Quien no sufre las consecuencias de su propio gasto carece de incentivos para contenerlo»
La cifra de empleados públicos en las tres administraciones alcanzó los 3.662.500 en el primer trimestre de 2026, según la Encuesta de Población Activa. El gasto en nóminas del conjunto de las administraciones cerró 2025 en 181.494 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior, cuando fue de 172.350 millones. Ese gasto en personal ronda ya el 11% del PIB español o, dicho de otro modo, uno de cada cuatro euros que gastan las administraciones públicas se destina a pagar a sus propios empleados.
A esa nómina creciente se suma un calendario de subidas salariales ya pactado y de carácter consolidable: 2,5% en 2025, 2% en 2026, 4,5% en 2027 y 2% en 2028, aplicado a los más de tres millones de funcionarios y empleados públicos. No es una subida puntual ligada a un buen año; es un compromiso plurianual que se ejecuta con independencia de cómo evolucionen la recaudación, el déficit o el crecimiento. El sector público español dispone de algo que ninguna empresa privada tiene a su alcance: incrementar sus costes laborales por ley, pase lo que pase, en cualquier circunstancia y al margen del desempeño y del ciclo económico.
No se trata de discutir si los empleados públicos merecen o no esa subida; muchos de los servicios que prestan son imprescindibles y, en comparación con responsabilidades equivalentes en el sector privado, están mal pagados. El problema es de diseño institucional: el gasto de personal público crece de forma automática y consolidable, blindado frente al ciclo económico, mientras se exige al resto de la economía —empresas, autónomos, comunidades autónomas— un ajuste permanente acorde a la coyuntura. Esa asimetría tiene un nombre en la teoría de la hacienda pública: restricción presupuestaria blanda. Quien no sufre las consecuencias de su propio gasto carece de incentivos para contenerlo.
