Bruselas pone (otra vez) las pensiones en la diana

La crisis también ha dado una oportunidad a los gobiernos más remisos a financiar al ‘sur’ para ponerse duros con la cuestión. El próximo miércoles se conocerán más detalles de la propuesta europea de Fondo de Reconstrucción de medio billón de euros amparada por Angela Merkel y Emmanuel Macron, pero ya ha trascendido que la intención de Bruselas es vincular la mayor parte de esos fondos a la adopción de reformas estructurales, que contribuyan a modernizar las economías de los países que los reciban y a facilitar su proceso de consolidación fiscal. Con un matiz muy importante, crítico: esas reformas deberán responder a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea a los países receptores en los últimos años. Habemus condicionalidad.

Más allá de los Pirineos se entiende mal que un país como España que arrastra un déficit público cercano al 3% del PIB – hablamos de 30.000 millones de euros, nada menos – y cuyo sistema de Seguridad Social reporta año tras año números rojos desde hace casi una década – cerca de 17.000 millones el año pasado – continúe empeñado en aumentar su gasto en pensiones. Y escuece que cuando se presentan comparativas internacionales todas coincidan en señalar el sistema de pensiones español como uno de los más generosos de los 27 a la hora de sustituir el monto del último salario con la prestación de jubilación: cerca del 80% en España cuando en Alemania es el 38% y en los Países Bajos – uno de los países más convencidos del ‘despilfarro del sur’ – no llega al 50%. La sensibilidad hacia el asunto se ha disparado con la irrupción de la Covid-19 o, para ser más justos, con la ofensiva del Gobierno para implicar a Europa en la financiación de la factura que la pandemia ha dejado en los países europeos más afectados, entre los que se encuentra España, hasta el punto de que es extraño ver una entrevista a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en medios internacionales en la que no se le pregunte por el tema.

Las grandes cifras del sistema invitan no obstante al escepticismo. El año pasado con la población ocupada rozando los 20 millones de personas, una subida sin precedentes de las bases máximas de cotización del 7% y un récord histórico de ingresos por cotizaciones sociales el sistema cerró el ejercicio según el primer avance proporcionado por la Seguridad Social con un déficit de cerca de 17.000 millones de euros. Todo apunta a que por el lado de los ingresos la base de cotizantes tardará años en recuperarse, mientras que por el lado del gasto no estamos más que en los primeros compases del efecto de las jubilaciones de la generación del ‘baby boom’. ¿Hay alguna alternativa?

Fuente: La Información

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