Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones solo existen dos vías, a cada cual más dolorosa: incrementar los ingresos (más impuestos o cotizaciones), reducir el gasto (recorte de las prestaciones futuras) o una combinación de ambas. Todos los hilos de la reforma se afanan en tejer un complicado encaje de bolillos y persiguen más ingresos, menos gasto o ambas cosas. La inevitable reforma de las pensiones la pagaremos todos: contribuyentes y trabajadores. Ya veremos en qué proporción, pero las medidas aprobadas o en negociación son tibias, lo que suscita una inquietante cuestión: ¿serán suficientes para garantizar la supervivencia del sistema y pensiones dignas para nuestros hijos?
El empleo constituye una pieza fundamental para la recuperación económica de España, que se enfrenta a un horizonte marcado por un desequilibrio demográfico creciente y una factura social que será muy difícil de asumir. Pero el Gobierno, agobiado por el calendario y la presión financiera europea, continúa empecinado en promover respuestas parciales que solo sirven para aplazar, pero no resolver del todo, problemas muy serios que requieren soluciones sostenibles.
Uno de los problemas del Sistema español de pensiones es que es tan complejo, con tantas especificidades, que no lo entiende nadie. Y eso produce falta de transparencia. Sin transparencia, las decisiones de las personas van a ser equivocadas. El sistema actual es disparatado pues las pensiones cobradas no tienen nada que ver con lo que cotiza cada trabajador, sino con parámetros como edad de jubilación, bases de cotización y número de años cotizados. Incluso es un sistema que no tiene en cuenta que los “ricos” viven más que los “pobres” y por lo tanto cobran durante más años.
Las medidas del primer bloque de reforma de las pensiones no serán suficientes para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y sin sostenibilidad no habrá suficiencia futura de las prestaciones. Se ha optado, por ejemplo, por trasladar el déficit del sistema de pensiones al Estado, a través de transferencias, lo que reducirá la contributividad de sistema.
Hasta la fecha, el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante cuatro aspectos claves de la reforma de las pensiones, contando con el consenso de los sindicatos y de la patronal empresarial:
-Revalorización de las pensiones con el IPC
-Traspaso de gastos impropios desde la Seguridad Social al Estado
-Derogación del Factor de Sostenibilidad y sustituirlo por el MEI (incremento de los tipos de las cotizaciones)
-Incentivos para alargar la vida laboral, mediante una mayor bonificación de la jubilación demorada y mayores penalizaciones a la jubilación anticipada.
La revalorización anual de las pensiones de acuerdo al IPC no mantiene el poder adquisitivo de las pensiones, sino que incluso lo incrementa. Cada punto porcentual de inflación son 1.700 millones de euros de más gasto en pensiones, importe que además se consolida cada año.
La derogación del Factor de Sostenibilidad (que vinculaba el importe de la pensión a la esperanza de vida de la generación de cada futuro jubilado) y del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) va a suponer en las próximas décadas un incremento en el gasto en pensiones del 4% del PIB. Es decir, casi 5.000 euros anuales por cada pensionista. El déficit previsto para 2022, unos 21.000 millones de euros, representan unos 2.800 euros anuales por pensionista. Las nuevas bonificaciones a la jubilación demorada y las penalizaciones a la jubilación anticipada no son medidas suficientes que vayan a compensar ese incremento del gasto comentado. Tendrán un efecto muy limitado.
Se está optando por la sostenibilidad a corto plazo (cuadrar cuentas), olvidando la de largo plazo. Si no hay Sostenibilidad a largo plazo, no habrá suficiencia. Esta medida va en dirección contraria a la equidad, que significaría que dos personas que hayan cotizado el mismo importe de euros, deban cobrar durante su vida jubilados el mismo importe de pensión total.
En todo caso la reforma expansiva de las pensiones que ha acometido el Gobierno acumula un buen número de interrogantes, flecos sueltos y contradicciones. El primero de ellos es el elevado coste no solo económico, sino también político que supone sustituir una solución ya prevista para abordar el déficit del sistema –el Factor de Sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013– que no resulta perfecta, pero sí razonable, y que prevé un recorte de las prestaciones no excesivamente drástico y ya amortizado en términos políticos
El nuevo MEI constituye, por el contrario, una respuesta experimental a un problema muy serio para la economía española, que parte de unas previsiones de recaudación, unos 50.000 millones en una década, manifiestamente sobrestimadas, salvo milagro del empleo o de una productividad que arrastre a los salarios y un tipo de interés muy alto (en el entorno del 7%-8%) Incluso en el mejor de los casos, la aportación del mecanismo sumará algo más de la mitad de esa cantidad en euros constantes de hoy, y lo hará a lo largo de una década en la que el avance previsto del gasto será de varios puntos de PIB anuales.
El MEI aportará algo menos de 2 décimas del PIB al Fondo de Reserva anualmente, unos 100 euros anuales por cotizante a la Seguridad Social. Para poner en contexto este incremento de cotizaciones durante la próxima década, el aumento de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos proporcionaría actualmente poco más de 2.000 millones de euros, que representan un 7,1% de las transferencias previstas del Estado en 2022 para financiar el déficit del sistema, que ascienden a 28.243 millones, es decir, unos 2.861 euros anuales de media por pensión. Este déficit de 2022 irá aumentando en los próximos años hasta situarse por encima de los 5 puntos del PIB hacia 2050, un desajuste que el MEI no aborda”.
El desempleo, las cotizaciones y el coste laboral
Es cierto que España no tiene un problema de costes laborales y, por ello, hay suficiente margen para subir las cotizaciones sociales. El ministro José Luis Escrivá, lleva repitiendo estas ideas desde la tarde del lunes 15 de noviembre después de pactar con los sindicatos un incremento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales, que se repartirán en la misma proporción que el resto (0,5 puntos a cargo del empresario y 0,1 para el trabajador).
Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2019 del Informe sobre tendencias tributarias en la UE que elabora la Comisión Europea, el peso de las cotizaciones en España en su conjunto (cuota patronal y cuota obrera) equivale al 12,1% del PIB, casi un punto menos que el peso que representan estos pagos en la UE-27 (13,1%). Si bien la brecha más grande llega cuando se observa quién paga qué. Así, en España, los pagos empresariales equivalen al 9% del PIB mientras que los trabajadores pagan el 3,2%. Esto supone que las empresas pagan 1,7 puntos más que la media de los patronos de la UE (donde el peso de la cotización empresarial es del 7,3% sobre el PIB). Por el contrario, los trabajadores españoles costean 2,6 puntos menos que sus colegas europeos (5,8% de media).
Por ello, ya antes de conocerse la intención del Gobierno de incrementar las cotizaciones, muchos economistas aconsejaban que si se persiguiera aumentar la recaudación con cotizaciones a la Seguridad Social, el medio para ello no debe venir por un aumento de los tipos de cotización que incremente el pago de cotizaciones por ocupado, sino por la generación de empleo. Así no se aumentaría el coste laboral por trabajador sino que se ampliaría la base de cotizantes aumentando igualmente los ingresos. Según los últimos datos comparables de Eurostat, la tasa de paro español (14,6%) duplica la media de la de la zona euro (7,4%). Si España lograra tener una tasa de paro similar a la media comunitaria (con alrededor de dos millones de empleos más) el peso de las cotizaciones sobre el PIB pasaría (con datos de 2018) del 11,7% al 12,9%, con un aumento de ingresos del sistema cercano a los 14.000 millones de euros anuales.
Otra forma de aproximarse a la comparativa de costes laborales que pagan las empresas es la que manejan desde la Seguridad Social, que refleja el coste laboral por hora trabajada que, efectivamente, debido en gran parte a los menores niveles salariales, dan un mayor margen para el aumento de cotizaciones. De hecho, prácticamente todos los países europeos competidores de España cuentan con un coste laboral por hora muy superior al español (ver gráfico). La comparativa realizada por la OCDE, también con cifras de 2019, porque las de 2020 están muy condicionadas por la pandemia, indican que los empresarios españoles pagan una media de 21,9 euros por trabajador y hora (sumando salarios y cotizaciones) frente a los 27,7 euros de la UE-27 o los 31,4 euros de la Unión Monetaria.
En relación al nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional a través de algo que es más propiamente un impuesto (ya que no genera derechos de pensión adicionales), tendrá efectos muy negativos sobre la creación de empleo. Es una simple venda en una herida que precisa una sutura y que además puede provocar una gangrena. Si bien inicialmente el Gobierno había pensado en hacer recaer el ajuste por el incremento de la esperanza de vida en la generación del baby boom (la opción inicial era” optar entre retrasar algo la edad de jubilación o alternativamente un pequeño ajuste en la pensión”), finalmente se ha hecho lo contrario, trasladar el coste a las generaciones más jóvenes que lo afrontaran con un incremento de sus cotizaciones. La subida de cotizaciones no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, no garantiza la sostenibilidad ni mejora la equidad del sistema de pensiones, reduce su contributividad, y carga el mayor gasto sobre generaciones más jóvenes.
