El Banco de España en su Informe Anual 2023 hace una llamada de atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar un problema de “extraordinaria envergadura” y “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”, señala en su informe anual
La sostenibilidad del sistema público de pensiones
De cara al futuro, entre los factores que ejercerán notables presiones sobre los niveles de gasto de las administraciones públicas y, por ende, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Banco de España menciona el “profundo cambio demográfico en el que la población española está inmersa”. Éste supondrá, en las próximas décadas, “un apreciable aumento del gasto en pensiones, pero también del gasto en sanidad y en cuidados de larga duración”.
Como parte de este proceso, el BdE considera que “será necesario evaluar de manera continua y rigurosa la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, toda vez que el análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en el mismo desde 2021 apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos”.
En 2023, el gasto en pensiones, incluyendo las prestaciones contributivas, no contributivas y las clases pasivas, alcanzó el 13,1% del PIB. Eso supuso el 28,3% del gasto no financiero en Contabilidad Nacional de las AAPP. De acuerdo con las proyecciones del Informe sobre Envejecimiento de la Comisión Europea, ese gasto escalará hasta el 17,3% del PIB en 2050. Según la AIReF, alcanzará el 16,2% del PIB en dicho año, mientras que el número de pensiones se incrementará desde los 11,1 millones actuales hasta los 16,7 millones.
El director general de Economía y Estadística del BdE, Ángel Gavilán, advirtió en este sentido que “a partir del reciente informe de envejecimiento publicado por la Comisión y los cálculos q ha venido haciendo la AIReF sobre los ingresos, parece evidente que habrá que adoptar medidas adicionales en 2025” por uno de los dos lados, y alertó de que hacer “descansar la financiación del sistema solo en un aumento de las cotizaciones sociales podría dañar el aumento del empleo y competitividad”.
El simulador del Banco de España
Según el simulador que ha desarrollado el Banco de España, sin contar que en la decisión de demorar la jubilación influyen los incentivos, el gasto en pensiones contributivas a largo plazo equivaldría al 12% del PIB en 2021, se elevaría «significativamente» en los próximos años y alcanzaría distintos niveles en función del crecimiento económico proyectado. Así, se situaría en una banda comprendida entre el 14,3%, bajo un escenario favorable, y el 16,9%.
En cualquier caso, en 2022 y, especialmente, en 2023, el Banco de España constata que el número de jubilaciones retrasadas ha aumentado «significativamente». En concreto, el peso sobre el total de altas de jubilación, situado en el 4,8% en 2021, aumentó hasta el 5,4% en 2022 y hasta el 8,1% en 2023. De hecho, superaron las 26.000 el año pasado, lo que implicó un crecimiento del 50% con respecto al anterior.
El Banco de España señala que las proyecciones del Gobierno necesitarán, «con alta probabilidad», medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto futuro en pensiones. En este sentido, la institución advierte de que, en caso de ser necesaria la activación de la cláusula de salvaguarda prevista la reforma, «hacer descansar la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española».
En consecuencia, de cara al futuro, la institución aboga por analizar el efecto de los incentivos de demora de la edad de jubilación; estudiar los efectos del alza de cotizaciones sociales sobre el mercado de trabajo y la competitividad de las empresas, así como sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional.
Fuertes desajustes en el mercado laboral
Los cambios tecnológicos y demográficos en curso en España podrían llegar a causar una profunda transformación del mercado laboral: “Los cambios tecnológicos proceden principalmente de los desarrollos de la robótica y de la inteligencia artificial; los demográficos tienen que ver con el envejecimiento de la población trabajadora, fruto de la reducción del tamaño de las nuevas cohortes que entran en el mercado de trabajo y del alargamiento de la vida laboral. Ambos fenómenos tienen implicaciones importantes para la demanda y la oferta de trabajo, así como para la eficacia de las políticas de empleo”, alerta la autoridad monetaria.
El mensaje en este sentido es claro: a pesar de que los flujos migratorios han registrado un dinamismo muy elevado en los últimos años, el Banco de España afirma que “no parece probable que puedan evitar el proceso de envejecimiento poblacional en el que se encuentra inmerso España, ni resolver por completo los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español en el futuro”.
Tal y como se detalla en el informe, la capacidad de los flujos migratorios para mitigar de forma apreciable el proceso de envejecimiento poblacional es limitada, y pone algunos ejemplos a modo de aviso.
Así, para que la tasa de dependencia en 2053 permanezca en el 26,6% de ahora, dado que los mayores de 66 años proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se cifran en 14.847.105, se necesitaría un colectivo entre 16 y 66 años de 55.897.931.
España necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas
En España el envejecimiento será incluso más acusado que en otros países: haría falta que en 2053 se triplicaran las previsiones que hace el INE en su estadística sobre los extranjeros residentes para que pueda permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas.
Según los supuestos del INE, en 2053, habría 12.355.237 nacidos fuera entre 16 y 65 años y 18.870.103 nacidos en España, por lo que, si se mantiene este último número, se requeriría que en 2053 hubiera 37.027.828 personas nacidas fuera entre 16 y 65 años. Es decir, en 2053 se necesitarían 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar.
El Banco de España aclara que estas cifras no son una estimación del número de inmigrantes que deberían llegar a España (flujo), sino en cuánto debería haber aumentado el stock en esa fecha.
Para dentro de tres décadas, el INE espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. Con estas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que para mantener la tasa de dependencia actual, situada en el 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones hasta un total de 37 millones. Habría bastantes más trabajadores foráneos que españoles. E implicaría que se tendrían que crear unos 800.000 puestos de trabajo al año solo para acoger estas llegadas.
Con más de un 17% de los residentes nacidos fuera, España ya está entre los cuatro países del mundo con una mayor proporción de extranjeros tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. A la luz de estos números y a pesar del elevado dinamismo de los flujos migratorios hacia España, “no parece probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmerso nuestro país”, concluye. Por otra parte, aunque contribuyen de forma decisiva a paliar la escasez de mano de obra, los inmigrantes no presentan la formación de los nacidos en España y no servirían en esa medida para responder a las necesidades que creará la transformación tecnológica.
De acuerdo con la EPA «a finales de 2023, dentro del colectivo de extranjeros que llevan menos de 1 año en España, alrededor del 80% de aquellos en edad de trabajar no tenían estudios universitarios y más del 70% trabajaban en actividades de baja cualificación, como servicio doméstico, construcción, comercio y hostelería. Estos porcentajes son similares a los que se observaban en 2008, del 87,4% y el 60,4%, respectivamente».
Estas cifras -indican el órgano regulador- «contrastan con las que se registran en el caso de los nativos, entre los cuales menos del 29% trabajaba en ocupaciones de baja cualificación en 2023».
Además -añade-, entre el colectivo de personas nacidas en España que emigran es especialmente elevada la incidencia de aquellas con estudios universitarios, que representaban en torno al 60% del total en 2022.
Respecto a estas nuevas políticas migratorias, el Banco de España destaca la reforma de la Ley de Extranjería, «una norma que flexibiliza el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, facilita la entrada de emprendedores desde el extranjero, incorpora la formación en la figura de arraigo y, -mantiene- posibilita el acceso al mercado laboral de los estudiantes extranjeros. Por otro lado -sustancia- en los últimos años el Gobierno ha venido firmando diversos acuerdos migratorios con distintos países. Entre ellos, destaca el acuerdo suscrito en 2023 entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, México y España para promover la migración regular desde América Central y del Sur».
Jubilación demorada
El alargamiento de la vida laboral, que ya se está produciendo, puede contribuir a reducir algunos de los efectos adversos del envejecimiento poblacional sobre el mercado laboral. Las tasas de empleo de trabajadores cercanos a la jubilación han aumentado significativamente.
“Sin embargo, tampoco este alargamiento de la vida laboral podrá compensar totalmente la disminución del volumen de nuevos entrantes en el mercado de trabajo. Por una parte, aunque aún existe un cierto margen para seguir extendiendo en el tiempo la vida laboral de los trabajadores españoles, este proceso se enfrenta a algunas limitaciones, como las relacionadas con el estado de salud de los trabajadores de mayor edad. Por otra parte, los trabajadores de mayor edad no son sustitutos perfectos de los más jóvenes, dado que sus cualificaciones profesionales, sus aptitudes y sus facultades laborales son distintas”, sostiene el Banco de España.
Por lo tanto, a juicio del supervisor financiero, los trabajadores de mayor edad “no podrán cubrir completamente el tipo de ocupaciones para las que se demandan trabajadores de menor edad. Esta apreciación es coherente con el hecho de que la tasa de empleo de los jóvenes no disminuye con el retraso de la edad de jubilación. Más bien al contrario, aquellos países con tasas de empleo más elevadas entre la población de mayor edad también suelen disfrutar de tasas más altas de empleo juvenil”, señala en su informe anual correspondiente a 2023.
Así se cuestiona directamente una de las principales medidas de ahorro que ha planteado el Ejecutivo y que ha aceptado Bruselas como buena: los incentivos para demorar de forma voluntaria la jubilación más allá de la edad legal. Los cálculos del Gobierno sostienen que en 2050 el gasto puede bajar en unos 1,4 puntos de PIB porque la mitad de los trabajadores van a retrasar por voluntad propia su retiro durante tres años. El Banco de España ni siquiera cuestiona el número de ciudadanos que vayan a posponer su jubilación, que ha aumentado desde el 4% al 8% de las jubilaciones en los últimos años y que, por lo tanto, dista mucho del 50% de ellas. Respecto a esto, el supervisor simplemente afirma que hay mucha incertidumbre sobre cuántos retrasarán su retiro.
Pero lo que sí pone en duda es la cifra de ahorros que se pueden obtener tomando la muestra de vidas laborales de la Seguridad Social. Con estas apunta que el ahorro podría ser bastante más reducido: al menos la mitad de lo que calcula el Ejecutivo, en parte porque después tendrían que pagarles más prestación por los incentivos. Estos consisten en un 4% más de pensión por año demorado o una cifra bastante menor en un solo desembolso. Por cada año que se logre posponer la jubilación, el Gobierno calcula un ahorro de nueve décimas de PIB, mientras que el Banco de España lo estima entre dos décimas si todos toman el 4% anual y seis décimas si todos cogen el pago único. En consecuencia, en lugar de la mitad de los trabajadores, todas las altas ordinarias tendrían que producirse tres años más tarde tomando el pago único para acercarse a la cifra de ahorro esperada por el Gobierno. Si un porcentaje importante tomara el 4% anual como sería lógico, el ahorro acabaría siendo bastante inferior. “Tendría un efecto limitado en la reducción del gasto en pensiones
Aumento de las cotizaciones e incremento del MEI
advierte contra la tentación de subir más las cotizaciones sociales para financiar las pensiones: puede costar 50.000 empleos
Menos empleo y competitividad. Ese es el escenario al que se arriesga España si la vía para sufragar el incremento del gasto en pensiones que parece venirse encima es el aumento de las cotizaciones sociales. Así lo advierte el Banco de España en un análisis que incluye en el Informe Anual de 2023 sobre el sistema de pensiones público.
El organismo recuerda que en 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda introducida por la última reforma de las pensiones pilotada por José Luis Escrivá. Dicha cláusula estipula que, si la proyección del gasto medio en pensiones en el período 2022-2050 publicada en el Informe sobre Envejecimiento, corregido por las medidas de ingresos adoptadas a partir de 2020, se desvía del 13,3% del PIB, el Gobierno deberá identificar un conjunto de medidas para corregir la desviación. Estas, detalla el Banco de España, pueden consistir en actuaciones dirigidas a incrementar los ingresos del sistema de pensiones, reducir los gastos del mismo o una combinación de ambas. En caso de ser necesarias, estas medidas deberán entrar en vigor en 2026. Y si no se acordase ninguna medida, se produciría un incremento automático de las cotizaciones sociales en dicho año.
La institución que dirige Pablo Hernández de Cos asegura que las proyecciones del Informe sobre Envejecimiento muestran que, “con alta probabilidad, se necesitarán medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto futuro en pensiones”. El análisis detalla que el gasto en pensiones promedio en el período 2022-2050 se sitúa, de acuerdo con el Informe sobre Envejecimiento, en el 15,4% del PIB en el escenario base. Por su parte, la AIReF cuantificó el impacto de las medidas de ingresos en el 1% del PIB en promedio en dicho período. Por tanto, el nivel de gasto en pensiones neto de las medidas de ingresos aprobadas alcanzaría el 14,4% del PIB, por encima de la referencia del 13,3% del PIB que establece la normativa.
Este escenario llevaría a la necesaria activación de la citada cláusula de salvaguarda. En caso de tener que hacerlo, el Banco de España advierte de que “hacer descansar la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española”. El supervisor asegura que sus ejercicios de simulación sugieren que existe “una relación entre los tipos efectivos de las cotizaciones sociales y la evolución del empleo”. En particular, advierte, “los resultados apuntan a que un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio generaría, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%”, unos 50.000 empleos.
Como ha argumentado otras veces, la institución recuerda que la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 ha aumentado las obligaciones de gasto sin elevar en la misma medida los ingresos. Y apunta que en 2025, con una alta probabilidad, se pondrá en marcha la cláusula de revisión de las pensiones que impuso Bruselas. Esta obliga a que, si no se acuerdan otras medidas alternativas, se tengan que subir las cotizaciones por valor de la desviación prevista en el gasto. Sin embargo, el Banco de España desaconseja tomar la vía de subir las cuotas sociales: según sus estimaciones, por cada punto que suban las cotizaciones se pierde un 0,25% del empleo al cabo de cuatro años. Unos 50.000 trabajos por cada punto. La reforma aprobada ya contempla una subida de casi tres puntos sin poner en marcha la cláusula de revisión del MEI de 2025. Podría ser perjudicial para el empleo, la competitividad de la economía y tener consecuencias sobre la equidad intergeneracional, afirma el supervisor.
Por este motivo, propone analizar alternativas a las alzas de cotizaciones. Y entre ellas pone sobre la mesa evaluar las llamadas tasas de reemplazo. O lo que es lo mismo: cuánto porcentaje de su salario se lleva el trabajador a su pensión. Esta es una medida de la generosidad del sistema y es una cifra que se encuentra en cotas superiores a la media de los países del entorno, apunta el Banco de España. Rebajarla supondría un recorte de la pensión inicial pero ayudaría a la sostenibilidad del sistema. También reclama que se examine la evolución del ahorro privado y su capacidad para completar el sistema público de prestaciones.
ENLACE AL INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA
