Es la cifra más alta de la serie después de la pandemia
El año 2025 cerró con 1,89 millones de demandantes de empleo excluidos de las cifras de paro registrado, el 44% del total de los inscritos a 31 de diciembre en las oficinas de los servicios públicos. Supone la cifra más alta de la serie histórica con excepción de 2020, cuando se alcanzaron 2,87 millones y un porcentaje del 47%, en un contexto marcado por la pandemia y los ERTE. El grueso de estos ‘no parados’ corresponde a personas ocupadas o con relación laboral, que suman 1,34 millones, un 51% más que antes de la reforma laboral.
De esta forma, en un ejercicio en el que el paro bajó en 152.048 personas, un 6,3%, los demandantes no parados crecieron en 64.175, un 3,4%, y incrementan su peso hasta un nivel inédito en un contexto de creación de empleo y crecimiento económico y en el que no median circunstancias excepcionales como las de 2020.
El Ministerio de Trabajo sostiene que el repunte se debe, precisamente, a que la positiva coyuntura anima a más personas con trabajo a recurrir a los servicios públicos de empleo para buscar un empleo mejor. Es cierto que en el momento en el que España registró su mínimo de paro registrado, en 2006 con 2,02 millones de personas, el porcentaje de demandantes excluidos llegaba al 31,1% del total, un porcentaje que hasta 2020 era el máximo histórico. Pero en los años posteriores se han visto superados con creces todos los registros precedentes, con un crecimiento intensificado tras la reforma laboral.
El Ejecutivo no ha cambiado la forma de contar el paro ni cuáles son los colectivos excluidos del paro registrado: siguen siendo los mismos desde 1983, aunque la información que publica el SEPE sobre ellos sí ha cambiado varias veces según han mejorado los sistemas de registro de demanda que, desde inicios de siglo, gestionan las comunidades autónomas. De esta forma, las tablas de 2025 son iguales a las de 2005, pese a los cambios en el mercado laboral y las polémicas de los últimos años.
La pandemia distorsiona la comparativa con la situación anterior a la nueva legislación, aprobada a finales de 2021 pero que no entró plenamente en vigor hasta abril del año siguiente, cuando aún estaban en vigor las últimas prórrogas de los ERTE de la pandemia. Pero si comparamos la situación a diciembre de 2025 con la del mismo mes de 2019, los datos no dejan lugar a dudas: el paro registrado ha bajado en 754.935 personas, un 23%, pero los demandantes no parados han crecido en 554.000, un 41,37%. Como consecuencia, el total de demandantes inscritos en los registros de las oficinas de empleo ha descendido solo en 200.935, un 4,5%.
El efecto de la reforma laboral
La reforma laboral llevó a un auge de la figura de los fijos discontinuos, trabajadores con contrato indefinido, pero que alternan periodos de inactividad en los que su trabajo, alta de afiliación y salario se ven interrumpidos. Pero pueden inscribirse como demandantes de empleo para solicitar una prestación por desempleo (si han cotizado lo suficiente para ello). En ese caso, aunque no estén trabajando, no cuentan como parados registrados, sino como demandantes con relación laboral, dentro de la categoría de los ocupados, que también incluye a los afectados por ERTE.
Son los dos grupos mayoritarios dentro de un grupo que también suma a perceptores de prestaciones adscritos a trabajos de colaboración social y a algunos trabajadores agrarios y a algunos trabajadores agrarios subsidiados, junto a las personas que, efectivamente, sí trabajan, pero recurren a los servicios de empleo autonómicos para encontrar otro puesto.
El SEPE aún no ha publicado los datos de paro completos para diciembre, con un desglose entre demandantes ocupados en sentido estricto o con relación laboral, pero los de los meses anteriores confirman un crecimiento excepcional de los segundos, que se convierten en el grupo mayoritario tras la pandemia. Y llevan a la paradoja de que los demandantes ocupados marquen en 2025 su segundo máximo histórico descontando 2020 y tras crecer un 51% desde los niveles de 2019. Hoy suponen el 31% de los demandantes, una cifra que solo se superó con los ERTEs, de 2020, cuando llegó al 38%.
¿Cuántos de estos demandantes con relación laboral son fijos discontinuos inactivos? No sabemos la cifra exacta ya que Trabajo se niega a publicar datos mensuales sobre este colectivo, como decimos, a pesar de la polémica. Tampoco las comunidades autónomas revelan estos datos. La única referencia oficial está en el Anuario de estadísticas del propio Ministerio, que se publica bien avanzado el año siguiente. El correspondiente a 2024 arroja una media mensual de 687.884 demandantes excluidos del paro registrado por ser fijos discontinuos inactivos, un 191% más que en 2019. La cifra, seguramente, ha seguido creciendo en 2025.
Los fijos discontinuos no solo compensan el retroceso de los afectados por ERTE, sino el de otro colectivo de demandantes que sí se consideran desempleados, pero no parados: los trabajadores eventuales agrarios, los beneficiarios del antiguo PER. Su número ha caído porque muchos de esos empleos se cubren ahora con contratos fijos discontinuos, lo que también afecta a la cifra de subsidios destinada a esta partida, aunque el número de demandantes parece haberse estabilizado en 2025, con un leve repunte del 1% tras cinco ejercicios consecutivos de descenso.
Pero también crece otro grupo que tampoco es de ocupados: los que no solicitan empleos con condiciones especiales o tienen la demanda suspendida por hacer cursos de formación. A cierre de 2025 alcanzaban los 366.937, el segundo dato más alto tras 2020, aunque entonces había muchos más demandantes. Hoy suponen el 8,5% del total, el porcentaje más elevado de la historia y un 64% más que en 2019.
El repunte de los ‘demandantes no parados’ airea el viejo debate sobre la fiabilidad de las estadísticas de paro registrado que publica el SEPE. Ocurrió lo mismo en la pandemia, por los afectados por ERTE. Aunque hoy el Ejecutivo descarta una distorsión por los fijos discontinuos y esgrime la coincidencia entre los datos de paro del SEPE y los de la EPA.
Aunque ignora que las metodologías no son comparables, ni tampoco su definición de parado: aunque en términos generales es la misma, el INE incluye a parados que el SEPE no considera parados, como los trabajadores eventuales agrarios o los fijos discontinuos inactivos que sí buscan activamente un empleo. Por otro lado, la EPA aflora ‘prejubilados’, personas que, en sus últimos años de carrera, no buscan empleo, pero se mantienen como demandantes de empleo para cobrar la prestación o subsidio.
Pero es que ni siquiera el peso de los fijos discontinuos es claro: al tratarse de empleos tan volátiles (se registran 20.000 bajas de afiliación al día y otras tantas altas) es posible que muchos de los que se registran como inactivos vuelvan a ser llamados varias veces hasta que les toque renovar la demanda de empleo, un trámite que se hace cada tres meses. Y aunque, si cobran una prestación, deben notificar la reincorporación, esto no implica que tengan que desaparecer de la lista de demandantes con relación laboral, como sí ocurre con la de paro registrado.
Un misterio estadístico que no ha hecho más que crecer desde 2021 ante la opacidad de un gobierno que hace ya tres años se comprometió a publicar información sobre la situación del colectivo por boca de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero cuyos datos siguen hoy sin ver la luz.
FUENTE: Casi dos millones de los apuntados en las oficinas de empleo se quedan fuera del paro registrado
