CRONOLOGÍA DE 10 AÑOS EN LAS REFORMAS DE LAS PENSIONES: UN GIRO DE 180 GRADOS

Diez años han pasado entre la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y la que ha sido acordada en los últimos días por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Una década en la que el modelo de prestaciones para la jubilación no ha dejado de estar en el centro del debate político. Sobre la mesa, la eterna pregunta: qué pasará con las pensiones del ‘baby boom’.

 

En una década, el viraje en materia de pensiones es evidente. En 2013, el objetivo fue contentar a Bruselas con un recorte en el gasto en pensiones tras haber recibido el rescate millonario para sanear al sector financiero. En 2023, el Gobierno aspira a un nuevo pago del Plan de Recuperación europeo con un modelo de reforma basado en ingresar más para aumentar el gasto en las prestaciones más bajas y en cubrir de mejor manera a las carreras profesionales más precarias.

 

La reforma supone dar un golpe en el tablero respecto a las anteriores. En 2013, el Gobierno del PP impuso un nuevo modelo de pensiones basado en un gran recorte del gasto. Dos años antes, el PSOE ya había dado un primer paso en este sentido al elevar a 67 años la edad de jubilación o aumentar el periodo de cálculo de la pensión.

 

Presionado por los recortes por parte de Bruselas en los años de políticas de austeridad, aquel texto conllevó dos grandes cambios para el sistema de pensiones. El primero, el ya desaparecido Índice de Revalorización de las Pensiones, el conocido como “0,25% de las pensiones”, que provocaba de facto una congelación de las mismas y condenaba a pérdidas de poder adquisitivo de los pensiones. Por otro lado, el factor de sostenibilidad, un nuevo método de cálculo que debía entrar en vigor hasta 2019 y que tenía en cuenta aspectos como la esperanza de vida.

 

 

Sin embargo, la reforma de 2013 generó tal oposición que el Gobierno de Rajoy se dio de bruces con la realidad. Presionado por la calle y por el Congreso, la realidad fue complicada para el Gobierno de Rajoy. La debilidad parlamentaria le llevó a tener que asumir una suspensión de su reforma cuando en 2018 tuvo que pactar con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Se revalorizaron entonces las pensiones con el IPC, dejando en suspenso su índice del 0,25%. Además, se retrasaba hasta 2023 el factor de sostenibilidad. Apenas un lustro después de su aprobación unilateral, la reforma de 2013, en la práctica, decaía.

 

La correlación de fuerzas en el Congreso cambió con las elecciones de 2019 y finalmente, las distintas formaciones políticas presentes en el Pacto de Toledo, también el PP, acordaron un texto con 20 compromisos entre los que se encontraba la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para evitar el empobrecimiento de los jubilados. Llegó la pandemia y el Gobierno estableció en el Plan de Recuperación el compromiso de la reforma de las pensiones para acceder a los fondos europeos para relanzar la economía. Lo hizo con una propuesta de aprobación en varias fases, que han dado como resultado dos bloques de cambios en el sistema de protección para la jubilación.

 

El primero de estos bloques se selló en 2021 con un acuerdo con amplio respaldo social, incluidos los sindicatos y los empresarios, aunque estos no firmaron el acuerdo sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituyó al derogado Factor de Sostenibilidad. Suponía, de facto, derogar la reforma del PP de 2013 que aunque estaba en suspenso, seguía en el ordenamiento jurídico. Se tumbó el índice de revalorización, pero también el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor se había retrasado hasta este año. Se recuperaba además la idea de actualización de las prestaciones conforme al IPC. También se incorporaban medias como incentivos para quien retrasara su jubilación.

 

Tras este primer bloque se han ido realizando otros cambios legislativos. Es el caso del fondo público de pensiones de empleo y el ministro Escrivá impulsó la creación de un macrofondo de promoción pública para incentivar que pymes y organismos públicos se adhirieran a este modelo de ahorro privado para la jubilación. Al mismo tiempo, el Gobierno ha ido reduciendo los controvertidos incentivos fiscales para las pensiones privadas individuales, lo que ha derivado en un desplome de estas aportaciones.

 

Pero tras este primer gran bloque, quedaba el más conflictivo, cuyo primer paso se ha acordado internamente por los socios del Gobierno de coalición esta semana. Tenía una fecha de referencia: 31 de diciembre de 2022. Así lo establecía el calendario de compromisos con la Comisión Europea. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha mostrado flexibilidad para que se pudiera alcanzar un acuerdo.

 

Si la primera parte de la reforma derogaba la del PP, esta daba un giro de 180 grados. La solución a la sostenibilidad de las pensiones ya no pasa por un recorte en los gastos sino con un aumento de los ingresos..

 

Uno de los debates ha consistido en cuánto subir la cotización de los salarios altos y qué hacer con el periodo de cómputo. El consenso en el Gobierno ha llegado finalmente con un acuerdo con varios pilares. El primero es un aumento de las cotizaciones, enfocada sobre todo en las remuneraciones más altas, parte de las cuales ahora están exentas. La base máxima de cotización se aumentará poco a poco con el IPC más 1,2 puntos porcentuales cada año. A cambio, habrá un aumento de la pensión máxima pero con un ritmo menor.

 

A ello se suma la segunda herramienta que establece el acuerdo: una cuota de “solidaridad”. Para los salarios muy altos, por encima de la base máxima, se añade un 1% de aumento de las cotizaciones a partir de 2025, que se irá elevando hasta el 6% en 2045. También se incrementan los ingresos en cotizaciones, con un incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

 

El segundo pilar afecta al periodo de cómputo. Se mantendrán durante dos décadas con dos alternativas: el sistema actual de 25 años y uno nuevo de 29 años, pudiendo eliminar los dos peores. Con ello, se pretende ayudar a las carreras más precarias.

 

Por último, un tercer pilar que se ha incorporado fruto de la negociación y que despliega varias medidas para combatir la brecha de género, como una senda de mejoras para las pensiones más bajas y mitigar más los vacíos en la carrera laboral de las mujeres de cara a la pensión.

 

La reforma del Gobierno ahora debe pasar varios pasos antes de aparecer en el BOE. Los sindicatos deben dar su visto bueno definitivo tras la valoración “positiva” que han mostrado este viernes. Sin embargo los empresarios ya han expresado su disconformidad con la propuesta presentada. Además, el Consejo de Ministros deberá convertir el texto en un Real Decreto para que entre en vigor y pretende llevarlo de manera “inminente” al Pacto de Toledo. Llegará entonces el trámite parlamentario para su aprobación definitiva, para lo que deberán obtener el respaldo de sus socios parlamentarios. El Gobierno ya ha mantenido reuniones con EH Bildu y ERC esta semana y ha incorporado parte de sus reivindicaciones.

 

Fuente: El Diario

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