El hombre lo admite y el juicio se centra a dirimir si el banco debe afrontar los 155.000 euros que le reclaman.
La Audiencia de Girona condenará a 2 años de prisión un vecino de l’Escala (Alt Empordà) por haberse embolsado el dinero de la pensión de su padre muerto. En total, llegó a cobrar casi 205.000 euros durante casi diecinueve años, entre agosto del 1997 -justo después de la defunción- y el abril del 2016.
El hombre, que se enfrentaba a 4 años de prisión por un delito contra la Seguridad Social, ha admitido los hechos ante el tribunal, pero no acepta tener que pagar los 155.000 euros que le reclaman (porque después de descubrirse el pastel, la Seguridad Social pudo recuperar parte del dinero).
Por eso, el juicio se ha centrado a dirimir si el banco donde el difunto continuaba cobrando la pensión también tiene que afrontarlo, por no comprobar que el padre era muerto.
A pesar de que el procesado asegura que notificó la defunción de su padre a un trabajador de la entidad donde se le ingresaban las pensiones -la antigua Caja Penedès– lo cierto es que, por una razón u otra, la cuenta no se dio de baja. Y que durante casi diecinueve años, desde entonces y hasta abril del 2016, el procesado se fue embolsando el dinero que, mensualmente, la Seguridad Social iba ingresando a cargo de su padre (ahora ya, difunto).
“El acusado, única persona autorizada en esta cuenta corriente, hizo numerosas operaciones de reintegro en efectivo, además de transferencias y de domiciliación de recibos”, recoge el escrito de fiscalía. En total, a lo largo de este tiempo llegó a percibir 204.896,35 euros (que suman tanto la pensión de jubilación como la de viudedad).
Cuando se descubrió todo, la primavera del 2016, el Instituto Social de la Marina pudo recuperar parte del dinero. En concreto, aquellos que correspondían a los últimos cuatro años de pensión. Pero desde que murió su padre, la cantidad restante -que el acusado se embolsó- asciende a 154.918,43 euros.
Inicialmente, la fiscalía pedía que se condenara el acusado a 4 años de prisión y a una multa de medio millón de euros por un delito contra la Seguridad Social. Hoy, pero, ante el tribunal de la Sección Tercera, el procesado ha admitido los hechos y ha aceptado que se le acabe imponiendo una pena de 2 años y una multa de 154.000 euros
