La seguridad social no está en quiebra, ni nunca podrá quebrar
Los Estados modernos no quiebran (“no cierran”), aunque no puedan pagar sus deudas: ¡ya las renegociarán! pues lo que da seguridad financiera no es tanto pagar la deuda en sí como poder hacer frente a los intereses de la deuda. El tema del déficit o superávit de la Seguridad Social, solamente se refiere al segmento de financiación contributivo, es decir, depende de los ingresos de los de trabajadores en activo cotizando por unas bases de cotización (salarios) y de los gastos por el pago de pensiones y prestaciones del Sistema de Seguridad Social.
La tan manida separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social es un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, pero no debe dar pie a que algunos conciban de manera abusiva la SS como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública.
Con la reforma del artículo 135 de la CE y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Equilibrio Financiero se impone a todas las Administraciones Públicas el cumplir con la regla del gasto (equilibrio financiero) y no incurrir en el déficit fijado para cada administración por Bruselas en primera instancia y posteriormente por el Estado español. No obstante, ni la Sanidad, la Educación, el Orden Públicos ni la Justicia, por ejemplo, están sometidos a análisis “mercantilistas” tan miopes.
Datos correspondientes a 2020
Esto se puede entender fácilmente si extrapolamos el ejemplo a la sanidad o educación públicas: ¿es necesario que ingresen tanto dinero como el que gastan? Obviamente no. La diferencia se cubre a través de los PGE, donde se incluyen tributos, ingresos por bonos públicos y otro tipo de ingresos, porque hemos considerado como sociedad que son ámbitos sociales cruciales que vamos a financiar tirando de otras esferas económicas. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con las pensiones públicas, para que se entienda: el déficit de la Seguridad Social se puede cubrir con los presupuestos generales del Estado (de hecho, lleva años ocurriendo), al igual que la sanidad y la educación, y no pasa nada.
Por eso es una pésima idea hacer que todos los asalariados, sus empleadores y los autónomos paguen más debido al MEI, porque eso les empobrece (aunque sea poco) sin que mejore la progresividad fiscal.
Es un defecto importante hacer recaer sobre todos los ocupados del mercado laboral -sin distinción por renta- una parte importante del coste de las pensiones, cuando no es en absoluto necesario.
