DE MOMENTO AÚN HAY JUECES EN ESPAÑA Y EN BRUSELAS

INTRODUCCIÓN

Federico el Grande, que fue Rey de Prusia durante casi 50 años en el siglo XVIII, se encaprichó con las tierras de un modesto molinero para ampliar así los jardines de uno de sus palacios. El campesino no quería vendérselas y el Rey le amenazó con usar la fuerza, a lo que aquel humilde súbdito contestó: «Majestad, aún hay jueces en Berlina». Y así paró los pies al gran Federico.

Aquel Rey ha pasado a la Historia como uno de los representantes más destacados del despotismo ilustrado porque era ilustrado, pero, ante todo, era despotismo, es decir, que el monarca disfrutaba de un poder casi ilimitado. Y digo casi, porque, como se ve en este caso, había jueces en Prusia, es decir, había una Ley que estaba por encima de todos, incluso de un monarca absoluto.

LOS PROTAGONISTAS ACTUALES

Begoña Gómez guarda silencio y se niega a declarar ante los jueces y la opinión pública porque dice ignorar de qué se le acusa. Debe ser la única persona en España que no sabe que está imputada por la comisión de dos delitos claramente definidos en el Código Penal: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Alguien debería explicarle que no le favorece ante la opinión pública a la hora de valorar su presunción de inocencia.

No es legítimo tampoco el silencio de su esposo cuando pregona sin explicación alguna que todo es falso, bulo, mentira, fango porque no se ha hecho nada malo. Si no hay nada inconfesable, ni siquiera inconveniente ¿a qué callar si eso alimenta las sospechas? Sánchez ha incumplido ya su deber de informar al Parlamento y responder a las preguntas de la oposición.

Los consejeros de doña Begoña aseguran que se está haciendo un juicio prospectivo, que las leyes prohíben. Si eso piensan, han de recurrir cuanto antes a las instancias superiores al juez instructor y deberían denunciar semejante prevaricación.

Lo que hay que aclarar es si la esposa del jefe de Gobierno, que ha logrado dirigir una cátedra en la primera Universidad pública de España sin acreditar ningún mérito académico, ha utilizado o no sus relaciones personales en términos vetados por la ley. Habrá que esperar la resolución del juez instructor al respecto y el posterior juicio si lo hubiere, pues son los magistrados y no la Guardia Civil ni los portavoces gubernamentales quienes han de decidir al respecto.

Al definir el tráfico de influencias, el Código Penal, establece penas de hasta dos años de cárcel «a aquel particular que influyere en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de su relación personal con él a fin de conseguir una resolución que le reporte directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero». Lo que el juez Peinado investiga en definitiva es si la esposa del presidente del Gobierno ha podido incurrir en esas prácticas, censurables no solo ética y estéticamente.

SÁNCHEZ Y EL DESPOTISMO (PERO SIN ILUSTRACIÓN)

En España estamos viviendo una situación en la que Sánchez y sus fieles están actuando con mayor despotismo, y desde luego mucho menos ilustrado, que un monarca absoluto del siglo XVIII.

Es obviamente tarea de los jueces el juzgar las actuaciones más o menos empresariales o académicas de “la Presidenta” Begoña Gómez y no es prudente que los iletrados entremos en los detalles de las acusaciones que pesan sobre ella.

Lo que sí parecen absolutamente reprobables son las declaraciones de los dirigentes socialistas criticando sin el menor reparo al juez instructor, al que le acusan, entre otras cosas, de estar al servicio del PP o de buscar proyección pública, pues respetar la independencia de los jueces es el punto primero de un Estado de derecho.

El Ministro de Justicia es capaz de afirmar que el juez Peinado está llevando a cabo «una persecución cruel e inhumana» contra Begoña Gómez y que la esta sometiendo a Begoña Gómez a «una gravísima indefensión» y añadiendo que el juez estaba prevaricando.

Lo cierto es que quizás, esas actuaciones y comportamientos de “la Presidenta” no han sido tan limpios porque, si todo lo ha hecho dentro de la legalidad, ¿qué problema hay para contarlo todo de forma clara y directa, demostrando que no hay nada? Algo que podrían haber hecho la investigada y su marido desde el minuto uno en que saltó la primera acusación y así habrían acallado para siempre los rumores. ¿Por qué no lo hicieron? Eso es lo que deberían explicar los interesados y sus lugartenientes, porque sólo criticando, hasta bordear el insulto, al juez, no hacen más que acrecentar las sospechas de que ahí hay algo oculto.

EL FONDO DE LA CUESTIÓN.

Este asunto está dejando ver con bastante claridad hasta dónde llegan las pretensiones y los objetivos políticos de Sánchez. Después de más de seis años de gobiernos con él de presidente, es muy evidente que sus pretensiones y objetivos son estrictamente personales y que utiliza el aparato del PSOE para satisfacerlos. A Sánchez le estorban los contrapesos que un Estado de derecho siempre crea, cuida y conserva, para evitar que, a través de la democracia se llegue a la dictadura.

Que le molestan esos contrapesos es evidente, por eso no ha parado de asaltar todas las Instituciones que ha podido para instrumentalizarlas a su gusto y servicio: la Fiscalía, el CIS, RTVE, el INE, la CNMV, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional… Ya en la Legislatura anterior acabó con la separación entre el Legislativo y el Ejecutivo, convirtiendo, a base de más de 200 decretos-leyes, el Parlamento en una especie de asamblea para aplaudirle.

Ahora está moviéndose para acabar con la independencia del Poder Judicial por dos razones: la inmediata porque su mujer está investigada por un juez, y la otra de largo alcance porque con un Poder Judicial independiente es imposible llegar a una dictadura, que es su objetivo último y, si no, que se lo pregunten a su valedor Zapatero, asesor de Maduro en su tiempo libre.

Para colmo, algunos quieren santificar la doctrina, que juzgan establecida, de que no se deben iniciar procedimientos penales basados en informaciones de prensa. De acuerdo con semejante estupidez, el Watergate que acabó con la presidencia de Nixon, el terrorismo vinculado a los GAL, los casos de corrupción del PP y del PSOE, la corrupción de menores ocultada por la Iglesia Católica y la mayoría de los frecuentes delitos que los gobiernos cometen en nombre de la razón de Estado, no hubieran podido ser perseguidos y sancionados por la ley.

Todo esto pone de relieve que el plan de degeneración democrática del señor Sánchez se resume en tratar de intervenir a los jueces y silenciar a los medios de comunicación no serviles, únicas instancias capaces de limitar los excesos del Ejecutivo. Solo la prensa y la judicatura pueden hacerlo hoy, toda vez que Moncloa ha ocupado de hecho el Parlamento

La libertad de expresión no es un derecho de los periodistas ni de las empresas de medios, sino de todos y cada uno de los ciudadanos, libres e iguales ante la ley. Libertad de expresarse es también libertad de pensar, de disentir, destapar secretos y denunciar tinglados, conspiraciones y atracos, de ser desobedientes ante el poder cuando el poder desobedece a las leyes, las manipula y las corrompe con su particular máquina del fango.

La Comisión Europea se ha hecho eco este miércoles 24 de julio en su informe sobre el Estado de derecho en España de la preocupación en la judicatura por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial y ha avisado del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias. El «daño» a esta confianza, añade el documento, es «particularmente relevante» cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales.

Tenemos que felicitarnos porque, al menos hasta hoy, hay un juez en España, capaz de plantar cara al autócrata, como en el siglo XVIII se la plantaban los jueces nada menos que a Federico el Grande. Con una diferencia no menor: aquel Rey de Prusia ejercía el despotismo, pero ha pasado a la Historia también por ser inmensamente culto e ilustrado.