cotizaciones sociales generadas en cada comunidad autónoma imputadas a esta función.
El cálculo del balance entre ingresos por cotizaciones y pagos por prestaciones se ha realizado de la siguiente forma:
Se ha tomado como ingresos imputados al pago de las jubilaciones el total de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social en cada comunidad autónoma excluyendo las correspondientes a Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Incapacidad Temporal y Cese de Actividad Trabajadores Autónomos. Este saldo se ha multiplicado por un factor que se obtiene al dividir las prestaciones contributivas por jubilación entre el total de prestaciones contributivas (jubilación, viudedad, invalidez y orfandad y en favor de familiares), con objeto de encontrar la proporción del saldo anterior de cotizaciones que imputar a la financiación de las pensiones de jubilación. Al importe resultante anterior se le ha restado el total de las pensiones pagadas por jubilación para cada una de las comunidades autónomas.
