El Gobierno vuelve a subir las cotizaciones a la Seguridad Social con su llamada “cuota de solidaridad”, que no devenga derechos, dentro de su plan equivocado de saneamiento de la Seguridad Social, que no mejora su viabilidad, sino que la compromete, y también aumenta la base máxima de cotización un 4%, muy por encima de lo que se incrementa la pensión máxima (2,8%), en claro engaño a los pensionistas futuros.
Después de la subida extraordinaria de 0,6 puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social que el ministro Escrivá pactó con los sindicatos a finales de 2021 y que entró en vigor en 2023, después de subir un 8,6% de la base máxima de las cotizaciones a la Seguridad Social en el pasado para tratar de cuadrar unas maltrechas cuentas que se ven puestas en riesgo por la insensatez del Gobierno al abandonar el factor de sostenibilidad y revalorizar las pensiones con el IPC, ahora, sigue con el avance confiscatorio por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social. Con ello, las bases máximas verán encarecida su aportación a la Seguridad Social en más de 2.000 euros, de los que unos 350 euros los perderá él de la nómina y el resto supondrá un mayor coste empresarial, puesto que es la parte que paga la empresa por cuenta del trabajador, porque, al fin y al cabo, del valor que este último aporte tiene que salir, lo que implica sueldos más bajos para compensar el mayor coste laboral vía cotizaciones.
Esta medida es tremendamente negativa para la actividad económica y, por tanto, para el empleo, y si lo es para el mercado laboral terminará siéndolo para la recaudación por cotizaciones sociales, pues si hay menos empleo, habrá menos recaudación, con lo que, en el medio y largo plazo terminará por conseguir lo contrario de lo que pretende. Y, además, es injusta, pues la pensión máxima a la que da derecho la base máxima no subirá lo mismo.
Las cotizaciones a la Seguridad Social no son un impuesto formalmente, pero actúan realmente como tal, al suponer un porcentaje superior al 30% que se aplica sobre la base de cotización, que es igual que decir que se aplica sobre el sueldo de los trabajadores hasta llegar a la base máxima de cotización. Por tanto, es un sobrecoste que han de asumir las empresas como coste y los trabajadores como menores ingresos, que en la parte que paga directamente la empresa por cuenta del trabajador ni siquiera perciben, pues no aparece reflejado en sus nóminas.
Este sucedáneo de impuesto, que grava más de un 30% el trabajo, supone un freno al empleo y un incentivo a la economía sumergida, pues muchas empresas no contratarán -o despedirán- al no poder soportar ese incremento de costes. Paralelamente, muchas personas, las más débiles laboralmente, se verán empujadas hacia la economía sumergida, que es una lacra que hay que erradicar, pero que se incentiva indirectamente con este tipo de medidas, como la subida del salario mínimo que pretenden llevar a cabo de nuevo, que sube la cotización más baja.
Subir las cotizaciones supondrá un encarecimiento adicional y actuará de freno a la actividad y al empleo. Este afán confiscatorio hiere a la economía y puede contribuir a ahondar más en la desaceleración, ya que esto empeorará nuestra competitividad y, con ello, la economía y la generación de puestos de trabajo.
Como consecuencia de ese deterioro económico que provocará, lo que gane por el lado del incremento de la base máxima, lo perderá por el número de cuotas que habrá si se destruye empleo con esta medida, cosa muy probable. Al final, habrá incrementado costes y empobrecido a la economía para que la recaudación no se fortalezca. No hay que subir ni el tipo de las cotizaciones ni la base, sino bajar los tipos, como hay que bajar los impuestos directos, reordenando, si fuese necesario, los indirectos, que distorsionan menos la economía, siempre dentro de un proyecto de bajada neta global de impuestos.
La Seguridad Social tiene un problema que no se soluciona con este tipo de parches, que, además, perjudican, sino con reforma profundas, creíbles, duraderas, que la hagan sostenible.
Así, Fedea estimó hace unos meses el verdadero déficit de la Seguridad Social en su parte contributiva, que se eleva hasta los 55.919 millones de euros, alrededor del 3,8% del PIB. Ese quebranto se financia del siguiente modo: por un lado, 44.148,12 millones de euros en transferencias de la AGE a la Seguridad Social. Esto computa como ingresos de la Seguridad Social, de manera que reducen ese déficit, pero no son ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que después de recaudar las cotizaciones queda un desfase de esos casi 56.000 millones, de los cuales poco más de 44.000 se compensan con esa transferencia.
¿Esto qué quiere decir? Que la AGE asume esos 3,1 puntos de déficit sobre el PIB, pasando a ser mayor déficit de la AGE y menor déficit de la Seguridad Social. Desde el punto de vista del déficit del Reino de España es neutro, porque se cambia de administración el déficit, pero sigue siendo el mismo. Ahora, eso maquilla el déficit de la Seguridad Social. Sin ello, su déficit sería de esa cuantía. Por otra parte, los otros 0,7 puntos de PIB de desfase los recibe como préstamo del Estado, con objeto de poder financiar casi toda esa diferencia restante.
Y este desfase se queda casi obsoleto a cada instante, pues la deuda de la Seguridad Social sigue creciendo sin freno. Los datos del último mes disponible no hacen sino confirmar este desfondamiento: así, pasamos de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a otra de 116.170 millones en el último dato publicado, octubre de 2024.
El Gobierno elige caminar por este sistema de parches mientras rechaza no ya el sistema de capitalización, sino el sistema de cuentas nocionales, porque dice que no es de aplicación inmediata. Si queremos una viabilidad estructural del sistema tenemos que trazar un cambio estructural que lo permita, y mientas se asienta se puede mantener un período transitorio. Sólo entonces serviría un parche, de manera provisional, no como propone el ministro, de manera aislada, porque entonces será un parche permanente y, en ningún caso, ese parche puede consistir en subir más las cotizaciones sociales, porque terminarán por expulsar la generación de actividad y de puestos de trabajo y no habrán arreglado ningún problema, sino que lo habrán enquistado, agrandado y aplazado.
