EL CALENDARIO APRIETA: LOS FONDOS EUROPEOS, PENDIENTES DE LA FICHA DE LA PENSIONES

 

El Gobierno fija ahora el 30 de abril para la entrega del plan definitivo a Bruselas. Escrivá también tiene previsto dar explicaciones el próximo 12 de abril en la Cámara Baja.

 

La reforma de pensiones tiene sus consecuencias en el Plan de Inversiones que Moncloa había previsto presentar ante Bruselas y que dará acceso a los 72.000 millones en transferencias que recibirá España. La Comisión exige que las reformas sean duraderas en el tiempo, lleguen al Boletín Oficial en tiempo y forma y que estén acordadas en el diálogo social para no tener problemas posteriores. Escrivá, por tanto, tendrá que esforzarse para lograr la cuadratura del círculo: un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos, un pacto con patronal y sindicatos y el visto bueno de los ‘comisarios’ europeos.

Las conversaciones sobre la “ficha de las pensiones”, la más problemática de las treinta remitidas a Bruselas se encuentran “prácticamente bloqueadas”, según indican diferentes fuentes implicadas en los contactos, lo que complica la negociación con Bruselas y la presentación definitiva del Plan de Inversiones y Reformas que debería estar elevado a la Comisión Europea el 31 de marzo, la próxima semana. De hecho, ahora el Gobierno está empezando a hablar de otro plazo: finales de abril. Los agentes sociales denuncian también que la reforma de pensiones se esté negociando “por fascículos” y no como un proyecto completo

Los problemas en esta primera fase de las negociaciones son, al menos, tres:

  1. la llamada “jubilación forzosa” al cumplir la edad legal ordinaria de jubilación que Escrivá pretende eliminar por recomendación (o exigencia) de Bruselas. El Gobierno plantea, por tanto, que el empleado pueda trabajar hasta el momento que quiera y los negociadores no están dispuestos a aceptarlo porque consideran que se generaría un tapón que impediría a los jóvenes a acceder a determinados puestos de trabajo. Además, patronal y sindicatos argumentan que es un asunto que fue pactado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que se encuentra incluido en los convenios

 

  1. revalorizar anual de las pensiones sin que los jubilados pierdan poder adquisitivo . El ministro propone indexarlas al IPC pero pretende introducir un mecanismo que absorba las subidas el año que el IPC sea negativo y en tal caso las pensiones no se incrementarán y la diferencia se calculará con una media en los tres siguientes años que sí suban las pensiones.

 

  1. -acercarla edad real de jubilación a la legal. El ministro propone endurecer la jubilación anticipada con coeficientes reductores y ampliar los ‘premios’ a quien se mantenga trabajando, aumentando la pensión, recibir un cheque en el momento de la jubilación.

 

Las negociaciones no avanzan y ha habido únicamente tres encuentros: en diciembre, a finales de febrero y el pasado lunes 22 de marzo. Volverán a verse el próximo lunes de Semana Santa. En estas negociaciones no se está hablando de momento de otros tres asuntos más polémicos y problemáticos:

  1. La defenestrada medida para elevar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años que Escrivá sí incluyó en un primer borrador de trabajo pero Unidas Podemos se reveló y ha quedado, de momento, eliminada, aunque todo apunta a que tarde o temprano volverá a incorporarse.
  2. El “instrumento de ‘solidaridad‘ entre generaciones que sustituiría, al “factor de sostenibilidad” de la reforma de las pensiones del PP de 2013, de momento en hibernación hasta 2023, y mediante el cual el ministro pretende que no se cargue exclusivamente sobre nuevos pensionistas el coste de una mayor expectativa de vida. Este nuevo factor levanta los recelos internos del propio Gobierno de coalición pues se habla del mecanismo como “un sucedáneo del factor de sostenibilidad de Fátima Báñez”.
  3. La implementación del Fondo Público de Pensiones que articularía a nivel nacional los Planes de Empleo de las empresas (de capitalización) y que se anuncian serán la salvación del actual sistema público de pensiones de reparto al que se pretende complementar, pero no sustituir, con dichos Planes de Empleo .

Si somos una democracia plenano hay que hurtar a los ciudadanos de la verdad en materia de pensiones, porque tal y como estándentro de unos años, no se van a poder pagar las pensiones, hay que decírselo a la gente”.

PLAN DE REFORMAS LISTO PARA EL 31 DE MARZO

El Gobierno quería tener el Plan de Inversiones y Reformas cerrado con Bruselas el 31 de marzo y, a continuación, la voluntad del equipo de Sánchez es llevarlo al Congreso de los Diputados para, en un pleno monográfico, ofrecer explicaciones parlamentarias.

 

En la cúpula del área económica del Gobierno, con Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos, que son los que está negociando con Bruselas el Plan de Inversiones y Reformas que dará acceso a los 140.000 millones de las ayudas europeas, están preocupados sobre el tema de las pensiones pues aunque la Comisión Europea no exige a España medidas concretas lo que quiere conocer la Comisión, “con todo lujo de detalles”, son las cifras de las reformas y las interrelaciones de todo el plan.

 

Las reglas en Bruselas ya están fijadas. De hecho, el Consejo Europeo dio el visto bueno definitivo el pasado viernes 12 de febrero al Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que establece las reglas bajo las que se articularán las ayudas comunitarias a todos los países.

Uno de los puntos más importantes del texto es el artículo 19: “En caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera“. Es decir, el país cumplidor no tendrá problemas.

Sin embargo, prosigue el mismo artículo 19, “cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados en el Plan de Inversiones y Reformas] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá“. De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Se trata de un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión.

Continúa el reglamento: “Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera“. Es un aviso a navegantes: si no se cumple, el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse. España está trabajando para que no ocurra.

LAS ESPADAS SIGUEN EN ALTO, PERO SI EL GOBIERNO NO HACE REFORMAS, TENDRÁ QUE HACER RECORTES Y SERÁN MUY DUROS

AQUÍ PUEDES DESCARGARTE LA FICHA COMPLETA

Descarga la ficha en PDF

 

Deja un comentario