En toda crisis, como la presente, arrecia la necesidad de una buena política social Unos y otros, conservadores y liberales tienen derecho a utilizar las políticas sociales como reclamo electoralista. La gente se pone a debatir sobre la conveniencia de dichas políticas sin reparar en que no son siempre políticas “progresistas” de izquierdas, sino que en la tradición española ese Estado paternalista asistencial tendría como principal referente la dictadura franquista.
Ya en la Alemania de Bismarck, a menudo aclamado como el verdadero padre del Estado moderno de bienestar social, se promovió las leyes de seguro de desempleo y enfermedad solamente para frustrar a los socialistas , y es que muchas de las conquistas sociales de las que nuestra izquierda pretende ser monopolista nacen como concesiones de gobernantes de derecha (a veces incluso autoritaria).
Pero obviamente, el estado del bienestar en plan providencia no es eficiente ni beneficia en nada a la causa social. A veces, muchas, el Estado más social es el que retira trabas y regulaciones, ayudando también al progreso económico de individuos y organizaciones. Los buenos y generosos socialistas que piden más gasto social se olvidan de que estas políticas sociales se pagan emitiendo una deuda que tendrán que financiar los jóvenes. Es difícil saber si estas frivolizaciones del gasto van a favor o en contra de la izquierda o la derecha, pero hemos olvidado que a menudo lo social conlleva más Estado y menos sociedad. Y así, poco a poco, es como estamos llegando al estado del malestar.
LA LEGISLACIÓN: LAS 200 LEYES APROBADAS LA PASADA LEGISLATURA ES OTRO FRAUDE
DEL GOBIERNO
El Gobierno más precario no para de repetir que la legislatura pasada acordó «200 leyes» con sus socios y el propio Pedro Sánchez ha presumido de ello en varias de sus últimas intervenciones. Pero lo de las 200 leyes es directamente un embuste «Mentira disfrazada con artificio».
El Ejecutivo ha creado tal efecto ilusorio valiéndose de varios artificios. Especialmente de dos: contar los decretos leyes y, también, las reformas de leyes existentes como si fueran leyes nuevas.
Los decretos leyes
En el cómputo ha incluido los 95 decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros la pasada legislatura. El Gobierno usó y abusó de esta figura legislativa entre 2020 y mediados de 2023 aprovechando las circunstancias de urgencia y excepcionalidad de la pandemia, la invasión de Ucrania y el volcán en erupción en La Palma. De hecho, hubo más decretos leyes que leyes ordinarias -85- y que leyes orgánicas -33-.
En 2020, el año de la pandemia, Sánchez aprobó 39 decretos leyes, aunque uno de ellos fue derogado por la Cámara Baja. En 2021 fueron 32. En 2022 fueron 20 y en 2023, hasta antes de las elecciones, otros 5. Este sistema excepcional se ha convertido en la forma habitual de legislar. Este abuso supone un atentado contra la autonomía del Parlamento y contra la separación de poderes
Las leyes orgánicas
Las 33 leyes orgánicas aprobadas la pasada legislatura también tienen trampa: 4 de ellas eran en realidad, reformas de sus estatutos de autonomía (Murcia, Cantabria, Baleares y Aragón) y otras 10 fueron, en realidad, reformas de diversos artículos del Código Penal. Además se anota dos veces la ley del ‘solo sí es sí’: una cuando se aprobó y otra cuando tuvo que ser modificada para detener el goteo de rebajas de condena y excarcelaciones a violadores y agresores sexuales.
Las leyes ordinarias
En las 85 leyes ordinarias que el Gobierno y sus socios sacaron adelante entre 2020 y mediados de 2023 también hay truco: 4 de ellas fueron transposiciones de directivas europeas que sí o sí había que incorporar al ordenamiento jurídico español, otras 4 fueron aprobadas para crear nuevos impuestos o reformar los existentes, como el llamado «impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas» y otra más supuso la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
El balance de estos 10 primeros meses de la nueva legislatura es paupérrimo: se han sacado adelante 3 leyes orgánicas: la de la amnistía, la que pactó con el PP para reformar la Ley orgánica del poder judicial y renovar el CGPJ; y la ley de paridad que incluía el error que desprotegía a los trabajadores solicitantes del permiso de reducción de jornada y que será reformada a través de una enmienda en la ley de medidas de eficiencia de la Justicia, actualmente en tramitación.
También se han aprobado 2 leyes ordinarias: una que regula las enseñanzas artísticas superiores y otra de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
Lo demás han sido 6 decretos leyes, y la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el apelativo de «disminuidos» por personas con discapacidad, que también pactó con el PP.
¿QUIÉN CONSIGUIÓ LA JORNADA DE 40 HORAS, LA LUCHA OBRERA O EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD?
Hay preguntas que no tienen respuesta.
Hay quien defiende que la jornada laboral se reduce debido al aumento de la productividad (fruto de la acumulación de capital), siendo este el impulsor y posibilitador a largo plazo de la reducción general de la jornada. Por descontado, la legislación al modificarse, afecta a ciertos puestos de trabajo, pero que no es el impulsor ni lo que permite la reducción de la jornada laboral. Y aseguran que la relación básica es económica y el impacto de la legislación es nulo, es decir, si los países se hacen más ricos, los trabajadores dedican más tiempo al ocio y menos al trabajo.
Otros tienen una visión completamente opuesta y consideran que la jornada laboral depende de la conquista de derechos por parte del movimiento obrero, que ponen freno a los privilegios propios del capitalismo.
En muchos sentidos, estas afirmaciones se hacen basándose en correlaciones (es decir, dos elementos que aparecen unidos, pero no tienen por qué tener una relación directa), por lo que, a grandes rasgos, solo son meras hipótesis. Por ejemplo, el aumento de la productividad aparece junto a la reducción de la jornada, pero ninguno de los economistas ha señalado cómo se vinculan de forma concreta ambas cosas.
Algo similar, que no lo mismo, podríamos decir para relacionar legislación o lucha obrera con la reducción de la jornada laboral a 8 horas, si bien, en este caso, sí tenemos ejemplos concretos como el movimiento que fue cogiendo fuerza a partir del siglo XIX. No obstante, ¿por qué las posteriores reivindicaciones no han surtido efecto? ¿Qué control tiene el mercado frente a la lucha obrera y la legislación a través de la política en el siglo XXI?
No parece evidente que ninguna de las partes puedan dar una respuesta cerrada (vamos, que tengan toda la razón), pero sí aclara algunos puntos importantes: para mucha gente, la legislación y la lucha obrera frenan o limitan la posibilidad del libre mercado y el capitalismo puro; para otros, ese aumento de la productividad es básico para que la jornada siga reduciéndose en tiempo de trabajo semanal.
Puede que nos falten datos para tomar una decisión pertinente…
ENGAÑARNOS A NOSOTROS MISMOS.
La evolución de las variables de crecimiento de la economía (tasa de 3,1% al concluir el segundo trimestre) y de los precios de consumo (subida de solo el 1,5% en septiembre) tienen al Gobierno en levitación. Se les agotan los elogios y el autobombo. Hacen bien en aprovechar los datos de coyuntura. El cortoplacismo en el que estamos instalados permite esos pequeños triunfos.
¿Pero a quién beneficia realmente esta coyuntura favorable? El Gobierno es la respuesta contundente y exacta. Según las propias cifras de la Administración tributaria, la recaudación de impuestos entre enero y agosto ha crecido el 7,4%, hasta 189.348 millones de euros, 13.033 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Las tasas del PIB y del IPC pueden mejorar o pueden empeorar de aquí a fin de año, pero la recaudación tributaria, sin embargo, es irreversible.
El Impuesto sobre la Renta, con sus 88.482 millones recaudados, supone el 46,7% de los ingresos tributarios; el IVA es la segunda partida en ingresos, con 63.458 millones (el 33,5% del total) y un incremento del 7,6%, a pesar de que todavía subsisten rebajas del IVA en algunos artículos de primera necesidad. Con estos incrementos sostenidos de la recaudación fiscal, en desprecio de la mejora de las condiciones de vida, más el incremento brutal de la deuda pública es inconcebible que no se consiga, no ya eliminar, pero al menos paliar, los desequilibrios económicos y sociales estructurales de nuestro país.
Pero es que esos desequilibrios son mucho más severos de los que pensamos. Festejamos que vamos mucho mejor que las grandes economías de la Unión Europea y coyunturalmente es verdad, pero no es menos cierto que en los últimos tres lustros hemos pasado de una renta ligeramente superior a la media europea a estar cerca del 15% por debajo de esa media en la actualidad. Como país hemos perdido mucho el tiempo engañándonos a nosotros mismos y pagando un alto precio por ello. Y la tendencia se ha acentuado en los últimos años. La economía del país es un espejismo que oculta que otros mejoran más rápidamente que nosotros sin esquilmar a sus ciudadanos.
Además aquí la política no funciona como debe. A la salida de la dictadura tuvimos el objetivo de la democracia y el acicate de la integración en Europa. Y los cumplimos. Tuvimos una guerra larga, pero al final exitosa contra el terrorismo y cuando esa amenaza desapareció, la política quedó como vacía de objetivos comunes, sin soluciones para nuestras carencias colectivas.
Los ciudadanos españoles cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, pero el Estado no entiende que tiene la misma obligación para con los contribuyentes. El despotismo administrativo es insaciable, pero nada hace por crear las condiciones adecuadas para que cada individuo que vive en España tenga las mismas oportunidades de progresar que todos los demás.
No pedimos ni necesitamos más que eso.
Pero hasta eso se nos niega.
