El Gobierno, la semana pasada, en la presentación de los PGE 2023 recordó que subirá las pensiones según el IPC medio del año previo, que estima alrededor del “8,5%”, aunque el dato definitivo se conocerá al final del año.
El debate entre expertos españoles
El Gobierno aplicará el aumento, pero el mundo académico propone otras vías
La decisión del Gobierno ha generado un intenso debate entre economistas de diferente procedencia, también entre los cercanos al PSOE. Es ley y el Ejecutivo defiende que pacta sunt servanda. Las pensiones máximas, además, están topadas, recordó María Jesús Montero este lunes. Pero su coste –12.430 millones– ha encendido las alarmas del gremio académico, que cree que sería interesante buscar fórmulas para tiempos extraordinarios.
El Centro de Políticas Económicas de Esade ha publicado un estudio sobre qué va a suponer la revalorización universal de las pensiones con el IPC. Divide la población en diez grupos según sus ingresos para calcular qué parte del coste de la subida se destinará a cada uno. El resultado es que los pensionistas que forman parte del 30% de la población con menos ingresos recibirán un 13% de la revalorización, mientras que aquellos situados entre el 10% de pensionistas con mayor renta lograrían un 21,2%. Proponen revalorizar las pensiones en cuatro tramos:. a mayor renta, menor porcentaje de subida. Calculan que la Seguridad Social se ahorraría un 44,5% de lo presupuestado. Hacienda, en cambio, no lo contempla. Montero fue cristalina: “La dignidad de un país se mide por cómo trata a sus mayores (…) y este Gobierno cumplirá la ley y revalorizará las pensiones con el IPC”.
José Ignacio Conde-Ruiz , subdirector de Fedea, también ha querido participar en el debate. Su postura es que las pensiones más bajas sí suban con el IPC, “o más si es necesario”, pero que las más altas se mejoren como los salarios. El considera que “en una situación tan excepcional, el sistema tiene que tener válvulas de escape para repartir el incremento con la inflación en varios años”.
José Antonio Herce , un experto reputado en estas cuestiones expone que: “No nos engañemos sí debe haber solidaridad, pero que sea vía complementos de renta financiados con los presupuestos, no ordeñado hasta dejar exhausto el principio contributivo. O pocos querrán cotizar”. Plantea que las pensiones suban lo mismo que los salarios, posición que comparte Manuel Conthe, expresidente de la CNMV.
Rafael Doménech, responsable de BBVA Research, aporta otra visión y cree necesario lograr un acuerdo para blindar las prestaciones mínimas y reformas del modelo por arriba. Su principal preocupación es la estabilidad del sistema. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, rebate este diagnóstico al asegurar que el sistema aguanta perfectamente y que van a cumplir la ley. “Nuestros pensionistas deben estar seguros de que no perderán poder adquisitivo”, ha subrayado.
Por su parte, Daniel Fuentes, que trabajó en el departamento de asuntos económicos de Moncloa, es favorable a la subida de todas las pensiones, pero propone una vía alternativa para las más altas: “La cuestión de cómo repartir el esfuerzo no puede considerarse independientemente del nivel de renta o riqueza, sea pensionista o no”. Y añade: “Veo la variable de ajuste en el sistema tributario, progresivo, con medidas excepcionales si la situación lo aconseja, no en la erosión de las prestaciones sociales”. Plantea, por tanto, un posible impuesto excepcional para financiar estas situaciones.
El FMI cree que el gasto en pensiones de España “no es ni será especialmente preocupante
El gasto en pensiones de España “no es especialmente preocupante” para los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que lo ven en la línea de otros países de su entorno. De hecho las estimaciones de la variación del gasto en pensiones en moneda actual (lo que el Fondo estima que cambie el gasto de España de aquí a 2050, teniendo en cuenta la inflación) son muy reducidas en comparación con otras economías de su entorno.
Según datos recogidos en el informe sobre vigilancia fiscal del FMI para 2050, y en moneda actual, España gastará un 6,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) más de lo que gasta ahora en pensiones, lejos del 36,7% que prevén para Italia o del 29% de Alemania. Si no se incluyen en los cómputos las previsiones de la inflación, España gastará de hecho un 0,1% de su PIB menos en pensiones para 2030 de lo que gasta ahora.
Aun así, el Fondo considera que, a largo plazo, se deberá llevar a cabo una reforma de los sistemas de pensiones, y estima que ya hay países más avanzados que otros en este sentido. “El envejecimiento de la población y la transición demográfica son un asunto preocupante para las finanzas públicas de cara al futuro”.
El PP reescribe su discurso sobre las pensiones y el IPC
Feijóo apoya la revalorización mientras siembra dudas sobre la viabilidad del modelo y se niega a revelar qué hará si gana las elecciones. Desde que llegó a la presidencia del PP, él y su equipo económico tratan de evitar esta cuestión hasta el punto de haber eludido durante meses aclarar si el PP va a apoyar o no la revalorización de las rentas de los pensionistas de acuerdo con el IPC, tal y como establece la legislación española.
Finalmente, y con la vista puesta en el año electoral que viene, Feijóo y los suyos han resuelto el dilema diciendo que “la ley debe cumplirse”. Pero el PP sigue defendiendo el modelo de Mariano Rajoy, con él, dijo, “las cosas iban bien”, lo que hay que hacer es “además de mantener el nivel de vida de los pensionistas con un mínimo de dignidad y asegurar la sostenibilidad de sus rentas. Porque los jubilados están muy preocupados por mantener la viabilidad de sus pensiones y por si sus hijos y sus nietos mantienen sus empleos”. “Hay dos clases de políticos, los que piensan en los próximos años y los que piensan en año electoral”.
Lo cierto es que el sistema de Mariano Rajoy, aprobado en 2013, incluía un índice de revalorización de las pensiones que recortaba su incremento en función de variables como el PIB o los salarios. Abandonar el IPC y dañar de nuevo el poder adquisitivo de las pensiones como hizo entonces tiene un elevado coste político, una lección que ya aprendió el PP en 2018.
Feijóo añade que le “parece que a los pensionistas se les ha de garantizar que van a seguir manteniendo sus pensiones hasta el final”, dando a entender que el modelo actual no lo hace. “El Gobierno deberá decir si eso es posible o no en España con el número de pensionistas que van a entrar en los próximos lustros”.
Él, en cualquier caso, no va a explicar cuál es su alternativa. “Cuando sea presidente del Gobierno voy a contestar con exactitud pero no antes”. Una vez en la Moncloa, prometió, su “primer objetivo será la sostenibilidad de las pensiones”, así como “explicarles a los pensionistas la verdad y tomar las decisiones [necesarias] para garantizar la sostenibilidad del sistema”.
La CEOE seguirá negociando la reforma de pensiones
El vicepresidente de la CEOE ha garantizado que la patronal sigue “abierta al diálogo” en la reforma de las pensiones, aunque ha admitido “falta de confianza” hacia el Gobierno. La CEOE reprocha al Gobierno haber subido un 8,6% la base máxima de cotización, como consta en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, sin tratarlo previamente con los agentes sociales.
Pese a sus recelos hacia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el vicepresidente de la CEOE ha insistido en que los empresarios “siempre están dispuestos a dialogar” y ha recalcado que nunca se han plantado abandonar una mesa de negociación. “Tiene que haber una confianza entre las partes. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo y es importante que haya confianza”, ha añadido.
El debate está abierto, pero solo en el plano teórico.
La Ley es sagrada y los 10 millones de pensionistas (y electores)
no perderán poder adquisitivo, de momento.
Es evidente que cuando la gente sale del Gobierno es cuando piensa y habla con mayor libertad y, probablemente por eso, con mayor claridad de mente y espíritu. Al menos cuatro antiguos altos cargos socialistas (economistas todos, los exministros Miguel Sebastián y Jordi Sevilla, o asesores como Ignacio Conde-Ruiz y Daniel Fuentes) han abogado ya en público por no subir todas las pensiones con el IPC al 8,5%. Es importante lo de “en público”, porque en privado lo piensan bastantes más. Incluso alguno en activo. Esto es un indicio claro de que la reforma está mal hecha: requiere al menos de una válvula de escape. Podemos discutir como personas razonables sobre su diseño (cuán grande debe ser y las condiciones para su activación), pero parece ya evidente que esa válvula es necesaria.