Los inspectores de Hacienda y Trabajo investigan los ‘falsos despidos’ de trabajadores veteranos
Las empresas lo considera un ‘premio’ para sus empleados a punto de retirarse
Falsos despidos y renuncias encubiertas: la asignatura pendiente de la reforma que prepara Díaz
Las inspecciones contra los despidos próximos a la jubilación impulsadas por los ministerios de Hacienda y de Trabajo han puesto patas arriba la estrategia que aún siguen muchas empresas para ‘premiar’ a sus trabajadores más veteranos con un despido pactado que les permiten anticipar el retiro y percibir, en muchos casos, una jugosa indemnización exenta de tributación. Una jugada combinada por parte de María Jesús Montero y Yolanda Díaz a través de la Inspección que también supone un golpe para las ‘prejubilaciones de oro‘ que algunas compañías otorgan a sus cargos directivos de medio y alto nivel en sus últimos años de carrera.
En los últimos años las jubilaciones ‘forzosas’ de desempleados se han desplomado, en parte porque tras la crisis financiera y la reestructuración bancaria las regulaciones de empleo se han frenado en seco, el temor del Gobierno es que se produzca un goteo de estos acuerdos disfrazados de despidos ‘fraudulentos’. Una vía que Montero y Díaz quieren cortar en seco, no solo por su coste para las arcas públicas, sino porque choca frontalmente con la estrategia de ampliación voluntaria de la vida laboral que defiende la titular de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz.
Mientras tanto, las empresas buscan alternativas para sortear las actuaciones de la Agencia Tributaria y de Trabajo. Una de ellas es «elevar la conflictividad», presentando cartas de cese motivadas por causas que no hagan sospechar a los inspectores que se trata de un acuerdo previo, e instando a los trabajadores ‘beneficiados’ a demandar el despido para evitar sospechas. A pesar del riesgo que supone para todos los implicados.
Porque simular un despido para facilitar el cobro de prestaciones, pensiones o disfrutar de exenciones fiscales es un delito que no solo acarrea multas de entre 7.500 euros a hasta a 225.000, en función del número de trabajadores afectados; también puede llegar a penas de prisión de entre seis meses y tres años. Según los laboralistas, la mayoría de las empresas y trabajadores cancelan su estrategia al pagar la multa para evitar cualquier pena de cárcel.
Pero, aunque los casos más graves se asocian con auténticas mafias laborales, que hacen negocio ‘vendiendo’ el acceso a la prestación por desempleo o pensión a personas que no han cotizado para ello, lo cierto es que en no pocas ocasiones se trata de pactos entre empresas y trabajadores para que las salidas se produzcan en las condiciones más ventajosas para los segundos.
Esto incluye una compensación exenta de tributación, el cobro de la prestación por desempleo y el subsidio para mayores de 52 años mientras deja de abonar cotizaciones sociales, así como el acceso a una jubilación anticipada ‘forzosa’ sin la penalización de coeficientes reductores. En los últimos años, para muchas empresas esta solución se ha convertido en una alternativa preferible a las ‘bajas incentivadas’ por su menor carga tributaria: las indemnizaciones por despido están exentas de tributación hasta los 180.000 euros.
El Plan B de las prejubilaciones
Las multas del Gobierno a los despidos de mayores de 50 años en el marco de regulaciones colectivas de plantilla han hecho cada vez menos rentable esta fórmula para que las empresas prescindan de sus trabajadores ‘seniors’. Aparte de que es un mecanismo solo al alcance de grandes empresas, como hemos visto en los últimos años con Telefónica o más recientemente con Masorange, capaces de ofrecer condiciones ventajosas para todos los afectados que logren el aval de los sindicatos.
Por contra, lo que se ha producido un repunte de los despidos individuales (la mayoría de ellos disciplinarios) que, según sospecha la Inspección, se resuelven pacíficamente en acuerdos de conciliación. Según las estimaciones de algunos despachos de abogados, hasta un 20% de los despidos podría corresponder en realidad a ‘dimisiones encubiertas’, protagonizadas en gran parte por los trabajadores de mayor edad con los que la empresa negocia directamente.
El Gobierno no quiere que se convierta en un ‘plan B’ para que las empresas financien acuerdos privados de ajuste de plantilla con dinero público. Todavía menos a costa de un sistema pensado para proteger a desempleados de larga duración. Y eso que los ministerios de Hacienda y Trabajo no son los únicos que han detectado un auge de estas prácticas: también lo han advertido los despachos de abogados que están señalando a sus clientes el auge de las inspecciones fiscales y laborales en marcha, y los riesgos de sanciones e incluso penas de cárcel que afrontan. ¿Entonces, por qué lo hacen?
En unos casos, son firmas en dificultades que quieren ahorrarse el coste de un ajuste de plantilla convencional (como un despido colectivo). Por ello, sondean a los trabajadores de edades más cercanas a la jubilación y proponen una indemnización por debajo de la que les correspondería por antigüedad a cambio de un acceso anticipado al retiro, bajo el modelo de ‘jubilación anticipada forzosa’, en el que los coeficientes reductores penalizan menos. Estos casos son fáciles de detectar porque la indemnización es exigua, el cese está mal justificado y, aun así, el trabajador no denuncia el despido.
También son estos los que suelen llegar a juicio, porque la empresa ni siquiera es capaz de afrontar el coste de la sanción que le imputa de Hacienda o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según un análisis de la jurisprudencia más reciente realizado por el despacho BDO que publicó ‘elEconomista.es’.
Sin embargo, otros casos se justifican como un ‘premio’ al trabajador, y conllevan una compensación que puede superar el tope legal que correspondería abonar por un despido y, que como hemos dicho, está exenta por tributación por IRPF en las cantidades que no superen los 180.000 euros.
¿Cómo frenar una tendencia al alza?
Estos procesos entran en categoría de ‘prejubilación’: el trabajador no se jubila inmediatamente tras el fin de la relación laboral, sino que encadena un tiempo de inactividad pero inscrito como ‘supuesto’ demandante de empleo en los servicios públicos de empleo hasta cumplir la edad mínima para acceder a jubilación anticipada, un lapso en el que tiene derecho a prestaciones y subsidios, con lo cual también se produce un coste para el SEPE.
Estas condiciones explican por qué simular un despido es especialmente ventajoso para trabajadores con una larga carrera en la empresa en cargos de responsabilidad, que así obtienen compensaciones muy superiores incluso a las que verían si fueran incluidos en despidos colectivos.
Algunos laboralistas, como Íñigo Sagardoy, proponen una solución que pasa por regular de forma más ventajosa la fiscalidad de las compensaciones por acuerdos voluntarios para acercarlas a las de las indemnizaciones por despido, e incluso permitir el acceso al paro. De esta forma, las empresas y los trabajadores tendrían más garantías en el proceso, mientras los segundos dispondrían de un apoyo de las políticas activas de empleo, del que carecen actualmente, para poder incorporarse al mercado laboral, lo que, además de desincentivar el fraude de simular un despido, reduciría el coste en términos de pensiones.
Pero el Gobierno no parece dispuesto a poner esta cuestión sobre la mesa del diálogo social ni rebajar la carga fiscal de las dimisiones. Considera que el volumen de dimisiones y despidos responde a otras causas y no avala una reforma que corre el riesgo de ‘flexibilizar’ un supuesto de fraude. Su apuesta por impulsar las inspecciones es, por ahora, la única que maneja.
Fuente: Díaz y Montero ponen en jaque el ‘puente de plata’ de las empresas para jubilar a sus directivos
