- La CE quiere conocer cómo han funcionado los convenios de empresas
La Comisión Europea (CE) ha exigido al Ministerio de Trabajo que antes de afrontar la reforma de la negociación colectiva puesta en estos momentos encima de la mesa de diálogo social que pretende modernizar el mercado laboral envíe a Bruselas un informe detallado sobre cómo ha funcionado la reforma laboral de 2012 aprobada por el Partido Popular en esta materia.
En el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión relativo al Plan de Recuperación y Resiliencia (uno de los tres documentos elaborados por la CE en referencia al análisis del plan español) Bruselas exige que “la reforma [en referencia exclusivamente a la parte de negociación colectiva] ha de ir acompañada de un informe de evaluación ex ante de las carencias de la legislación vigente en materia de convenio colectivos”.
Poca información a la CE
Una petición que se deriva, en cierta forma, de la poca información que España ha ofrecido a las autoridades comunitarias sobre las líneas que piensa seguir a la hora de modificar la actual estructura de negociación colectiva que fue regulada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. En esta línea, el documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión apunta que “España no ha podido indicar cuáles serán las modificaciones que está previsto introducir en el sistema, para no prejuzgar el resultado del diálogo social a este respecto”.
No obstante, la Comisión Europea establece algunas consideraciones sobre los objetivos que debe cumplir el futuro sistema española de negociación colectiva. Dice textualmente que la reforma prevista en el componente 23 (Mercado de trabajo) se lleve a cabo con total respeto al diálogo social y “siguiendo un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y la de seguridad en el mercado de trabajo, en apoyo de una recuperación generadora de empleo”.
Y dice que “se espera que, merced a su diseño, la reforma sustente la competitividad y la creación de empleo, principalmente al asegurar que las empresas puedan ajustarse rápidamente a la evolución de la economía y que los salarios respondan a coyunturas que afecten a la productividad a medio plazo”.
Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por elEconomista señalan que la petición de la Comisión Europea de un informe ex ante, es decir, previo a que se presente la reforma sobre la negociación colectiva, ha sido una exigencia de Bruselas desde octubre cuando empezaron a negociar las reformas que se incluirían en el paquete laboral dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia. Y explican que, aunque todavía no se ha remitido dicho informe analizando “las carencias de la legislación vigente en materia de convenio colectivos” están trabajando en ello y se enviará pronto.
En cualquier caso, estas fuentes apunta que harán hincapié en el escaso uso que se hace de los convenios de empresa frente a los de ámbito superior (sectoriales o geográficos), a pesar que el Gobierno popular introdujo la prevalencia de los primeros sobre los segundos, lo que en la práctica implica que dejan de funcionar como unos derechos mínimos para el conjunto del sector. Como muestra, en el ejercicio 2019, el último con la normalidad pre Covid, los convenios de empresa activos afectaron a 3.634 empresas con un total de 777.100 trabajadores. En cambio, los convenios de ámbito superior de ese año amparaban legalmente a 1,22 millones de empresas con 10,3 millones de trabajadores. Además, a pesar de un pico en los años 2015 a 2018, los convenios de empresa se han reducido respecto a los firmados en 2008.
Trabajo incidirá igualmente en su informe a la CE en cómo los convenios de empresa han “tirado de los salarios a la baja” como se desprende de los datos de los últimos años. A partir de 2013, con la nueva normativa popular, las subidas salariales de los convenios de empresa siempre se han colocado por debajo de los sectoriales (2% sobre 2,3% en 2019), cuando antes de la reforma de 2012 las subidas estaban más parejas, e incluso, en algunos años por encima en el caso de los convenios de empresa.
Aunque el departamento que dirige Yolanda Díaz no ha desvelado a Bruselas las líneas maestras de la reforma de la negociación colectiva, al menos según se desprende del documento de la CE, en marzo y abril dejó claras sus intenciones en sendos documentos que implicaban volver, en lo referente a la negociación colectiva, a la legislación anterior a 2012. Supone, de hecho, la derogación de la última reforma popular.
Ultraactividad
En convenios, vuelve a dar prevalencia al sectorial sobre el empresarial en algunas materias, entre las más destacadas en aspectos salariales o las modalidades de contratación que se atribuyen actualmente por ley a los de empresas. Incluso Trabajo dio marcha atrás en una redacción suavizada que permitía a la empresa establecer la cuantía del salario base y de los complementes, aunque exigía que no fuesen nunca inferiores a los establecidos en el convenio sectorial.
Igualmente, revierte la legislación a la ultraactividad de los convenios, una de las medidas aprobadas también en 2012.
Sólo cambios en negociación colectiva
La negociación colectiva es el único punto de los que se están negociando en la mesa de diálogo social que se incluyó en la reforma laboral del PP de 2012. Entonces se dio más poder a los convenios de empresas y se eliminó la ultraactividad. Los otros grandes paquetes que se están negociando actualmente no fueron introducidos en aquella reforma. Así, la regulación actual de las subcontratas es una legislación anterior que no se tocó en 2012. Tampoco se produjeron cambios en aquella reforma popular a los modelos de contratos, una de los puntos más conflictivos actualmente sobre la mesa. Trabajo quiere acabar con los convenios de obra y servicio y restringir poderosamente los temporales.
Fuente: El Economista
