El Gobierno puso negro sobre blanco este viernes la segunda parte de la reforma de las pensiones impulsada por el ministro Escrivá. Se trata de una propuesta acordada entre los socios de la coalición y a la que también habría dado el visto bueno Bruselas y con la que se pretende solventar el tramo final de la tediosa negociación, ya de casi dos años, sobre estos puntos pendientes.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sistema de pensiones es el envejecimiento, más teniendo en cuenta que la generación del ‘baby boom’ comienza ahora a retirarse del mercado laboral, es el reto de garantizar unos recursos suficientes ante una previsión de aumento de gasto con estos retiros, que de media perciben pensiones un 20% más altas que la que abandona el sistema.
Se descarta cualquier atisbo de ajuste sobre las cuantías de las prestaciones que se podría haber introducido con una apuesta más ambiciosa de ampliación del periodo de cómputo de la pensión, la contrapartida está en generar los mayores ingresos posibles para hacer frente a un mix de medidas, las de toda la reforma en su conjunto, que resultan simple y llanamente en un mayor gasto para la Seguridad Social en la partida de pensiones -que asciende a 192.000 millones de euros para todo 2023-.
Se plantea un fuerte aumento de los ingresos procedentes de las cotizaciones de los sueldos más altos, incluyéndose un elemento de nuevo cuño: la denominada cuota de solidaridad.
El Gobierno cuenta en este sentido con cuatro palancas para reflotar las cuentas del sistema:
La primera es el famoso destope las bases máximas de cotización. Por esta vía se aplicará un aumento de la base del 1,154% anual entre 2025 y 2050, un total de 25 años. Ahora, las personas que ganan más de 54.000 euros anuales están exentas de cotizar por todo el salario que rebasa ese límite, pero para 2050 se prevé que este se incremente hasta el entorno de los 70.000 euros brutos anuales. El resultado de esta vía de ingresos planteada: la base máxima de cotización crecerá un 30% en los próximos cinco lustros.
A esta palanca se le sumará cada año el porcentaje correspondiente a la inflación. Esta se actualiza cada año de las bases que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado. Y el Gobierno ya ha comunicado a los agentes sociales que esta no es una operación coyuntural y que por lo tanto estas actualizaciones -en 2023 ha resultado en una subida del 8,6% por el IPC medio del año anterior- se llevarán a cabo cada año y se sumarán al destope.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la nueva cotización que se aplica a todas las nóminas con independencia del nivel ya desde enero de 2023 se duplicará hasta el 1,2%. El Gobierno afronta un horizonte hasta 2033 en el que con la actual versión del MEI se recaudaban unos 22.200 millones en toda la década de aplicación mientras que ahora la previsión pasa por alcanzar un ‘ahorro’ en la hucha de las pensiones de casi 45.000 millones de euros.
La cuarta palanca es la nueva cuota de solidaridad. Se trata de un nuevo recargo, al margen de los tres ya mencionados, que se aplicará sobre los salarios más altos, los que rebasen la base máxima que resulte en cada año de aplicar esos tres conceptos anteriores. Los que queden por encima estará sujetos a la cuota solidaria. Además esta cuota irá creciendo con el paso de los años durante un periodo de veinte años. Inicialmente será del 1% en el año 2025, incrementándose anualmente un 0,25% desde 2026 hasta 2045, en el que quedará fijada en el 6%.