La recuperación del empleo tras la pandemia ha venido acompañada de un intenso repunte de la ocupación entre los inmigrantes, que alimenta la esperanza en el Gobierno de que los cotizantes foráneos sean uno de los pilares que garanticen el sistema de pensiones frente al envejecimiento de la fuerza laboral nacida en España.
Si contamos a partir de marzo de 2020, la ocupación de los inmigrantes ha crecido un 20%, cuatro veces más que la de los españoles, y alcanzan los 2,5 millones de afiliados medios, un récord histórico para todos los meses de marzo de la serie histórica, que se remonta a 2007. Aunque esta cifra ‘solo’ supone un 12,4% del total de los afiliados medios, han aportado el 32% del empleo neto creado desde el estallido de la crisis sanitaria en España.
Un dinamismo que contrasta con el inédito repunte de las vacantes de empleo precisamente en sectores muy dependientes de la mano de obra extranjera, como la agricultura, la hostelería o la construcción. El problema es que pese a estas cifras son un récord sólo a nivel nacional. Si se compara con nuestros vecinos España se sitúa a la cola de la UE y la OCDE en ratio de vacantes por desempleado, lo que amenaza por desatar una guerra por atraer trabajadores foráneos.
En este escenario, el plan del ministro José Luis Escrivá, que concentra las competencias en materia de pensiones y migración, es flexibilizar las condiciones para atraer inmigrantes, ya sea mediante la vía de fomentar las contrataciones en origen o establecer facilidades para que los que viene por su cuenta puedan acceder al mercado laboral. El último movimiento en esta línea ha sido elaborar una nueva instrucción sobre los requisitos de formación a los extranjeros para incorporarse al mercado laboral, que rebaja las exigencias inicialmente previstas en la normativa que él mismo presentó hace seis meses.
Con ello intenta también, en parte, responder también a la crítica recurrente de Europa por el exceso de burocracia de España a la hora de reconocer las competencias de los trabajadores foráneos, lo que les condena a los puestos peor pagados y más precarios.
Choque con Trabajo y los sindicatos
El plan del ministro comparte la filosofía de fondo de la de las medidas migratorias impulsadas por el Gobierno del PSOE en 2005, y que contribuyeron a nutrir de cotizantes a la Seguridad Social. Aunque el alcance es mucho menor porque las condiciones del mercado laboral hoy son muy diferentes: España tiene hoy una tasa de paro del 13%, muy por encima de la de hace quince años, lo que explica el recelo de los sindicatos como del Ministerio de Trabajo y Economía Social
Pero no es solo el escenario del mercado laboral las que han cambiado. También el perfil demográfico de los afiliados extranjeros pone en cuestión la estrategia y sto se ve en una de las variables más importantes: la edad.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, es el que más contundentemente ha expresado el rechazo a la contratación en origen y proponiendo en cambio recalificar a los parados españoles y sancionar a los que rechacen empleos. Pero su argumento obvia que el 55% de los parados tiene más de 45 años y el paro de larga duración se concentra en los mayores de 50 años: edades en las que trabajos como el de peones agrarios y de la construcción no se ajustan a lo que se considera “ofertas adecuadas de empleo”.
La tesis de Inclusión, y del ala socialista del Gobierno, es que los inmigrantes pueden cubrir este hueco precisamente porque son más jóvenes y pueden ocupar estos puestos. Y, a priori, los datos parecen corroborar esta tesis.
Los extranjeros menores de 35 años suponen el 16,5% del total de afiliados de esa franja de edad, el porcentaje más alto de la serie histórica. Y cuatro puntos más que el peso total de los inmigrantes en el total de afiliados de todas las edades.
El aumento de edad de los inmigrantes también afecta a la natalidad. Lo cierto es que los inmigrantes llegados en la primera década de 2000 tuvieron un efecto beneficioso no solo en las cotizaciones, sino en la natalidad. Sus hijos han permitido que entre 2019 y 2022, se “frene por primera vez en lustros” la caída registrada entre los jóvenes que se incorpora al mercado de trabajo, según apuntaba en un reciente estudio el investigador de Fedea, Florentino Felgueroso.
Pero la población migrante, sobre todo la más joven, es mucho más permeable a la situación económica y tiene mucha más facilidad para desplazarse a otros países. Y, según las condiciones que encuentren, para establecerse y formar una familia. Esto, sumado a la competencia por captar mano de obra foránea de economías como la alemana, con más vacante que desempleados (una situación que se sitúa en las antípodas de España) lo que hace que el atractivo de nuestro país sea aún menor en las próximas décadas.
A ello se suma que la mayoría de los inmigrantes, tal y como plantea el plan de Escriva, sean colocados en ocupaciones elementales con salarios muy bajos, Según las estadísticas de bases de cotización de la Seguridad Social, los 1.718.092 extranjeros afiliados al Régimen General reciben una retribución un 20% inferior a la de la media de los nacionales.
Para grupos de extracomunitarios tan relevantes como los marroquíes o los colombianos, la diferencia super el 30%. Aunque la brecha se reduce casi 5 puntos respecto a 2008, los bajos salarios y las escasas perspectivas profesionales siguen siendo un desincentivo para muchos trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, a probar suerte en otras latitudes.
Sobre todo cuando el envejecimiento demográfico no es un problema exclusivo en España, que se añade al descenso previsto de la inmigración en toda la Unión Europea para las próximas décadas. Los últimos datos de Eurostat prevén un descenso de la aportación neta de la inmigración a la población española del 71% para 205, algo menos que la media de los 27.
Pero esa estimación no tiene en cuenta las políticas que los gobiernos puedan aplicar para captar trabajadores, ni la competencia entre estados miembros ante la que Escrivá pretende adelantarse con su estrategia.
Fuente: El Economista
