El Ministerio de Trabajo ha citado el próximo miércoles a CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIG para abordar el conflicto por la relación de puestos de trabajo acordada en 2021
El conflicto laboral en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene de lejos, los sindicatos más representativos cerraron un acuerdo con el Gobierno en 2021 para reestructurar la plantilla, incorporar personal y mejorar las condiciones laborales del personal a través de una relación de puestos de trabajo (RTP). No obstante, tres años más tarde este sigue sin materializarse y los representantes de los trabajadores denuncian que no han tenido noticias por parte del Ejecutivo desde las elecciones de julio. Tras doce meses en los que el conflicto ha permanecido congelado, los sindicatos se reunirán con el Ministerio de Trabajo el miércoles, según trasladan a La Información fuentes de la negociación.
El citado acuerdo se cerró en julio de 2021 con el departamento que dirige Yolanda Díaz, sin embargo, este ministerio acabó asumiendo un papel de mediador entre los representantes de los trabajadores y el Ministerio de Hacienda y Función Pública -tutelado por María Jesús Montero- cuando escaló el conflicto en la primavera de 2023. Desde Trabajo se expresaba a los negociadores “voluntad” de cumplir con lo acordado y se acusaba a la cartera socialista de estar frenando las mejoras por motivos políticos al estar a las puertas de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.
Hacienda optó por presentar una nueva propuesta a los sindicatos que según su criterio mejoraba lo cerrado con Trabajo que no convenció a los representantes de los trabajadores en vez de llevar el texto a la Comisión Interterritorial de Retribuciones que debía dar luz verde al acuerdo. Lo que hizo pasar de paros parciales y movilizaciones puntuales frente a la sede de Función Pública a una huelga “indefinida” que quedó en papel mojado por la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. A pesar de que sí se atendieron las demandas en Seguridad Social o Justicia este no fue el caso de la ITSS, por lo que se desconvocó el paro.
Tras meses de actividad en funciones, el nuevo Ejecutivo dividió en dos ministerios este departamento de forma que la vicepresidenta primera mantuvo el control de Hacienda y el antes ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asumió las competencias de Función Pública. Lo que supone que uno tiene capacidad de decisión sobre las retribuciones y otro sobre lo que se refiere a recursos humanos, un contexto que los sindicatos contactados por este medio entienden que complica aún más la marcha de las conversaciones. Esta reconfiguración ha mantenido el conflicto enquistado, por lo que la reunión de esta semana será clave para abordar en qué punto se encuentra este compromiso y en qué medida Sumar va a ‘pelear’ esta materia en el seno del Gobierno.
Las fuentes contactadas recuerdan que si bien el acuerdo acumula ya tres años de retraso, la obligación de desarrollar esta RTP se remonta al año 2018 cuando se aprobaron los estatutos del Organismo Autónomo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por ello, la mesa en la que están sentados CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA también ha sido crítica con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por consentir que el problema se haya extendido durante tanto tiempo mientras ha hecho gala del trabajo del organismo y le ha encomendado nuevas funciones.
Durante la pasada legislatura el organismo fue clave para la puesta en marcha de la ‘ley rider’ y la afloración de falsos autónomos, el control del uso de los contratos fijos discontinuos -que registraron una proliferación tras la aprobación de la reforma laboral- y en el control del registro de jornada en las empresas que ahora está en el centro del debate a raíz de la mesa de negociación para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas. Es por ello que los representantes de los trabajadores denunciaron que se habían sentido utilizados en un enfrentamiento político entre las fuerzas que componían el Gobierno y los secretarios generales de CCOO y UGT escribieron a las dos ministras competentes para reclamar la solución del conflicto.
Los sindicatos más representativos inciden en que España está lejos de cumplir con las recomendaciones europeas que sitúan el umbral en un inspector o subsinspector por cada 10.000 trabajadores, mientras que el país se situaría en uno por cada 15.000 -con una plantilla que ronda los 3.100 empleados según las cifras arrojadas por los representantes de los trabajadores hace un año-. Y este era uno de los puntos claves del pacto de 2021 en el que el Gobierno se comprometía a considerar a la ITSS como servicios esenciales en las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023 para recoger unas tasas de reposición que pudieran reforzar el servicio.
Fuente: La Informacion El Gobierno se reunirá con los sindicatos de la Inspección de Trabajo tras un año de bloqueo (20minutos.es)
