Es un tema lleno de tergiversaciones de todo tipo pero la realidad histórica guste o no,
es la que es y no la deseada por unos o por otros.
BREVE REPASO HISTÓRICO
INICIOS: DESDE ROMA A LOS AUSTRIAS
De entrada resaltar que aunque se olvide por algunos, el nombre de Hispania fue dado por el Imperio Romano a la Península Ibérica, una de cuyas 3 provincias, la Hispania Citerior tuvo por capital precisamente a Tarragona llamada por eso la Imperial Tarraco.
Cuando desapareció este imperio, y años después su sucesor el Reino Visigodo en el año 711 y la invasión de los musulmanes árabes y bereberes, la Península Ibérica se desmembró en varios territorios independientes, uno de los cuales fue el Condado de Barcelona, territorio al que se le dio la denominación de Marca Hispánica por el emperador Carlomagno en el año 795, y que se unió en el siglo XII a la Corona de Aragón por causa del matrimonio de la princesa Petronila, heredera de ese reino, con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. Unión personal, que hoy llamaríamos confederal en cuanto a los territorios y que siempre fue muy problemática.
En el siglo xiv, Cataluña tuvo un destacado papel económico en el marco del comercio mediterráneo. Con el declive de la Corona de Aragón también decayó Cataluña, que no volvió a prosperar hasta la industrialización. La fuente principal de discordias con el resto de España vino inicialmente con los Austrias “menores” por la intromisión de los validos reales y virreyes, especialmente el conde duque de Olivares, válido del rey Felipe IV, al traspasar las limitadas competencias reales en la Corona de Aragón y en Portugal, por un afán recaudador y centralizador de unificar las coronas en el entonces todavía inexistente jurídicamente Reino unitario de España.
Estas injerencias dieron lugar a qué en 1640 Portugal y Cataluña se independizaran. A Portugal se le reconoció oficialmente la independencia por el Tratado de Lisboa en 1678, pero Cataluña en 1651 volvió a la corona de Felipe IV, aunque continuando desligada la Corona de Aragón de la de Castilla y por ello los catalanes, eran extranjeros para comerciar en la América española, que pertenecía exclusivamente a la Corona de Castilla. A esta época se remonta el himno nacional de Cataluña (Els segadors) que tiene su origen en la Guerra dels Segadors en 1640, un levantamiento popular contra los nuevos impuestos para gastos militares y contra la política centralizadora del Conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV.
LOS BORBONES: LA GUERRA DE SUCESIÓN
Pero todo cambió con la supresión de la Corona de Aragón por los decretos de Nueva Planta de 1715 de Felipe V de Borbón, nieto del rey Luis XIV de Francia, como consecuencia de la Guerra de Sucesión al trono español, por la muerte sin descendencia del rey Carlos II «el Hechizado», el último representante de la Casa de Austria (Habsburgo) en estas tierras.
Fue la consecuencia del apoyo que los territorios de la Corona de Aragón prestaron al rival de Felipe V, el archiduque Carlos de Austria, también de la Casa de Habsburgo, temiendo que el centralismo francés que representaba el pretendiente francés no respetase la autonomía de los diversos reinos, como si habían hecho los Austrias desde el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Ese conflicto es el origen de la canción infantil “Quisiera ser tan alta como la luna” (Quisiera ser tan alta como la luna…Para ver los soldados de Cataluña…De Cataluña vengo de servir al Rey)
Efectivamente la victoria de Felipe V, con sus Decretos de Nueva Planta, dio lugar, ya sí al jurídicamente Reino unitario de España, respetándose los fueros vascos (como hace hoy también la Disposición Adicional primera de la Constitución del 78). Así pues con el rey Felipe V desapareció la independencia política del Condado de Barcelona, aglutinador de Cataluña, pero a cambio se la benefició económicamente, por la desaparición de aranceles comerciales con el resto de España, por la libertad de comercio en la América española y por las grandes inversiones estatales, especialmente propiciadas por del rey Carlos III.
En el primer tercio del siglo XIX Barcelona (como el resto de España) es ocupada por los franceses napoleónicos y Tarragona se convierte en capital electoral de los diputados catalanes, que forman parte de las Cortes de Cádiz, y participan en la primera constitución de la nación española, en el año 1812.
El desastre del 98 del siglo xix
El despegue propiciado por los negocios con la América española condujo al enriquecimiento de Cataluña y en concreto de su burguesía empresarial y fue el motivo de no cuestionarse la unificación política. Esto duró hasta finales del siglo XIX con la desaparición, desde 1880, de entre otros negocios, el correspondiente al tráfico de esclavos en Cuba y Puerto Rico y sobre todo tras la independencia de estas islas junto a Filipinas en 1898 .
Entonces al socaire de los movimientos nacionalistas románticos de la época surgió el deseo de recobrar la identidad propia lingüística y cultural y reclamar la autonomía política, movimiento desarrollado por el pensamiento de Enric Prat de la Riba y a partir del segundo tercio del siglo xix se desarrolló la Renaixença, un movimiento cultural de recuperación del catalán como lengua de cultura. En las décadas siguientes fue tomando cuerpo el catalanismo político, que se agrupó en partidos como la Lliga Regionalista y posteriormente Esquerra Republicana. Los primeros proyectos de autogobierno culminaron primero en la Mancomunidad de Cataluña (1913-1923) y luego en la restauración de la Generalidad de Cataluña y aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932 durante la Segunda República, insuficiente para los nacionalistas radicales, llegando el presidente de la Generalitat Lluis Companys, a proclamar en 1934 el Estado Catalán, eso sí dentro de la República Federal Española.
La Guerra Civil y el período franquista (1939-1975) supusieron, tanto en Cataluña, como en el resto de España, la anulación de las libertades políticas, además de la prohibición del catalán en el ámbito oficial y educativo, que no fueron plenamente recuperadas hasta la Transición democrática y la entrada en vigor de la nueva Constitución española de 1978, en la que se reconoce la existencia de comunidades autónomas dentro de España. Al amparo de la Constitución se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía en 1979, aprobado por más del 90% del electorado catalán, que recuperó el uso oficial del catalán Este Estatuto, posteriormente se sustituyó por el Estatuto de 2006, actualmente vigente tras algunas modificaciones dictadas por el Tribunal Constitucional en 2010, debido a su inconstitucionalidad, lo que se tomó como una afrenta por sectores de la sociedad catalana
Dentro del Estado actualmente vigente, los poderes propios de Cataluña se conforman en:
Poder ejecutivo de Cataluña
En el territorio catalán, además del Gobierno Español, ejerce sus competencias ejecutivas el Gobierno catalán que se compone del presidente de la Generalidad, el primer consejero, si procede, y los consejeros.
Poder legislativo de Cataluña
El Parlamento de Cataluña se compone de 135 diputados, elegidos para un plazo de cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El Parlamento ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalidad y controla e impulsa la acción política y de Gobierno.
Poder judicial en Cataluña
Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña culmina la organización judicial en el ámbito territorial de Cataluña. Al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, Cataluña se rige por el derecho civil catalán, cuya conservación, modificación y desarrollo es competencia exclusiva de la Generalidad. Asimismo una ley del Parlamento regula la figura del Síndico de Agravios (equivalente al Defensor del Pueblo)
LA CRISPADA ACTUALIDAD RECIENTE
LA POLÉMICA DE CATALUÑA COMO NACIÓN
En la proposición del Estatuto de Autonomía aprobado en 2006 y actualmente vigente, el Parlamento de Cataluña aprobó la definición de Cataluña como una nación. Sin embargo, ejerciendo sus superiores competencias, el Congreso de los Diputados enmendó esa propuesta y excluyó la definición de «nación» del articulado del nuevo Estatuto, aunque se mantiene una referencia en el preámbulo a lo que en su día aprobó el Parlamento catalán, del siguiente modo: «La Constitución española, en el artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad». Asimismo, los legisladores catalanes introdujeron otra referencia al carácter nacional de Cataluña, amparado por el ordenamiento jurídico vigente, que se halla en el artículo 8.1 del Estatuto de 2006, al afirmar que Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo 1, tiene como «símbolos nacionales» la bandera, la fiesta y el himno.
A juicio del Gobierno de la Nación, y del partido socialista gobernante en ese momento que respaldó su aprobación, el texto del preámbulo solo tiene valor declarativo y no jurídico, pero a juicio del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en su intervención, en nombre del partido gobernante, durante el debate en el Congreso de los Diputados del Estatuto, el preámbulo tiene «importancia política, jurídica e interpretativa». El Partido Popular, en aquel entonces en la oposición, presentó en 2006 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo Estatuto por el posible uso inconstitucional del término «nación» en el preámbulo —entre muchos otros aspectos—, que fue admitido a trámite por el Alto Tribunal y que se resolvió declarando en 2010 el Estatuto parcialmente inconstitucional. El Defensor del Pueblo hizo lo propio en septiembre del mismo año.
La decisión del tribunal constitucional generó un profundo descontento entre los partidos impulsores del Estatuto, que apoyaron una manifestación bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos». También secundaron la manifestación los sindicatos y cerca de 1.600 entidades Encabezaron la marcha el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, y el del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach. El PSC trató de dar un carácter institucional a la marcha y centrarla en la protesta contra el Tribunal Constitucional pero los lemas y banderas independentistas dominaron la manifestación. Montilla se vio incluso obligado a abandonarla precipitadamente. Los organizadores afirmaron que se trató de la manifestación más multitudinaria de la historia de Cataluña hasta esa fecha. Las cifras de participación oscilaron entre los 425.000 y los 1.500.000. La sentencia del Tribunal Constitucional supuso el final del pacto tripartito (PSC, ERC y ICV-EUiA) del gobierno catalán, la apertura de disensiones internas en el propio PSC y la mejora de perspectivas electorales por parte de CiU.
“EL PROCES”: DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA (DUI)
Se conoce el “proces” al proceso independentista catalán y al conjunto de acontecimientos y transformaciones hacia la autodeterminación y la independencia de Cataluña. Uno de los orígenes de este proceso hay que buscarlo en el aumento del peso del movimiento independentista catalán surgido como reacción a sentencia del Tribunal Constitucional de España, en la cual se recortó el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Otros orígenes fueron la crisis económica de 2008 y la corrupción (Caso 3% o el saqueo del Palau) del partido que había gobernado Cataluña (CiU, hoy disuelta y germen del actual Junts)
En diciembre de 2012, el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), y Oriol Junqueras (ERC) firmaron un pacto de gobernabilidad comprometiéndose a la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña.
El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó la «Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña» con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar. Votaron a favor CiU (50 diputados), ERC (21) y ICV-EUiA (13). Votaron en contra PPC (19) y Cs (9). De los diputados del PSC, 15 votaron en contra y 5 no votaron pese a estar en el hemiciclo, desobedeciendo así las órdenes de la dirección del partido de votar en contra de la propuesta.. En marzo de 2014 el Tribunal Constitucional dictaminó que la declaración de soberanía era “inconstitucional y nula”, y por tanto no amparaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No obstante el gobierno de la Generalidad minimizó el impacto de la sentencia.
La Asamblea Nacional Catalana (asociación que tiene por objetivo alcanzar la independencia política de Cataluña) durante la fiesta del Día Once de Septiembre (la “diada”) de 2013 organizó la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de unos 400 km a lo largo de Cataluña. Apoyaron la cadena los partidos CiU y ERC así como otras 14 entidades de Cataluña. Siguió el trazado de la antigua Vía Augusta, desde la localidad francesa de El Pertús hasta la localidad valenciana de Vinaroz (ambas incluidas), atravesando Cataluña de norte a sur. Los organizadores animaron a los habitantes de los denominados “Países Catalanes” (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el departamento francés de Pirineos Orientales) a participar en la cadena o en actos
En enero de 2014 el Parlamento de Cataluña solicitó al Congreso de los Diputados la cesión de las competencias para la celebración de un referéndum independentista, solicitud que fue rechazada. En septiembre, el Parlamento catalán aprobó la Ley de consultas de Cataluña, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. El 9 de noviembre de 2014 se celebró el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña convocado por el presidente de la Generalidad Artur Mas en contra del Gobierno español y de la ley: con una participación estimada del 37,02%, el 80,76% votó a favor de que Cataluña fuera un Estado independiente. No hubo intervención policial para impedir la celebración de la consulta.
En septiembre de 2014, la ley de consultas fue aprobada por el Parlamento de Cataluña con 106 votos a favor y 28 en contra. Aunque apoyó la ley, el PSC manifestó que la ley no amparaba legalmente la «consulta» prevista para el 9N. El portavoz de CiU afirmó que la ley «encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto». La Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios realizaron un llamamiento para que los consistorios mostrasen su apoyo a la ley de consultas. El 96,2 % de los 947 ayuntamientos catalanes aprobó mociones de apoyo. El 27 de septiembre el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, firmó el decreto de convocatoria de la consulta explicando que había llegado el momento de ejercer el «derecho a decidir» y reafirmó que estaba abierto a pactar la consulta hasta el último momento con el Estado. El Gobierno presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de consultas y contra el decreto de convocatoria. El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos quedando suspendida cautelarmente la consulta. Al día siguiente, el gobierno de Cataluña anunció la suspensión «cautelar y temporal» de la campaña del 9N, evitando enfrentarse a un posible delito de desobediencia. El 3 de octubre los partidos favorables a la consulta acordaron continuar defendiendo la consulta.
En septiembre de 2015 se celebraron elecciones autonómicas «plebiscitarias» en las que ganó la coalición independentista Junts pel Sí. La campaña electoral estuvo dominada por el tema de la independencia de Cataluña. Desde el independentismo se plantearon estas elecciones como un plebiscito sobre la independencia de Cataluña. De hecho, Artur Mas definió las elecciones como la «consulta definitiva», tras haberse declarado inconstitucional un referéndum reclamado. De las coaliciones presentadas, Junts pel Sí y Candidatura de Unidad Popular-Llamada Constituyente fueron las partidarias de la independencia. Los demás partidos vieron las elecciones como unas elecciones ordinarias anticipadas para elegir un nuevo parlamento autonómico.
En septiembre de 2017 el Parlamento catalán aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia convocado por el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La Policía Nacional y la Guardia Civil entraron en algunos colegios electorales para interrumpir la votación y requisaron las urnas, produciéndose escenas violentas. Unos dos millones de personas votaron, sin ninguna de las garantías que ofrece un proceso legal. Con una participación del 43,03%, el 90,18% votó a favor de la independencia. Este Referéndum fue considerado ilegal por el sistema judicial, y se definió como un choque de legalidades vigentes, según los independentistas catalanes, y en medio de ilegalidades, según la legislación constitucional y los partidos no independentistas.
El 27 de octubre de 2017, el Parlamento de Cataluña procede a la votación para convertir Cataluña en una República, en una votación secreta y con la ausencia de los 53 diputados de los partidos contrarios al proceso de independencia —PP, PSC y Ciudadanos— por considerar que la Constitución española no lo permite. Fue una votación en contra de las decisiones del Tribunal Constitucional y de los propios letrados del Parlamento, que advirtieron previamente a la Mesa que no podría formalizar cualquier resolución en este sentido de acuerdo con la legislación vigente y los dictámenes del Tribunal Constitucional. La moción sale adelante por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, pero dicha declaración de independencia es suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre tras una petición al respecto del PSC. Esta declaración unilateral de independencia no fue reconocida por ningún Estado del mundo.
Ese mismo día, el 27 de octubre por la tarde, el Senado aprueba la solicitud del Gobierno de activar el artículo 155 de la Constitución alegando la vulneración reiterada del Gobierno catalán de las leyes vigentes en sus ansias soberanistas. El Gobierno español destituye al Gobierno catalán, convocando elecciones para el 21 de diciembre de 2017, y pasando las labores de las consejerías a las de los ministerios correspondientes. Todos los partidos políticos terminan aceptando la convocatoria de elecciones, incluso los nacionalistas catalanes a pesar de su reticencia inicial. También toma el control de los Mozos de Escuadra, la policía autonómica catalana, decisión que es aceptada sin incidentes por los miembros del cuerpo de policía autonómica.
El 30 de octubre, el fiscal general del Estado solicita que se impute a la Mesa del Parlamento y al Gobierno de la Generalidad cargos por sedición, rebelión y malversación de fondos. Esto último, supuestamente por malversar fondos públicos para financiar el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica junto a cuatro exconsejeros con la intención de internacionalizar el problema. La Audiencia Nacional convoca a los miembros destituidos del Gobierno catalán para el 2 de noviembre. Debido a la huida de Puigdemont y otros consejeros, tras presentarse en los juzgados declara prisión incondicional para el vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros por delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos. La denuncia a la Mesa del Parlamento se presenta ante el Tribunal Supremo por ser miembros aforados y es aceptada.
El 12 de febrero de 2019 se inicia la vista oral del denominado “juicio del proces” y el 14 de octubre se dio a conocer la sentencia firme del Tribunal Supremo, en la que se condenó a penas de entre nueve y trece años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, descartando la rebelión propugnada por la fiscalía y la acusación de Vox.
El mismo día en que se dio a conocer la sentencia, el 14 de octubre de 2019, se produjeron concentraciones y manifestaciones de protesta por toda Cataluña y cortes de carreteras y de vías férreas. El hecho más relevante fue el bloqueo de los accesos al aeropuerto de Barcelona que obligó a cancelar más de 100 vuelos. Las noches del 15 y del 16 se produjeron graves disturbios en Barcelona y en otras ciudades catalanas protagonizados por grupos independentistas violentos,en los que hubo cargas policiales e incendios y se levantaron barricadas.
Sorpresivamente, el 22 de junio de 2021 el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez indultó a todos los condenados. Los nueve que estaban en prisión salieron de la cárcel al día siguiente. El Partido Popular, Vox y varios diputados de Ciudadanos interpusieron sendos recursos contra el indulto ante la Sala de lo Contencioso; recursos que fueron rechazados por el Tribunal Supremo en enero de 2022. En mayo de 2022 el Tribunal Supremo revirtió su decisión inicial de desestimar los recursos al indulto, admitiéndolos a trámite.
AHORA EN 2023
En octubre-noviembre de 2023 las exigencias de Junts y Esquerra Republicana para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno Español se centran en una amnistía general para todos los implicados en el «proces» por los hechos ya sentenciados como delictivos y por los pendientes de juzgar, extensible a los delitos económicos colaterales por corrupción, un referéndum de autodeterminación, y la cancelación de una pretendida deuda del Estado con Cataluña.
Sobre estas exigencias proceden unos breves comentarios.
Deuda del Estado con Cataluña
Pueden discutirse las balanzas efectivamente, pero, además, ¿qué decir de todas las inversiones del Estado Español en Cataluña desde tiempos al menos de Carlos III hasta el presente, pasando por algunas tan importantes como, por ejemplo, la de la Seat, hecha por el general Franco? .Si hubiera deuda en la balanza de pagos sería también preciso empezar por hablar de todo lo que el resto de España ha invertido económicamente en Cataluña, en menoscabo de otros territorios.
En este contexto se puede interpretar el traspaso de Rodalies (cercanías ferroviarias) que desde 2010 su titularidad es de la Generalitat, que sobre el papel es la administración que contrata Renfe para que opere los trenes, pero la falta de acuerdo entre Govern y Ministerio ha hecho que los recursos nunca se hayan transferido, en cualquier caso la propiedad de las infraestructuras es del ministerio de Transportes.
Amnistía
Se han expuesto argumentos tanto para justificar su pretendida constitucionalidad, como para lo contrario y rechazarla rotundamente. Sin embargo, es cierto hay que recordar el amplio criterio interpretativo de las normas en el derecho español que, con carácter general, establece el artículo 3.1 del Código Civil al decir que «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas». Esta amplia y progresiva redacción fue paradójicamente dada por el Decreto 1836 de 31 de mayo 1974, o sea a finales del régimen anterior.
Indudablemente desde el poder interpretarán y adoptarán la posición que más les convenga políticamente y actuarán en consecuencia, al margen de posibles recursos que se podrían resolver quizás tarde y en función de afinidades ideológicas o políticas .
Referéndum de autodeterminación
En cuanto a este punto, no cabe como tal en modo alguno en la Constitución sin previa reforma de la misma. Solo podría ser posible uno de carácter meramente consultivo, pero de todos los ciudadanos españoles, no sólo los catalanes, con arreglo al artículo 92 de la Constitución. Tendría que ser convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Pero con ese carácter puramente consultivo, solo con mera eficacia política pero no jurídica pues para la separación de algún territorio de España sería necesaria la previa reforma legal del artículo 2 de la Constitución española.
Cataluña ya cuenta con 8.005.784 habitantes, el 16,5% de la población total española. La provincia de Barcelona acoge al 73% de toda la población catalana por el 11% de Tarragona; el 10% de Girona y el 6% de Lleida. Los extranjeros representan más del 16% de la población total y la edad media de los extranjeros es de cerca de 35 años, mientras que el total del territorio alcanza los 42 años. Paradójicamente, el aumento de población no se traduce en un aumento de natalidad ni de población en edad escolar, actualmente la población menor de 16 años es el 15% (1,2 millones de personas), cuando en 1987, año en que Cataluña superó los seis millones de habitantes, la población en edad escolar obligatoria era casi el 23% (1,35 millones).
Su PIB es de 229.418 M€ euros, lo que la sitúa como la segunda economía de España por volumen de PIB. En cuanto al PIB per cápita, que es un buen índicador de la calidad de vida, en Cataluña en 2021, fue de 29.942 € euros, frente a los 28.280 € euros de PIB per cápita en España. Esta cifra supone que sus habitantes están entre los que tienen mejor nivel de vida de España, ya que ocupa el 4º puesto en el ranking de PIB Per cápita de las Comunidades Autónomas.
En 2022 su deuda pública fue de 84.518 millones de euros, un 33% de su PIB y su deuda per cápita de 10.699 € euros por habitante. Si ordenamos las Comunidades Autónomas, de menor a mayor deuda, vemos que Cataluña se encuentra en la 4ª posición de la tabla de Comunidades Autónomas y en la 17ª posición en cuanto a deuda por habitante se refiere.
Con menos nacimientos, el envejecimiento se cronifica. Cataluña tiene hoy más gente mayor y con una esperanza de vida que alcanza los 86 años en las mujeres (80 en los hombres), siendo el gran cambio de los últimos 20 años que genera un reto político, social y familiar.
El declive de Cataluña
El Instituto Nacional de Estadística (INE) lleva trabajando desde 2017 en una nueva estadística capaz de agregar en un único indicador cerca de 60 datos y variables oficiales para medir la calidad de vida global tanto en España como a nivel regional. Se trata del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) y analiza un total de 9 dimensiones: Condiciones materiales de vida; Trabajo; Salud; Educación; Ocio y relaciones sociales; Seguridad física y personal; Gobernanza y derechos básicos; Entorno y medio ambiente; y Experiencia general de la vida. Cada una de estas dimensiones incorpora una serie de indicadores que se obtienen, básicamente, de encuestas del INE.
Los últimos datos publicados por el INE arrojan, al menos, dos conclusiones relevantes. La primera es que la calidad de vida en España está cayendo. El IMCV se situó en 101,44 puntos en 2022, y se observa que la calidad de vida ha registrado un descenso desde 2019, momento en el que arranca el actual mandato de Pedro Sánchez, cuando rozaba los 102 puntos.
La segunda conclusión más relevante es el declive que experimenta Cataluña. Y es que, por primera vez desde que existen datos, el Índice Global de Calidad de Vida de los catalanes se sitúa por debajo de la media nacional. Destaca el descenso registrado en Condiciones materiales de vida, Salud, Educación, Ocio y relaciones sociales (especialmente tras el referéndum ilegal de 2017); Seguridad física y personal; y Gobernanza y derechos básicos. Tan sólo se mantiene por encima de la media nacional de forma más o menos destacada en el ámbito del Trabajo, Entorno y medio ambiente y Experiencia general de la vida.
EN DEFINITIVA: UNA CUESTIÓN DE PODER.
PERO ¿SON NECESARIOS ESTOS PARTIDOS POLÍTICOS?
El caso es que no se puede separar la cuestión de las exigencias de los independentistas catalanes para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno Español, referidas a la petición de la amnistía para los implicados en el «proces», a un referéndum de autodeterminación y al pago de una supuesta deuda económica, con el tema histórico del encaje nunca plenamente resuelto de Cataluña con el resto de España.
La transferencia de educación que se realizó en forma notoriamente errónea, junto a la información en medios controlados por los separatistas, ha producido la ruptura emocional de muchos catalanes con del resto de España, de manera quizás irreversible.
El conflicto, sin embargo, es una cuestión esencialmente de poder y de lucha política. Afortunadamente incruenta. Lo jurídico, quizás, resulta accesorio, pero entonces puede llegarse, como pasó en 2017, a ser un caso como tantos otros históricos de rebelión contra el sistema, en que si se pierde se es un delincuente y si se gana una figura nacional independentista. Así de simple.
En cualquier caso los políticos tienen la palabra y es de desear que la resolución del conflicto sea hecha en la forma más inteligente y practica posible, pues habrá que seguir conviviendo sí o sí, por los múltiples intereses comunes. Cuanto más en concordia se realice será mejor para todos.
La transformación de las sociedades liberales en democráticas con la implantación del sufragio universal conllevó que el derecho a participar en política se extendiese a todas las capas sociales. Esta política de masas hizo de los partidos políticos un instrumento indispensable de mediación entre las demandas sociales y las instituciones del Estado a las que iban dirigidas.
En definitiva, los partidos políticos no son fines en sí mismos, sino instrumentos y por ello no son intrínsecamente ningún poder del Estado. Prueba de ello es que nuestra Constitución tan sólo les dedica un escueto artículo para conceptuarlos, mientras que a los tres poderes del Estado les dedica nada menos que setenta y un artículos
Los ciudadanos después de varios meses de sobresaltos, se hacen preguntas tan sencillas como estas: ¿para qué políticos? ¿para qué partidos? Gandhi decía que los partidos estaban para que las personas no tuvieran ideas propias. El partido -cuando no es tan cesarista como los actuales nuestros- le dice al líder qué línea debe seguir. El partido intenta decirle al votante a qué político debe votar y se interpone entre el pueblo y sus representantes. Los partidos políticos que históricamente más éxito han tenido son los que han generado un verdadero sentido de pertenencia entre sus miembros.
Mediante el fenómeno denominado por algunos autores como “partitocracia”, y por otros “estado de partidos”, los partidos políticos acaban por quedarse ellos mismos con el poder, transformando de esta forma la soberanía popular en soberanía de partidos, todo lo cual no es sino una perversión democrática.
Esta metamorfosis conlleva efectos indeseables. Los partidos se convierten en máquinas electorales y la competición electoral se impone sobre otros fines, de tal forma que sus propuestas políticas lo son para ganar elecciones, en lugar de ganar elecciones para aplicar sus propuestas políticas, que sería lo deseable. Las campañas electorales son perpetuas campañas propagandísticas que dividen y enfrentan a la ciudadanía como si de clubs de futbol rivales se tratase.
En nuestras cámaras legislativas sus miembros, que no están sujetos al mandato imperativo por la Constitución, sí lo están sin embargo a disciplina de partido, por lo que la mayoría parlamentaria estará al servicio de las decisiones previamente adoptadas por el partido, o lo que es peor, por su líder, desapareciendo en la práctica esa labor legislativa colegiada. Si a eso le sumamos el uso y abuso que del decreto ley hace el Ejecutivo, suplantando la labor del Legislativo, el resultado es de lo más descorazonador.
La consecuencia de todo lo anterior es que los partidos políticos están perdiendo credibilidad social, desengañado el elector cuando constata que los programas anunciados se incumplen una y otra vez, y que las decisiones adoptadas a posteriori pueden ser incluso contrarias a la propia ideología del partido. Algo no debe estar funcionando en todo esto cuando, en las últimas encuestas publicadas por el CIS, los partidos políticos siempre se sitúan en cabeza entre los grandes problemas de los que adolece nuestra sociedad.
En estos momentos, nos guste o no el sistema que tenemos, los partidos siguen siendo necesarios, pues su alternativa no está aún definida. Pero es urgente su radical transformación. El ciudadano no quiere enfrentamientos ni descalificaciones partidistas, lo que pretende y necesita son propuestas y soluciones a los continuos problemas que la vida en sociedad nos genera, sin perdernos en ese tránsito en continuas descalificaciones inútiles. Aquí no se trata de ganar la partida al oponente, tal como está ocurriendo, sino de encontrar la solución, venga de donde venga y si viene del contrario, felicitarle por su acierto.
Una de las claves en la enorme revolución tecnológica que estamos viviendo es la considerable reducción de las intermediaciones en todos los ámbitos. Hay incluso quién se atreve a afirmar que ya es posible vivir sin salir de casa. Tomen nota señores políticos, no vaya a ser que esta brutal revolución tecnológica acabe también con viejas estructuras políticas y, ojalá que, de producirse, nos permita encontrar un nuevo sistema de organizarnos en democracia más racional y efectivo del que ahora tenemos.
Las redes sociales han influido mucho en la caída de los partidos como clubs, lugares de reunión, de debate, de estudio, de reflexión, de familiaridad. Hoy la micromanipulación del electorado y la democracia en la que vivimos es una competencia entre equipos de vendedores que tratan que los votantes compren su producto.
Pero los españoles no se rebelan contra sus políticos y los perros de prensa a su servicio que se encargan de dividir y enfrentar la sociedad con drogas mentales de las que también obtienen réditos económicos, a saber, animalismo, ecologismo, ideologías de género o nacionalismos fragmentarios.
CONTINUARÁ…AUNQUE PARECE SER “UNA HISTORIA INTERMINABLE”
QUE ES MANIPULADA A SU CONVENIENCIA POR TODOS LOS PARTIDOS
