Los trámites para crear un gran fondo de pensiones que compita con los privados comenzaron en noviembre. El día 23 de ese mes, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el articulado, que contempla dicho fondo, que servirá como alternativa a los planes individuales y colectivos que ya existen, pero no están al alcance de todos los trabajadores.
Tras recibir los informes preceptivos, el Consejo de Ministros volvió a aprobar definitivamente el proyecto de ley el pasado 22 de febrero, enviándolo posteriormente al Congreso de los Diputados y dando comienzo a su tramitación. Entonces, se publicó y los grupos pudieron proponer sus enmiendas, dando paso a la fase de ponencia donde se encuentra ahora mismo.
El reglamento de la Cámara Baja no marca tiempos para este período y una ponencia puede durar dos meses o dos años, aunque lo normal es que la ponencia se desarrolle entre seis meses y un año, pero todo depende del acuerdo entre las formaciones.
En cualquier caso el fondo público de pensiones tendrá que estar aprobado antes del 1 de julio para no poner en riesgo la llegada de fondos europeos. Más concretamente, poco menos de 7.000 millones de euros, que son los correspondientes al próximo trimestre.
En el haber del Gobierno está el hecho de que no será la primera vez que deba correr para aprobar un proyecto comprometido con Bruselas. Ya pasó a finales de 2021 con la reforma laboral. Entonces, el importe en juego era superior –cerca de 11.500 millones de euros-, pero el Ejecutivo terminó cumpliendo pues se aprobó el 28 de diciembre, a tres días de terminar el plazo, pero eso sí, la tensión se multiplicó cuando la ley tuvo que ser refrendada en el Congreso, un extremo que se produjo por un error de un diputado del PP en la votación.
