Los sindicatos subvencionados por el Gobierno destacan la gran cantidad de acuerdos conseguidos con diálogo social durante esta legislatura. Entre ellos, destaca especialmente la reforma laboral, así como las subidas del SMI o la reforma de las pensiones.
«La implicación de un sindicato en una campaña electoral tiene que ver con que somos un sindicato sociopolítico». Son palabras de Unai Sordo, secretario general de CCOO. Junto con el secretario general de UGT , Pepe Álvarez, ha presentado este miércoles un documento conjunto con el balance de la legislatura del Gobierno de coalición en materia de derechos laborales y sociales.
Los sindicatos mayoritarios defienden que tiene una «posición no partidista pero no equidistante», según las palabras de Sordo. En este sentido, el balance de los acuerdos logrados con el Ejecutivo progresista de PSOE y Unidas Podemos es muy positivo. Los califican de «récord». Ambas centrales sindicales han hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas, sin mencionar ninguna concreta, para que se posicionen con claridad respecto a qué harán con estos avances.
La mirada, obviamente, está puesta tanto en el PP como con Vox. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, está basando su campaña en «derogar el sanchismo». Ha reconocido que hará cambios en la reforma laboral aunque no ha concretado cuáles. Por su parte, en las fuerzas sindicales son conscientes del «riesgo» que supondría la entra de la ultraderecha en el Gobierno para mantener el diálogo social.
Las leyes progresistas amenazadas
CCOO y UGT han puesto por escrito todos los acuerdos obtenidos desde el año 2019. Muchos de ellos también con la CEOE, a la que piden que defiendan ante la cita con las urnas esos logros del diálogo social. Son asuntos que, a juicio de los sindicatos, también han permitido que «la reactivación de la economía, tras la crisis de la pandemia, se haga desde la perspectiva de la reindustrialización del país y situando en el centro a las personas trabajadoras».
Los sindicatos destacan un total de 16 acuerdos en el documento de balance conjunto y consensuado por las direcciones de UGT y CCOO. El primero de ellos son todos los acuerdos sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) alcanzado con motivo de la pandemia de covid-19. Un total de seis entre 2020 y 2021. Algo que «permitió que, ante una situación de crisis, por primera vez en la historia de nuestro país el empleo no fuera la variable de ajuste».
En segundo lugar, el acuerdo que dio lugar a la legislación sobre la reforma laboral, que fue aprobada por las Cortes Generales en 2022 por medio del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre. «La reforma laboral ha generado un cambio radical en la contratación en España, con cifras de contratación indefinida que alcanzan cuotas nunca vistas desde que se publican estadísticas oficiales», destacan CCOO y UGT.
También se destaca el acuerdo de pensiones de julio de 2021, trasladado a la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Un acuerdo «que asegura la suficiencia de las pensiones y refuerza la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo». El último punto del documento también es sobre pensiones, con el acuerdo sobre el segundo paquete de reformas del sistema de pensiones, de marzo de 2023. «Blinda el poder adquisitivo de los pensionistas, reduce la brecha de género y establece un nuevo marco de sostenibilidad», señalan los sindicatos.
En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el documento destaca el acuerdo alcanzado el 30 de enero de 2020, por el que se fijaba el SMI para 2020. Este acuerdo marcaba como objetivo que, según el Comité Europeo de Derechos Sociales, el umbral del SMI de un país debe situarse en el 60% del salario medio de todos sus trabajadores. También destacan los distintos acuerdos sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los años 2021, 2022 y 2023. Actualmente es de 1.080 euros.
Otro punto destacado es el acuerdo de 2021 que reguló las condiciones laborales de los repartidores a domicilio, reconociendo su laboralidad. La conocida como ‘ley rider’ para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. Del mismo modo que el acuerdo alcanzado en 2020 sobre el teletrabajo, que con la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia reguló importantes cuestiones relacionadas con el trabajo a distancia.
El balance incluye el acuerdo por la reactivación económica y el empleo de julio de 2020, «que canalizó un enorme volumen de recursos públicos a las empresas (100.000 millones €) para reactivar la economía, en la línea que luego dio lugar al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia». (Fondos europeos). Y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo acordada en 2023, «que quiere enfrentarse al hecho de que en la última década los índices de incidencia de siniestralidad laboral hayan permanecido prácticamente estables en todos los sectores».
Los sindicatos ponen en valor también la derogación del despido por absentismo, llevada a cabo por la Ley 1/2020. Así como el Reglamento por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y el Reglamento de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Se menciona también el Real Decreto-ley 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
Por último, los sindicatos incluyen como logros importantes tanto el Acuerdo para la reducción de la temporalidad en el empleo público como el Acuerdo para una Administración del siglo XXI.
¿Pero son los “sindicatos de clase” los verdaderos defensores de los trabajadores?
Lo cierto es que las grandes centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas suscribieron el V Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva.
Un aspecto fundamental contemplado en este acuerdo es el referido a los salarios. Su aumento para 2023 se establece en un 4%, fijándose en un 3% el de los dos años siguientes, 2024 y 2025. De cumplirse este escenario, el crecimiento acumulado en las retribuciones de las personas trabajadoras sería del 10%. Se ha acordado, asimismo, que, en caso de que la progresión del índice de precios al consumo (IPC) supere el alza pactado de los salarios, se aplicaría una cláusula de revisión, consistente en incrementarlos en porcentaje máximo del 1% cada año, actualización que entraría en vigor a partir de enero del siguiente ejercicio.
Nada se dice de la pérdida de capacidad adquisitiva sufrida por los trabajadores en 2021 y, muy especialmente, en 2022. En este último año, según los datos entregados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los salarios pactados en convenio han crecido el 2,9%, frente a un alza en el IPC del 8,4%, lo que ha supuesto un retroceso en las retribuciones reales del 5,3%.
Conviene aclarar, en este punto, que en un panorama de enorme incertidumbre y volatilidad como el actual, cualquier previsión sobre el comportamiento de la inflación (y del resto de variables macroeconómicas) exige prudencia y debe ser tomada con extrema cautela. De hecho, por citar algunos aspectos que deberían tenerse muy presentes -como la prolongación, agravamiento y posible extensión a otros frentes de la guerra de Ucrania, los efectos devastadores del cambio climáticos sobre la producción de alimentos y la escasez de materias primas estratégicas- podrían provocar nuevos y sustanciales aumentos en los precios y, de esta manera, trastocar los pronósticos que apuntan a una desaceleración de los mismos.
Poniendo el acento en 2023, primer año de vigencia del acuerdo, observamos que los pronósticos del Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, CaixaBank y Funcas (estas dos últimas solo anticipan previsiones para 2023 y 2024) se inclinan por una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, si bien las estimaciones concretas de cada una de ellas presentan diferencias significativas y tres de las instituciones recogidas en el cuadro apuestan por un aumento en los precios superior al de los salarios. En el caso de que se materialice este escenario, para que los trabajadores no pierdan capacidad adquisitiva, será necesario proceder a la aplicación de la cláusula de actualización.
A partir de la información ofrecida, con datos de abril, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación acumulada entre este mes y enero ya es del 1,9% y en términos interanuales -comparando abril de 2023 con el mismo mes del año anterior- el aumento de los precios es del 4,1%. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el salario pactado hasta abril en los convenios colectivos es del 3,14%, claramente por debajo del crecimiento registrado en los precios. Veremos cómo se comporta el IPC el resto del año, pero, con los datos actuales, el escenario más probable apunta a un importante rezago de las retribuciones de las personas trabajadoras con respecto a los precios.
Si consideramos la inflación interanual (abril2023/abril2022), encontramos que el precio del 59% de los productos para los que se ofrece información aumentó por encima del IPC, que lo hizo un 4,1%, y 55 de esos productos superó el 10%. Con estos datos sólo se puede sacar una conclusión: los precios de un buen número de productos básicos para la población están disparados.
Una precisión importante es que el acuerdo suscrito por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME en materia de salarios es una recomendación que tendrá que materializarse (o no) en el curso de la negociación colectiva. Se lee en el documento que se procederá al aumento de los salarios “donde la realidad de los sectores y las empresas lo permitan”; y también se dice que habrá que tener en cuenta “las situaciones muy desiguales de crecimiento, resultados e incidencia del SMI, teniendo como objetivo el mantenimiento y la creación de empleo”.
Así, el acuerdo suscrito no permite recuperar la capacidad adquisitiva perdida ni tampoco mantenerla.
Resulta a todas luces insuficiente, y también desconcertante, una concepción de la política, que también impregna la acción de los sindicatos mayoritarios firmantes del acuerdo, que, con el argumento de “ser útiles”, todo lo supedita al margen de maniobra y negociación que ofrecen las instituciones. Actuando de esta manera contribuyen a crear una cultura política que hace depender todo de una elite ilustrada conocedora de los entresijos de la negociación para la que la movilización social es algo retórico y en realidad inconveniente e innecesario.
