Los funcionarios de distintas ramas de la Administración han elevado sus demandas después de años reclamando refuerzos de personal y mejoras salariales, lo que obliga a Hacienda a abrir la mano.
Apenas unos días después de las manifestaciones por el Día del Trabajador, patronal y sindicatos rubricaban el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que ponía fin a más de un año de conversaciones, en el que el Gobierno aprobaba la segunda parte de la reforma de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin el respaldo de los empresarios, lo que generó diferentes fricciones.
La publicación del acuerdo marco, que servirá como referencia para la aplicación de mejoras salariales de aquí a 2025 en los convenios colectivos del sector privado, ha coincidido con una creciente conflictividad laboran en el seno de la Administración Pública
Los representantes sindicales de los trabajadores públicos llevaban años advirtiendo de la acuciante carencia de recursos humanos en la mayoría de plantillas del sector público, ante la falta de remplazo generacional pues se estima que más del 85% de los trabajadores públicos tiene más de 50 años.
MINISTERIO DE JUSTICIA: LETRADOS, JUECES Y FISCALES
El último año ha sido complicado en lo laboral para la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha tenido que hacer frente a sendas protestas, primero de letrados y después de jueces y fiscales que han taponado los juzgados de todo el país. Tras un intenso proceso de negociaciones, la propuesta presentada por el Ministerio de Justicia convencía a seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales, mientras la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -de corte conservador y la mayoritaria- aseguraba que el último papel no era «satisfactorio».
El Gobierno puso sobre la mesa un paquete de 46,7 millones de euros, que implica una subida de 450 euros al mes para cada profesional, un aumento de 200 plazas de estas carreras, una subida en el complemento de destino y la creación de una mesa de diálogo que se reunirá con periodicidad anual. Así la huelga indefinida que daba comienzo el lunes 22 ha quedado desconvocada. Una vez se haya escenificado la rúbrica, el texto será aprobado en Consejo de Ministros.
El incremento salarial iguala al conseguido por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en marzo, que ahora reprochan al Ministerio el mejor trato ofrecido a los jueces y fiscales y reclaman que se les devuelva el sueldo correspondiente a los días que estuvieron en huelga, dado que «abrió la puerta a otros a costa de sus salarios». Al margen de estas demandas, quedan pendientes otras negociaciones en el seno de la cartera, como la de los funcionarios (médicos forenses, personal del Instituto Nacional de Toxicología, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) en la que los sindicatos han decidido abandonar la mesa.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL: LOS INSPECTORES DE TRABAJO
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han convocado paros parciales y una huelga entre el 26 y el 30 de junio que no descartan que pueda pasar a ser indefinida si no se produce un refuerzo de «personal y medios». Las siete asociaciones sindicales con representación en este cuerpo de funcionarios denuncian que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo en julio de 2021 no se ha implementado. Según explicaron los portavoces, las organizaciones ultiman una denuncia que presentarán en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la cartera de Yolanda Díaz, por incumplir este pacto.
Esta sería la segunda denuncia efectuada por esta cuestión, dado que los representantes sindicales presentaron otra ante la representación de la Comisión Europea contra el Gobierno por incumplir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en esta materia. Sin embargo, desde el Ministerio inciden en el incremento del presupuesto destinado por el Estado a la ITSS -del 40% desde 2020- y apelan a la incorporación de 200 trabajadores de personal auxiliar efectuada para frenar la anterior amenaza de huelga y recuerdan que se ha duplicado el número de plazas ofertadas respecto a la anterior convocatoria pública. Y garantizan que el texto de 2021 se va a aplicar en los términos acordados.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
El 11 de mayo CSIF y CCOO convocaron paros parciales cada viernes en las oficinas de la Seguridad Social y la primera huelga de la historia para el 7 de septiembre, al denunciar una «falta de voluntad» del Ministerio de José Luis Escrivá de aplicar soluciones. La insuficiencia de personal en este organismo se había vuelto evidente para los ciudadanos que cada vez encontraban más dificultades para conseguir una cita en la que gestionar su solicitud de jubilación o del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un problema del que la oposición y en concreto, el Partido Popular se ha hecho eco en repetidas ocasiones durante las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y que llevó a la cartera a reservar un porcentaje de atención sin cita previa. Fuentes del Ministerio admitían en privado la necesidad de incorporar trabajadores a estas plantillas, pero apuntaban a una intensa negociación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que ‘diese su brazo a torcer’.
Para los representantes de los trabajadores, el acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenía que incluir un importante refuerzo de personal que compensase las jubilaciones que se habían producido en los últimos años y trazase un plan para las que se iban a efectuar en la próxima década. No obstante, tras la amenaza de huelga, el pacto se alcanzó en tiempo récord con la promesa de incorporar a 2.500 efectivos a través de una oferta pública de empleo y hacer estructurales las plazas de otros 1.025 trabajadores incorporados como refuerzo para la gestión del IMV. Lo que deja un saldo de 3.525 nuevos funcionarios. Además, podrán disfrutar de dos días de teletrabajo a partir de 2024 y se ha programado un calendario de reuniones en las que se estudiará un programa de incentivos.
Fuente: La Información Justicia, Trabajo, Seguridad Social … el conflicto laboral pasa al sector público (lainformacion.com)
