El Gobierno logra un acuerdo con la Comisión Europea para que la sostenibilidad de las pensiones pase, por primera vez, por el aumento de ingresos y cotizaciones, en lugar de por rebajas del gasto
El manual de Bruselas, el de los hombres de negro, la troika pasaba por la ortodoxia liberal de los recortes, los ajustes y las privatizaciones. Hasta ahora Bruselas ante un aumento del déficit público y de la deuda exigía un recorte de las pensiones y de prestaciones sociales En Grecia lo saben muy bien y también Mariano Rajoy, quien pidió el rescate del sistema financiero, mientras aprobaba reformas laborales “agresivas”, subía el IVA además de implementar una reforma de las pensiones con un factor de sostenibilidad y un mecanismo de subidas anuales que suponían su semicongelación inmediata y recortes a futuro. Pero con el agravante que ese sistema en la práctica, jamás se aplicó, algo que saben en Bruselas
Pero llegó una pandemia, y demostró que la calidad de la sanidad, derivada de la inversión pública y de los impuestos, marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y llegaron unos desajustes presupuestarios para afrontar una crisis social, sanitaria y económica. Tanto la Comisión Europea como los 27 países de la UE decidieron apostar por abrir el grifo del gasto público y por crear un nuevo fondo de recuperación de 750.000 millones de euros emitiendo deuda y con nuevos impuestos europeos para su repago –Next Generation EU–. El paradigma había cambiado y de, de momento, parece que persiste
Algo similar está ocurriendo con la reforma de las pensiones, cuya aprobación ha ido por partes, siempre de la mano de Bruselas por estar vinculada al fondo de recuperación. El artífice para ello, el ministro José Luis Escrivá, de perfil técnico y un gran conocedor de la Seguridad Social fruto de su mandato al frente de la AIReF, organismo independiente, fundamental para Bruselas, que ahora tendrá la responsabilidad de proporcionar, cada tres años, los datos económicos sobre la evolución del sistema de pensiones para, en función de eso, graduar el aporte de las cotizaciones sociales.
España ya ha recibido 12.000 millones de euros en fondos europeos a cambio de una reforma laboral, pactada con sindicatos y patronal. La reforma de Yolanda Díaz, que salió por un voto equivocado de un diputado del PP, es la primera de las aprobadas en España que recupera derechos, en lugar de recortarlos.
Aun así, las autoridades europeas apuestan por la prudencia a la hora de echar las campanas al vuelo y recuerdan que la evaluación de los hitos solo tiene lugar cuando se han completado todos los correspondientes a una solicitud de pago, en este caso el cuarto desembolso de los fondos europeos. supone un aval más de la Comisión Europea a las reformas del Gobierno, por las cuales España ya ha recibido 37.000 millones del fondo de recuperación. Aún le quedan otros 140.000, entre préstamos y subvenciones. España es el país que antes está recibiendo los fondos Next Generation EU y el Gobierno espera esos 6.000 millones en las “próximas semanas” y después solicitará el cuarto desembolso correspondiente, entre otras cosas, a la reforma de pensiones que se acaba de pactar y sobre la que todo indica que volverá a conseguir el respaldo de los sindicatos y una mayoría progresista en el Congreso.
La reforma consta de una primera parte, que recuperó la indexación anual con el IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que ya está en vigor, recibió el visto bueno con Bruselas y tuvo su compensación económica. La segunda fase en negociación supone 10.000 millones de euros, una vez que se publique en el BOE dentro de los parámetros acordados con la Comisión Europea, y tendría que haberse aprobado a finales de diciembre, de acuerdo con los calendarios pactados con Bruselas, pero ese retraso no ha generado ninguna inquietud puesto que los plazos son “orientativos”. Ahora se está poniendo el foco en el refuerzo del sistema desde los ingresos, no en la reducción del gasto.
El Gobierno reivindica este “cambio de paradigma” y demuestra que lo que siempre han dicho era posible. Así, la reforma pactada por el ministro José Luis Escrivá en Bruselas y acordada con Unidas Podemos, no pasa por recortar el gasto ni retrasar la edad de jubilación, que ya se hizo en España en 2011, hasta los 67 años de forma progresiva. Ni siquiera decreta la ampliación generalizada del cómputo de años para la pensión, como había estado defendiendo hasta hace poco. La reforma se centra en aumentar los cotizaciones de quienes más ganan los cuales, a su vez, se verán beneficiados de un aumento de las pensiones más altas aunque no en la misma proporción ni ritmo que el aumento de sus cotizaciones y también aportarán una parte sin retorno, solo en el caso de los salarios muy elevados, a los que se asignará una “cuota de solidaridad”.
El departamento de Escrivá quería asegurarse de que los cambios que se incluyeran en la reforma fruto de la negociación con sindicatos y partidos políticos no pusieran en riesgo el desembolso de fondos europeos, y en menos de un mes, José Luis Escrivá cogió el avión en dos ocasiones para reunirse con el gobierno comunitario.
“Ha habido intensos intercambios en las últimas semanas en relación con los compromisos adquiridos por España sobre la sostenibilidad fiscal incluida en el paquete de reforma de las pensiones”, reconocen en la Comisión Europea, donde dejan en el tejado del Gobierno los anuncios sobre las medidas que pretende llevar a cabo y también la evaluación definitiva sobre las mismas, ya que antes de llegar al BOE se tiene que ratificar en el Congreso.
ERC ha sido un socio muy activo en la negociación, que ha celebrado este viernes que se hayan incluido varias de sus propuestas. Los empresarios ya han mostrado su rechazo rotundo a la propuesta, incluso con una amenaza velada de subir menos los salarios, mientras que los sindicatos son favorables al texto presentado aunque intentarán arrancar alguna otra mejora.
Fuente: El Diario
