Fs esta una cuestión que ya planteó aquel periodista socarrón y desconfiado que fue Josep Pla. Cuenta la leyenda que, allá por los años cincuenta, situado frente a la explosión de riqueza del Manhattan nocturno, con sus amplias avenidas, su alumbrado cegador y su tráfico vertiginoso, Pla preguntó:
—Y todo esto, ¿quién lo paga?
Suena impertinente, pero a mí me parece perfectamente pertinente, porque la mayoría de la gente vive en una ceguera obstinada, reclamando sin cesar la gratuidad de todo: del transporte, de la sanidad, de la educación, como si semejante cosa existiera, cuando en esta vida nadie regala nada.
No está documentado qué le respondieron a Pla sus acompañantes. Si hubiera andado por allí el profesor Rodríguez Braun, le habría soltado su legendario remoquete:
De la Torre habría sido más preciso. Le habría dicho:
—Todo esto lo pagan los ciudadanos con sus impuestos, que son el precio de la civilización.
Un precio, ¡ay!, que en España está desigualmente repartido, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. A denunciarlo ha dedicado De la Torre sendos libros. El primero se titula ¿Hacienda somos todos?, así, entre interrogantes, y el segundo, escrito a medias con Jesús Fernández Villaverde, La factura del cupo catalán. En ambos se alcanza idéntica y desoladora conclusión: ni todos los españoles somos iguales ante la ley, ni todas las regiones reciben el mismo trato.
De todo ello hablamos en esta entrega de El podcast de El Liberal, que puede disfrutarse íntegra en la web de THE OBJECTIVE y de la que sigue una versión extractada y editada.
PREGUNTA- ¿Qué pensaste cuando supiste que José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre que define el socialismo como tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho, ocultaba joyas por valor de 1,3 millones de euros?
RESPUESTA- Me vino a la cabeza una vieja máxima [atribuida al filósofo Gabriel Marcel]: «Cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive». Es verdad que, de todos los escándalos que han aflorado, las joyas de Rodríguez Zapatero quizá no sean el más importante, pero sí es el más gráfico y el que mejor ilustra esa discrepancia [habitual en política] entre lo que se predica y lo que se practica.
«El gran problema de España es que cualquier rebaja significativa de impuestos, capaz de reactivar la actividad, se estrella contra unos compromisos de gasto muy rígidos»
P.- En THE OBJECTIVE le dedicaste un artículo en el que hablabas del fin de la inocencia.
R.- De Rodríguez Zapatero (que, vaya por delante, disfruta de presunción de inocencia penal) se pensó durante mucho tiempo que podía acertar o equivocarse, pero que era una persona ingenua. Yo nunca lo creí. Sus actuaciones en defensa de dictaduras como la venezolana no me parecían en absoluto ingenuas, pero me encontraba en absoluta minoría. Tras el registro de su despacho, se le ha caído la careta y hoy muchos ciudadanos comparten mi impresión de que no lo movían unos ideales acertados o equivocados, sino el dinero y el ánimo de lucro.
P.- Su exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha sugerido que son «un regalo de algún país árabe» y que quedárselo era «una opción tan aceptable» como dejarlo «en una vitrina del ministerio correspondiente».
R.- En primer lugar y con todo respeto, no son opciones equivalentes. Dejar una pieza en la vitrina de un ministerio implica incorporarla al Patrimonio Nacional. Eso es moralmente superior a apropiársela sin más, máxime cuando así lo exige el Código de Buen Gobierno que había aprobado el Consejo de Ministros presidido por el propio Zapatero, a propuesta de [su ministro de Administraciones Públicas] Jordi Sevilla.
En segundo lugar, el origen de las joyas corresponde acreditarlo a Rodríguez Zapatero, y no inferirse de la especulación de un antiguo ministro o de un amigo. De momento, yo solo abrigo dudas, y no soy el único. La ex directora general de la Agencia Tributaria [Soledad Fernández Doctor] tampoco fue capaz de aclarar la procedencia durante su comparecencia en el Senado.
Finalmente, y con independencia de cualquier otra consideración, si alguien se encuentra de repente con un patrimonio adicional de 1,3 millones, está obligado a tributar por él.
«Suena muy bien exigir que los ricos paguen más, pero ¿quién es rico? Por lo general, el que gana más que tú. Es decir, lo que se está pidiendo es que pague otro»
P.- España es toda una paradoja: tiene tipos impositivos similares o incluso superiores a la media europea y, sin embargo, recauda menos.
R.- Déjame precisar. En fiscalidad indirecta, nuestros tipos no son similares a los del resto del continente, sino inferiores. Basta viajar a Francia, Alemania o Portugal y repostar gasolina o el gasóleo para comprobar que son más caros porque están más gravados. También disfrutamos de una proporción mayor de bienes y servicios sujetos a IVA reducido. Por ejemplo, aquí una copa [de alcohol] tributa al 10%; en otros países europeos, no [Francia, 20%; Alemania, 19%; Portugal, 23%]. Además, durante estos años de inflación elevada, ningún Gobierno español ha sido capaz de elevar los impuestos especiales. La última subida relevante, creo, fue en 2015, y desde entonces ha habido rebajas temporales.
En fiscalidad indirecta, por tanto, no puede decirse sin más que España tenga tipos similares o incluso superiores. En la directa, la situación es completamente diferente. Desde el final de la pandemia no se ha deflactado la tarifa del IRPF y, como los salarios y las pensiones sí han aumentado en términos nominales, una parte creciente de la renta ha entrado en tramos superiores. El resultado es que el tipo medio efectivo ha saltado del 12,6 % al 15,1 %. Ha sido una subida tributaria encubierta, acometida a espaldas del Parlamento.
Así que, volviendo a tu pregunta, los tipos sobre la renta están en línea con los europeos y, sin embargo, recaudamos menos de lo que nos corresponde, y la razón básica es muy sencilla: somos más pobres y ganamos menos. Si los salarios de un país son inferiores, su hacienda recaudará menos por IRPF. Eso es así y por ello no creo que sea buena idea aplicar la misma presión fiscal que nuestros vecinos más ricos.
«No hay ricos suficientes para mantener un Estado moderno»
P.- No es el único problema de nuestra estructura tributaria.
R.- Desde luego. Para empezar, que sea la inflación la que determine cuánto va a ingresar la agencia tributaria es una pésima idea. Tampoco tiene mucho sentido que sean cada vez menores los impuestos reales sobre los carburantes, cuyo consumo queremos desincentivar. O que se eleven las cotizaciones sociales, con lo que se reduce el margen de las empresas para mejorar los salarios, que se supone que es otro de tus objetivos.
Tenemos, además, un problema muy serio con los tramos bajos. En la práctica, alguien que cobra el salario mínimo [17.094 euros en 2026] está exento de IRPF. Ahora supongamos que a ese trabajador la compañía decide subirle 1.000 euros el sueldo. ¿Cuánto más va a ingresar en la práctica? Entre cotizaciones, menor deducción por rentas bajas y mayor cuota, en torno a 350 euros. El resto va para el Estado. Eso supone un tipo marginal brutal sobre esos 1.000 euros [del 65%]. Es una estructura que perjudica el esfuerzo y el crecimiento.
«Desde un punto de vista filosófico, un impuesto sobre el patrimonio resulta atractivo, pero la realidad es que no existe en buena parte de Occidente, porque es muy fácil de eludir»
P.- ¿Qué reformas recomendarías?
R.- La Comisión Europea insiste periódicamente en que España debe hacer un uso más limitado de los tipos reducidos y superreducidos de IVA, pero no es tan sencillo. Dinamarca lo grava casi todo al 25%, pero allí no viven del turismo. Si aquí hiciéramos lo mismo con bares y restaurantes, perderíamos competitividad y probablemente recibiríamos menos visitantes.
Dicho esto, hacen falta cambios. Tenemos que replantear algunos impuestos indirectos y, como mínimo, deflactar el IRPF. Pero el gran problema de España es que cualquier rebaja significativa de impuestos y, por tanto, capaz de reactivar la actividad, se estrella contra unos compromisos de gasto público muy poco flexibles. Pensemos en la demografía. Una población cada vez más envejecida no solo obliga a realizar un mayor desembolso en pensiones, sino en sanidad o en absentismo, porque las bajas son más frecuentes a los 60 que a los 25 años.
«No digo que debamos renunciar a la lucha contra la evasión de las grandes fortunas, pero por razones de legitimidad, no porque así vayamos a costear la Seguridad Social»
P.- Ese horizonte de gasto va a durar décadas. ¿Cómo hay que afrontarlo?
R.- Solo subiendo impuestos no va a funcionar. Hay que contener el aumento del gasto, y el sitio obvio para empezar son las pensiones.
P.- ¿Y cómo lo haces sin llenar las calles de jubilados y perder las elecciones?
R.- Es muy difícil, pero hay que explicar que el Estado está transfiriendo a la Seguridad Social unos 60.000 millones de euros anuales. De ellos, cerca de 50.000 se destinan al pago de pensiones supuestamente contributivas, pero cuyos beneficiarios reciben más de lo que aportaron porque las prestaciones son mayores y vivimos más años.
La única forma de atajar esa sangría es analizar los parámetros que han cambiado. El origen de nuestro modelo está en el seguro de vejez de [Otto von] Bismarck, instaurado en una Alemania cuya esperanza de vida era de 64 años. En España ronda los 84 y, si no adaptas tu capacidad de pago a esa mayor longevidad, alargando por ejemplo la vida laboral, las cuentas no te van a salir.
El plazo para hacerlo gradualmente, además, se está agotando. Cuanto más retrasemos el ajuste, más duro será, como en Grecia [donde las pensiones principales sufrieron recortes de hasta el 20% entre 2010 y 2016].
«La tarifa del IRPF no se ha deflactado y el tipo medio efectivo ha saltado del 12,6% al 15,1%. Ha sido una subida tributaria encubierta, a espaldas del Parlamento»
P.- ¿No influye en la baja recaudación de nuestra Hacienda la cultura? ¿Cuántas veces nos han preguntado si queremos la factura con IVA o sin IVA?
R.- Está claro que no vamos a poner a un inspector detrás de cada español, pero sí se puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, porque parte de esa reticencia tiene que ver con la insatisfacción ante la gestión del gasto público. La corrupción genera desafección, igual que llevar tres prórrogas presupuestarias sin que nadie sepa con precisión adónde va el dinero de sus impuestos. Nada de eso favorece el cumplimiento voluntario.
«No tiene mucho sentido que sean cada vez menores los impuestos reales sobre los carburantes cuando se pretende desincentivar su consumo»
P.- Después de ver las andanzas de José Luis Ábalos, a muchos se les quitan las pocas ganas de hacer la declaración.
R.- Es verdad que esos casos suponen muy poco dinero comparados con el grueso del gasto público, pero generan mucha animadversión. El que se salden con una sentencia relativamente rápida y penas importantes refuerza al menos la impresión de que el que la hace la paga. Sería todavía peor si se instalara la convicción de que todo el mundo defrauda y, encima, sale gratis.
P.- En tu libro ¿Hacienda somos todos? denuncias que la carga fiscal está concentrada en una estrecha franja de la población, sobre todo en asalariados de clase media.
R.- No es una franja estrecha. Al contrario, es bastante amplia; si no, no se podría mantener el Estado. Pero es verdad que el trabajo asalariado es la principal fuente de ingresos. De ahí sale buena parte del IRPF y prácticamente la totalidad de las cotizaciones sociales, si dejamos aparte a los autónomos. Las clases medias son el principal sostén del Estado.
«Bruselas insiste en que España debe subir el IVA, pero no es tan sencillo. Dinamarca lo grava casi todo al 25%, pero allí no viven del turismo»
P.- La izquierda atribuye la baja recaudación a que los ricos eluden el IRPF tributando por sociedades, pero también hay quienes creen que convendría que los de abajo contribuyeran algo, aunque fuese muy poquito. ¿Qué opinas?
R.- Suena muy bien exigir que paguen los ricos, pero la pregunta inmediata es: «¿Y quién es rico?». Por lo general, el que gana más que tú. Es decir, lo que se está pidiendo es que pague otro.
Si vamos a una definición más estricta de rico, comprobamos que no hay bastantes para mantener un Estado moderno. Además, cuando la presión es excesiva, se van y puedes acabar descapitalizando el país. Así que, desde un punto de vista filosófico, un impuesto sobre la riqueza [o el patrimonio] resulta atractivo, pero la realidad es que no existe ni en Estados Unidos ni en buena parte de Europa, porque es muy fácil de eludir.
No digo que debamos renunciar a la lucha contra la evasión de las grandes fortunas. Hay que mantenerla, pero porque lo exige la legitimidad del sistema, no porque así vayamos a pagar la factura de la Seguridad Social. Aparte de que, en el caso de España, ni siquiera hay tantas grandes fortunas. Las rentas declaradas por encima de 600.000 euros son el 0,17%. Incluso aunque dejáramos literalmente sin blanca a cada uno de sus titulares, no bastaría para financiar el Estado del bienestar.
En cuanto a exigir impuestos a los perceptores del SMI, es más doloroso, pero en ese tramo hay varios millones de contribuyentes y, si amplías bases, deberías hacerlo por arriba y por abajo. Además, en algún punto debes poner el corte y ya hemos visto antes [al hablar de la no deflactación de la tarifa del IRPF] los marginales brutales que genera cruzar esa raya. Si para lograr una subida de 100 euros brutos debes trabajar más horas y, encima, te quedan solo 35, muchos decidirán que no les compensa.
«De Rodríguez Zapatero se pensó durante mucho tiempo que podía acertar o equivocarse, pero que era una persona ingenua. Yo nunca lo creí»
P.- El profesor Benito Arruñada propone reducir las retenciones del IRPF para que la declaración siempre salga a pagar y el ciudadano sea consciente de que los servicios públicos no son gratis.
R.- He leído su libro, La culpa es nuestra, y lo recomiendo. Su propuesta tiene interés, pero un ministro de Hacienda de Luis XIV [Jean-Baptiste Colbert] decía que «el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso para obtener la mayor cantidad posible de plumas con el menor número posible de graznidos», y el sistema de retenciones tiene algo de eso: hace menos visible la carga. También cumple otro objetivo: permite que el Estado cobre todos los meses y pueda atender a sus gastos.
Finalmente, existe otro problema, y es que alguna gente no puede afrontar la cuota a final de año y, si se redujeran las retenciones, aumentarían aún más las cantidades pendientes y se retrasaría o pondría en riesgo un importante volumen de ingresos.
«Las joyas quizá no sean el escándalo más importante, pero sí el más gráfico y el que mejor ilustra la discrepancia entre lo que se predica y lo que se practica»
P.- ¿De cuánto estamos hablando?
R.- En la campaña de 2025, las declaraciones a ingresar sumaron unos 17.000 millones de euros, en parte por la inflación, que hace que todos paguemos más, y en parte por la crisis de vivienda, porque se perciben más alquileres y los rendimientos del capital inmobiliario no tienen retención.
Y aquí déjame que abra un inciso para comentarte un fenómeno curioso, y es que los dueños de pisos están abandonando el alquiler de vivienda habitual para irse al temporal o turístico, y lo hacen pese a las bonificaciones que tiene el primero, de entre el 50% y el 90%.
«Dejar un regalo en la vitrina de un ministerio es moralmente superior que apropiárselo sin más, máxime cuando así lo exige el Código de Buen Gobierno que tú mismo has aprobado»
P.- Los impuestos no lo son todo…
R.- Efectivamente. El cine soporta un IVA reducido del 10% y Netflix, el normal del 21% y, sin embargo, la gente consume masivamente la plataforma y las salas de proyecciones no dejan de vaciarse.
Del mismo modo, puedes bonificar el alquiler de vivienda habitual, pero si no ofreces seguridad jurídica, toleras las okupaciones y topas las rentas, los propietarios dejarán los pisos vacíos o los destinarán al turismo.
«En todo caso, si alguien se encuentra de repente con un patrimonio adicional de 1,3 millones, está obligado a tributar por él»
P.- Jesús Fernández-Villaverde y tú sostenéis que la financiación singular de Cataluña no es una reforma técnica, sino un cambio de modelo de Estado.
R.- Las administraciones autonómicas velan por que la sanidad, la educación, la dependencia y la mayor parte de los servicios sociales se presten en condiciones similares en toda España. Cuando incrementas o reduces su financiación relativa, alteras esas condiciones y supeditas la calidad asistencial a la comunidad en donde se vive. La financiación autonómica es un asunto trascendental, que tiene el inconveniente añadido de que casi nadie lo entiende. Jesús y yo decidimos escribir el libro precisamente por eso.
Nuestra conclusión es que la propuesta actual no supone un paso hacia la federalización [como sostiene Pedro Sánchez], sino hacia una confederación asimétrica. Aunque comenzó con un acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC para establecer un cupo catalán, se ha convertido en un mecanismo que inyecta un montón de dinero que nadie explica de dónde sale y que hará que el nivel de prestaciones de cada español dependa de su código postal. Salvo en Cataluña, es extraordinariamente impopular, y la prueba es que el Gobierno lo mete en el cajón cada vez que hay alguna elección regional y no vuelve a sacarlo hasta que las urnas se han cerrado.
«Los impuestos no lo son todo… El cine soporta un IVA del 10% y Netflix del 21% y, sin embargo, la gente consume masivamente la plataforma y las salas de proyecciones se vacían»
P.- ¿No es legítimo que Cataluña reclame un trato específico por su hecho diferencial: la cultura, el idioma, las tradiciones?
R.- ¿Qué hecho diferencial justifica que las demás regiones sacrifiquen parte de sus ingresos? Yo puedo admitir que una mayoría democrática de Cataluña quiera promover más su cultura. Es una decisión legítima, pero deben costearla con sus impuestos, no con los míos, que estoy en Madrid. Esa es la lógica de un Estado autonómico o federal. Tener lengua propia no puede ser una razón para recibir más dinero de otros.
P.- ¿Cómo funciona el sistema actual?
R.- En el régimen común, que es el que rige en todas las autonomías menos la vasca y la navarra, los recursos no se asignan sin más en función del número de habitantes, sino de la llamada «población ajustada», es decir, teniendo en cuenta una serie de variables (edad, dispersión, superficie, etcétera) que encarecen la prestación de los servicios. Luego, una vez realizado el reparto, cada administración decide a qué destina el dinero.
¿Y qué es lo que ocurre?
Pues que Cataluña, con un PIB algo inferior al de Madrid y una población un 15% mayor, gasta sistemáticamente más. Una parte la pagan los propios catalanes. Su tarifa del IRPF es la más alta, especialmente para las rentas bajas. Así todo, no le llega para todo lo que quiere y, con los años, se ha convertido en la comunidad más endeudada. Pero, insisto, no porque reciba menos [3.675 euros por habitante frente a una media de 3.674 en 2024, según Fedea], sino porque gasta sistemáticamente más, y ahora pretende que se lo paguemos los demás.
«Si bonificas el alquiler de vivienda habitual, pero no ofreces seguridad jurídica y topas las rentas, los propietarios dejarán los pisos vacíos o los destinarán al turismo»
P.- El Gobierno dice que todas las comunidades van a recibir más.
R.- El nuevo sistema añadirá unos 21.000 millones de euros, que son muchísimos millones, pero ya digo que nadie ha explicado de dónde van a salir. Una opción es aumentar el déficit, pero eso solo aplaza el problema, porque en algún momento habrá que cuadrar las cuentas. También puedes sacar el dinero de la Seguridad Social, pero ¿de verdad vas a recortar las pensiones? La tercera posibilidad son los Presupuestos Generales y ahí, después de pagar los intereses de la deuda, a la Seguridad Social, al resto de las administraciones y a Europa, te quedan unos 50.000 millones. Para reunir 21.000 millones habría que recortar alrededor del 40% de policía, Guardia Civil, Agencia Tributaria y todo lo demás. Es imposible.
La única alternativa realista es subir los impuestos en un importe equivalente. ¿De verdad es eso lo que pretenden los que están a favor del nuevo sistema de financiación? No es imposible. Podemos subir el IVA. Ahora mismo recauda unos 100.000 millones e incrementar ese montante un 20% requeriría llevar el tipo superreducido del 4% al 5%; el reducido, del 10% al 12%, y el normal del 21% al 24% o 25%. Suponiendo, claro, que el consumo no cayera, que caería… En fin, tenemos que empezar a hacer política para adultos.
P.- Una de tus advertencias más reiteradas es que la propuesta fragmenta la Agencia Tributaria. ¿Por qué es tan malo?
R.- Porque la savia de la gestión tributaria es la información. Si Hacienda sabe que ganas dinero, puede exigirte los impuestos correspondientes. Si sabe que debes dinero y tiene acceso a tus cuentas, puede embargarte. Todos esos datos deben cruzarse en forma y plazo, y eso requiere bases de datos unificadas. Al dividirlas, aumentas el coste de cada euro recaudado y facilitas el fraude. Es lo que ha pasado en Alemania, donde, por razones históricas ligadas a su turbulento siglo XX, los principales impuestos no se gestionan a través de una única agencia central. ¿Y con qué consecuencia? La Comisión Europea calcula cada año la llamada «brecha de cumplimiento», es decir, la diferencia entre el IVA legalmente debido y el finalmente recaudado, y la alemana es muy superior a la española [9,7% y 7,6%, respectivamente en 2023].
El problema no es, obviamente, que los alemanes tengan una conciencia fiscal menos desarrollada. El problema son las tramas criminales. Un ejemplo muy actual es el fraude de los hidrocarburos. La gasolina, el gasóleo o los biocarburantes se almacenan en depósitos que no devengan IVA ni impuestos especiales hasta que entran en el circuito de distribución. Lo que hacen los delincuentes es crear una sociedad con la que compran el carburante. Luego, lo venden a un tercero repercutiéndole el 21% del IVA, pero no lo ingresan en Hacienda, sino que se lo quedan y, cuando la inspección intenta cobrárselo, se encuentra con que el operador ha suspendido pagos y ha desaparecido.
La mala coordinación entre administraciones facilita estas estafas, especialmente en un mundo de empresas cada vez más globalizadas y, para compensar esas pérdidas, el Estado se ve obligado a subir los impuestos a los de siempre.
P.- El actual sistema de financiación ha recibido muchas críticas, pero [el presidente de Fedea] Ángel de la Fuente sostiene que es mucho mejor que su reputación.
R.- El modelo tiene el inconveniente ya mencionado de que no lo entiende nadie. Jesús Fernández-Villaverde y yo no somos expertos como De la Fuente; tuvimos que estudiarlo a fondo para poder explicarlo y debo decir que nos costó mucho.
Más allá de la complejidad, hay coincidencia en otras disfunciones, como la infrafinanciación de Valencia o Murcia, pero en ningún caso hacía falta que lo dinamitaran.
FUENTE«Cuanto más retrasemos el ajuste de pensiones, más duro será»
