Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 han logrado este jueves la convalidación del Congreso de los Diputados y ahora serán enviados al Senado para continuar con su tramitación antes de la aprobación definitiva. Suponen un techo de gasto histórico de 198.200 millones de euros y contemplan ingresos récord de más de 307.000 millones de euros, confiando en el buen comportamiento de impuestos como el IRPF, IVA o Sociedades. El visto bueno del Pleno del Congreso ha sido posible gracias al voto favorable de más de la mitad de la Cámara (53,86%).
Se destinan al gasto social un récord de 266.719 millones de euros (sin incluir los fondos europeos). Es decir, 6 de cada 10 euro se dirigen políticas sociales y el gasto social se eleva hasta los 274.445 millones con los recursos comunitarios.
Los Presupuestos de 2023 consolidan la subida en torno al 8,5% de las pensiones contributivas (conforme al IPC medio anual), además de prorrogar el alza del 15% de las pensiones no contributivas y destinar 3.000 millones de euros al Fondo de Reserva para impulsar la sostenibilidad de las pensiones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que eleva un 0,6% las cuotas de las bases de cotización (0,5% a cargo de la empresa y el 0,1 a cargo directo del trabajador).
El presupuesto total de la Seguridad Social para 2023 asciende a 204.189 millones de euros (9,2% más de la previsión de liquidación de 2022), de los cuales, la mayor partida, 190.083 millones (el 11,4% más que este año), se dedica al pago de las pensiones, incluyendo las contributivas, no contributivas y las de los funcionarios de Clases Pasivas.
1.- Las Pensiones contributivas: subirán en torno al 8,5%
Del total de 190.083 millones presupuestados para pensiones, alrededor de 160.000 millones se emplearán para abonar las pensiones contributivas (87,7% del presupuesto), mientras que se destinarán 3.000 millones para pensiones no contributivas (1,5%) y otra suma, de 20.500 millones, irá dedicada a sufragar las pensiones de los funcionarios del régimen de clases pasivas (10,8% del presupuesto). En total, el sistema asume algo más de 16.400 millones de euros más de gasto.
- Pensiones no contributivas: mantienen el alza del 15%
Los más de 440.000 pensionistas no contributivos existentes seguirán cobrando durante todo 2023 la subida del 15% de las pensiones que vienen recibiendo desde julio.
Es preciso recordar que este 15% de alza de las pagas más bajas fue una medida acordada el pasado junio, pero tenía carácter temporal y caducaba a finales de 2022. Tras el pacto presupuestario, los perceptores de pensiones contributivas continuarán recibiendo los aproximadamente 70 euros mensuales extra que han estado ingresando desde el verano pasado. Es decir, los pensionistas no contributivos entrarán en 2023 cobrando los mismos importes que se les revalorizaron este verano.
La financiación de estas pensiones no contributivas se hará con cargo a un crédito de 3.003 millones de euros por parte del Estado.
3.- Pensiones mínimas: alza del 8,5%
Al igual que las pensiones contributivas, el complemento a mínimos se revalorizará en 2023 en función del dato de IPC medio anual que resulte entre noviembre de 2022 y diciembre de 2021. Según ha corroborado el Gobierno, esta subida será en torno al 8,5%.
Para sufragar este aumento del gasto, se incluye una transferencia destinada a la cobertura de los complementos para pensiones mínimas con una dotación de 7.261 millones de euros (un incremento de 211 millones de euros con respecto a la dotación de 2022.
4.- La ‘hucha de las pensiones’ volverá a llenarse
Por primera vez en 13 años, se realizará una aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también denominado hucha de las pensiones, con 2.957 millones de euros, que procederán de nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
5.- Sube el 8,6% la base máxima de cotización
El próximo año, la base máxima de cotización a la Seguridad Social se incrementará en un 8,6%, con lo cual pasará desde los actuales 4.139,40 euros mensuales, hasta los 4.495 euros (es decir, 54.000 euros anuales), tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Por lo que se refiere a las bases mínimas de cotización, se incrementarán en la misma medida en que lo haga el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo cual habrá que esperar a finales de 2022, que será cuando el Gobierno decida cuánto incrementa la renta mínima. En la actualidad, esta base mínima de cotización está situada en los 1.166,7 euros al mes.
6.- Planes de pensiones y sistemas de ahorro-jubilación
Las aportaciones a planes de pensiones y otras formas de previsión social ahorran impuestos reduciendo la base imponibe del IRPF, hasta el menor de los siguientes límites: el 30% de la suma de rendimientos del trabajo y de actividades económicas o un máximo anual de 1.500 euros anuales. Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales o aportaciones del trabajador, cuando el trabajador aporte lo mismo o menos que la empresa. En 2023 se prevé introducir algo más de flexibilidad, permitiendo que el trabajador (con rendimientos íntegros del trabajo de hasta 60.000 euros) pueda aportar más que la empresa al plan de empleo, en función de la cuantía anual de las aportaciones empresariales realizadas.
Para 2023, se ha introducido un nuevo límite de 4.250 euros para las aportaciones de autónomos a planes simplificados de empleo y para las aportaciones de planes de los que sea promotor el autónomo. Este límite se aplicará también a las aportaciones de planes de pensiones sectoriales. De esta manera, un autónomo puede realizar aportaciones que reduzcan su base imponible hasta 4.250 euros vinculadas a estos nuevos productos y, además, dispone del límite de 1.500 euros para realizar aportaciones a otros sistemas de previsión social. Por tanto, podrá reducir la base imponible un total de 5.750 euros.
7.- IPREM, bono social térmico e Ingreso Mínimo
Asimismo, los Presupuestos también incorporan medidas destinadas a mitigar el impacto de la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania en los sectores más vulnerables. En este sentido, el IPREM, el índice de referencia utilizado para la concesión de numerosas ayudas, aumenta un 3,6% y se situará en los 600 euros, según confirma el Ministerio de Hacienda.
Otra medida para mitigar el encarecimiento de los precios de la energía es el incremento en 102 millones del bono social térmico. Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital se revalorizará también en torno al 8,5%, lo que beneficiará a 1,2 millones de personas, de acuerdo a los cálculos del Gobierno.
8.- Abonos gratuitos en Cercanías y Media Distancia
El Gobierno ha decidido además mantener la gratuidad del transporte en trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes durante 2023, extendiendo así una medida que inicialmente iba a terminar el próximo 31 de diciembre. En concreto, los PGE incluirán una partida de 700 millones de euros para este Ministerio, lo que supondrá un incremento del 41,2% respecto al año pasado, la mayor parte destinada a esta medida, que concentrará cerca de 700 millones de euros.
También se incluye en los PGE la ampliación de la gratuidad del transporte a las líneas de autobús de ámbito nacional. El coste será de 30 millones de euros y se alargará durante todo 2023 (podría entrar en funcionamiento ya arrancado el año). De este modo, se beneficiarán de la gratuidad también algunas poblaciones que no pueden disfrutar de las líneas de Cercanías.
9.- Prórroga de la subida de los alquileres
Dentro de la negociación presupuestaria, el Gobierno ha acordado la prórroga durante todo 2023 del límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler, con lo que se pretende suavizar el golpe de la inflación sobre las rentas medias y las más bajas.
10.- Dependencia recibe 3.522 millones de euros
El programa Autonomía Personal y Atención a la Dependencia alcanza en 2023 la cifra de 3.522 millones de euros (21,4% más que en 2022) con un aumento de 620 millones de euros, cuya gestión dependerá de las comunidades autónomas lo que supone un 150% más que al inicio de la legislatura. Además, con esta subida del gasto social se aumenta la parte que financia el Estado del Sistema de Atención a la Dependencia, si bien no se llega al 50% que reclaman muchas regiones: el porcentaje se sitúa en algo menos de la mitad.
Se dota, además, 185 millones de euros para la financiación del coste para la Administración General del Estado de la suscripción de convenios especiales con la Seguridad Social por parte de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, dentro del ámbito de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
11.- Prestaciones y pensión asistencial para emigrantes
Se reconocen para españoles residentes en el exterior las prestaciones por razón de necesidad y la asistencia sanitaria a los beneficiarios de las mismas. Para 2023 se dotan 40 millones de euros.
Además, se reconoce una pensión asistencial para los emigrantes retornados mayores de 65 años carentes de recursos, en tanto no accedan a la pensión no contributiva de la Seguridad Social por jubilación. Para 2023, se dotan 8 millones de euros.
12.- Economía de los cuidados: 1.346 millones de euros
El Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión cuenta en 2023 con una dotación de 1.346 millones de euros. El Plan de apoyos y cuidados de larga duración concentra el 61% de esta inversión, con 822 millones de euros, que se invertirán en seis ámbitos de actuación:
1) Hacer una evaluación de la situación actual de las políticas de cuidados, y especialmente del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
2) Elaborar una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, conteniendo los estudios necesarios para ello y la realización de campañas de sensibilización y difusión del proyecto.
3) Financiar al menos cuatro proyectos piloto, para demostrar cómo funcionan las nuevas políticas y para utilizarlas como experiencias de aprendizaje.
4) Financiar nuevos equipamientos públicos de tamaño y diseño adecuados para este modelo, o la remodelación de los existentes.
5) Impulsar centros de día innovadores e integrados en la comunidad que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, favoreciendo su desarrollo también en áreas rurales.
6) Introducir equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal mediante el uso de la teleasistencia avanzada.
13.- Prestación por desempleo mejorada
La prestación por desempleo se verá modificada afectando a unas 300.000 personas. Se vuelve a la situación existente antes del recorte de 2012, ya que, a partir del séptimo mes, la base reguladora de la prestación por desempleo volverá a ser del 60%, frente al 50% que estableció en 2012. Esta mejora puede implicar un incremento para quienes cobren el paro más allá de los primeros 180 días de unos 100 euros de media, según los cálculos del Ejecutivo.
14.- Los nuevos tipos en el IRPF
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 incrementa la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, que beneficiará a contribuyentes que obtienen salarios brutos de hasta 21.000 euros, además de modificar los límites que exoneran de la obligación de retener, que beneficiará a los contribuyentes que obtienen menores rentas. El Proyecto de modificación del Reglamento del Impuesto prevé limitar la cuota de retención en caso de contribuyentes que obtengan hasta 35.200 euros anuales, a pesar de que estos contribuyentes seguirán pagando los mismos impuestos (solo mejoran los que cobran hasta 21.000).
Además, se eleva desde los actuales 14.000 euros a los 15.000 euros el salario bruto anual exento de pagar el IRPF.
En el ejercicio de 2023 se aumenta el gravamen al que estarán sometidas las rentas del capital desde 200.000 euros. En concreto, se incrementará hasta el 27% el gravamen para las rentas del capital entre 200.000 y 300.000 euros; y hasta el 28% el aplicable a las rentas superiores a los 300.000 euros. Esta medida afectará a 17.814 contribuyentes y tendrá un impacto superior a los 200 millones.
15.-Los nuevos impuestos: a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas
El impuesto a la banca consiste en una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones que cobran las entidades financieras, siempre y cuando en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros por estos dos conceptos. Estará vigente durante dos años, para recaudar al menos 3.000 millones de euros. Se aplicará también a las filiales de los bancos extranjeros con sucursal en España, al margen del volumen de sus ingresos.
Por su parte, el gravamen a energéticas consiste en la imposición de un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual a las empresas que facturen más de 1.000 millones anuales. El objetivo del Gobierno es ingresar en torno a 4.000 millones de euros en los dos ejercicios de vigencia.
Los dos nuevos gravámenes, en principio de carácter temporal, tendrán que ser pagados por los bancos y las empresas energéticas, por lo que, en principio, no deberían de tener ningún efecto colateral en los usuarios de esas compañías. Sin embargo, y pese a la prohibición del Gobierno de repercutir el impuesto a los clientes, tanto las asociaciones de consumidores como los expertos, advierten de que existe el riesgo de que los acaben pagando los consumidores, en forma de subida de precios. Precisamente, el Banco Central Europeo (BCE) criticó hace días la nueva tasa a la banca, afirmando que podría ser «perjudicial» para el sector y pidiendo libertad para trasladarlo directamente en los clientes.
El nuevo impuesto a las grandes fortunas, que deberán pagar quienes posean un patrimonio neto a partir de 3 millones de euros, afectará a unos 23.000 contribuyentes, previsiblemente durante dos ejercicios, y la previsión es que recaude en torno a 1.500 millones de euros cada año. El Gobierno va a estudiar si lo prorroga más allá de dos años, o incluso si lo convierte en permanente.
Este impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas solo afectará a los contribuyentes de diez comunidades autónomas, aquellas que tienen tipos del impuesto de patrimonio inferiores a los del nuevo gravamen. El nuevo gravamen es deducible en el impuesto de patrimonio, por lo que no tendrá efecto en las regiones que tienen tipos superiores a los del nuevo tributo (1,7% para fortunas de entre 3 y 5,4 millones; 2,1% entre 5,4 y 10,7 millones; y 3,5% a partir de los 10,7 millones). Es decir, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Castilla y León.
Sin embargo sí afectará a las grandes fortunas que residan en las otras diez comunidades autónomas, según el diferencial entre los tipos que tienen fijados y los del impuesto de solidaridad. Por ejemplo, los contribuyentes de Madrid y Andalucía, donde el impuesto de patrimonio está bonificado en su totalidad, tendrán que pagar el nuevo gravamen, siempre que su patrimonio supere los 3,7 millones de euros, el mínimo a partir del cual aplica.
