Una reforma de las pensiones SÍ, pero solidaria con los que menos tienen
De acuerdo con el artículo 7.1 del RDL 18/2019, se suspende la aplicación del artículo 58 de la LGSS, y del artículo 27 de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Tal y como se anunció en los medios, la intención del Gobierno es que para 2020, se actualicen las pensiones un 0,9% pero, al encontrarse en funciones, no se podrá realizar y por ello es necesario suspender dicho artículo para así evitar que se realicen dos revalorizaciones (del 0,25% primero y hasta el 0,9% posteriormente), lo que duplicaría los aplicativos informáticos y multiplicaría por dos el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones
Casi intuitivamente uno diría que a un Gobierno que se autodenomina progresista cada vez que puede, se le presupone esa solidaridad con los que menos tienen. Pero en el tema de las pensiones, me temo que no es así. Vincular obligatoriamente al IPC todas las pensiones españolas —de las más pequeñas a las más elevadas— sin tener en cuenta los ingresos del sistema es tremendamente insolidario con quien menos tiene, que no es precisamente el pensionista medio español, pues en nuestro país tienes el doble de riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social si eres trabajador que si eres pensionista.
Eso se debe a que tenemos uno de los sistemas de pensiones más generosos cuando se tiene en cuenta lo que cobra la población trabajadora: por ejemplo la diferencia entre la última nómina y la primera pensión es de las más bajas de la UE o también que la pensión media es más elevada ya en España que el salario medio.
Y el desfase entre lo que cuestan las pensiones y lo que realmente ingresamos solo se puede cubrir de dos formas: con el Presupuesto, lo que significa menos dinero para educación, sanidad o infraestructuras, o con deuda (que a medio plazo acaba saliendo también del Presupuesto, porque hay que pagar intereses).
Esto no quiere decir que no haya que intentar que las pensiones sean dignas, sino que hay que tratar de ayudar a las rentas bajas, sean o no pensionistas. Lo que hacemos ahora es centrarnos en ayudar colectivos (tal vez, pero solo tal vez, porque sale muy rentable desde el punto de vista electoral). No tiene sentido que un joven mileurista que destina el 40 o el 50% de su renta al alquiler esté pagando el abono de transporte de alguien que cobra la pensión máxima y probablemente tenga su casa en propiedad. El esfuerzo de reformar el sistema de pensiones debe recaer sobre todos los ciudadanos en función de su renta, sean pensionistas o no.
Pero menos postureo fácil cara a la galería con el SMI
Hasta que se apruebe el real decreto del salario mínimo interprofesional para el año 2020, la disposición adicional 5ª RDL 18/2019 prorroga la vigencia del RD 1462/2018, 21 dic. , por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2019, que es de 30 euros/día o 900 euros/mes (14 pagas al año).
El salario mínimo interprofesional (SMI) subió un 22%, hasta 12 mensualidades de 1.050 euros al mes (14 pagas de 900 €). La subida fue eminentemente política, sin ningún tipo de estudio serio previo sobre el impacto que eso podría tener entre los trabajadores con las rentas más bajas, primero, y sobre el resto, después. Se hizo y se esperó a ver qué pasaba. De momento, lo que parece haber pasado es que, en términos generales, no se ha destruido empleo (aunque quizás, sólo quizás, sí podría haberse creado menos de lo que se habría generado sin la subida), pero lo que sí es seguro es que hay algunos sectores afectados. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, admitió en diciembre que las empleadas del hogar y los trabajadores del campo habían sufrido un impacto por la medida, pasando muchos de ellos a la economía sumergida.
Ahora, el Gobierno progresista quiere subirlo a la cifra de 1.200 euros. Si hablamos de 14 pagas, esto supone una subida del 33%. Si los 1.200 son por 12, del 14%.
En cualquiera de los casos, parece que lo oportuno es crear una comisión tecnocrática que valide cualquier decisión política. Que se estudien muy bien el posible impacto y las consecuencias, especialmente entre los colectivos más vulnerables, de otro aumento. Incluso los escépticos con la subida del SMI de 2019, entre los que me incluyo, deberían reconocer que no ha sido una catástrofe, pero las víctimas colaterales de ese incremento —empleadas del hogar y trabajadores del campo— vuelven a ser los más débiles de los trabajadores (para variar y a pesar de los “progresistas”) pues el infierno está pavimentado con adoquines de buena voluntad.
