Menos de una semana ha necesitado el Ministerio de Hacienda para convencer a CC OO y UGT de que la subida salarial que va a aplicar el Gobierno a los empleados públicos (unos 3 millones) en 2022, 2023 y 2024 –entre un 8% y un 9,5% a repartir en los tres ejercicios– es la adecuada.
EL pacto incluye subir un 1,5% más los sueldos del colectivo este mismo año, además del 2% ya aplicado en enero pasado. Así, este aumento se realizará vía pago de atrasos con efecto desde primeros de año, por lo que será retroactivo, y se abonará en una paga de una vez y antes de que acabe 2022. Con ello, el aumento retributivo de 2022 será en total del 3,5%.
Para el próximo año, los salarios de los empleados públicos subirán otro 2,5%, al que se podrían suman dos alzas más de carácter variable del 0,5% cada una. La primera de estas subidas de medio punto se aplicaría si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%.
El año siguiente, 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, de nuevo con un cláusula variable para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%. Esta parte ligada a la inflación se cobraría con carácter retroactivo y sería consolidable.
Este esquema de alzas retributivas garantiza por tanto una subida mínima del 8% (incluyendo el 2% ya aplicado en enero pasado) repartida en tres años que podría llegar al 9,5% en este periodo si se activan las partes variables porque la inflación siga en niveles altos o la economía registre una buena evolución.
Más de 5.600 millones
Solo el pago de los atrasos en 2022 para subir los salarios de tres millones de trabajadores públicos un 1,5% más de forma retroactiva desde enero pasado supondrá algo más de 2.000 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 3.600 millones por el incremento generalizado del 2,5% para 2023, que deberán desembolsar las distintas administraciones públicas el próximo año.
El Estado, por ser la Administración con menos personal en plantilla, será a la que le suponga un menor desembolso (alrededor de 800 millones por ambos incrementos con cargo a 2023). A partir de ahí, habría que sumar las partes variables si se dieran las condiciones para ser abonadas –en este caso, cada medio punto de incremento elevaría el coste del alza salarial en unos 720 millones de euros–.
Los atrasos que se cobrarán antes de fin del presente año oscilarán entre los 195 euros para un salario mensual de poco más de 1.300 euros a los 375 euros para un salario actual de unos 2.550 euros al mes
Junto a ese aumento, el Gobierno se comprometió a establecer la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales.
Asimismo, en la mesa se abordó la posibilidad de recuperar la jubilación anticipada que quedó erradicada en 2012 para las administraciones públicas. Para la Administración General del Estado (AGE), el Gobierno se compromete a la puesta en marcha efectiva del teletrabajo y a la revisión de los gastos de desplazamiento
La brecha salarial entre lo público y lo privado
Resultaría irónico que la tensión social estallara por el lado de los empleados públicos. Los empleados del estado no terminan de estar satisfechos con la subida salarial del 3,5% este año que será hasta del 9,5% en 2024 acumulando las subidas de los últimos 3 años.La subida establecida por el gobierno supone un gasto público añadido de 5.600 millones para pagar los salarios públicos. En España hay 20 millones de personas ocupadas, 5.600 millones de euros más suponen 280 euros más de gasto por ocupado.
Acaba de publicarse asimismo el dato, para ponerlo en contexto todo, de que la brecha salarial entre los trabajadores del sector público y el privado alcanza ya el 58% y es la mayor brecha en 15 años. Las nóminas dependientes de la Administración crecen un 34% en los últimos tres lustros contra el 25,9% del resto de asalariados
Los sindicatos sostienen que los empleados públicos han perdido poder adquisitivo en los últimos años, pues imagínense el resto. Por cierto, ¿representan los sindicatos también a los trabajadores del sector privado? ¿Tampoco ellos son conscientes de que para aumentar el capítulo de gastos de personal en los Presupuestos hay que repercutir todo ese dinero sobre sobre los salarios de los trabajadores privados vía impuestos?
La diferencia entre los salarios públicos y los privados resulta bastante expresiva del desequilibro existente y la mala gestión continuada del sector público por parte de los políticos. El 3,5% está casi un punto porcentual por encima de la media de los convenios que se han firmado en los ocho primeros meses. Solo un 11% de los trabajadores afectados por los convenios suscritos hasta agosto ha firmado subidas salariales superiores al 3,5%. La media se ha tenido que conformar con un 2,6%, aunque en el caso de los convenios de empresa ascendía al 2,85% y en el de los convenios de ámbito superior se quedaba en el 2,59%.
El sueldo de los funcionarios permaneció congelado entre los años 2011 y 2015. El pasado año la subida fue del 1%; en 2020, del 2%, y en 2019, del 2,5%. En enero de este año había en España 2.717.570 personas trabajando entre el Estado, las Comunidades Autónomas y ayuntamientos y diputaciones provinciales. Las Comunidades Autónomas, con casi 1,612 millones, absorben cerca del 60% del total; el sector público de la administración local, el 21,8%, y el sector público del Estado (ministerios, empresas públicas, universidades, fuerzas armadas…), el 19%.
Que exista una brecha salarial tan salvaje entre los empleados públicos y los privados es simplemente mala gestión por parte de los gobiernos. Pagar a los empleados públicos por encima de los precios reales de mercado es gestionar mal el dinero público. Si un gestor público paga por unos ladrillos el 58% más de su precio es mala gestión y si paga en salarios el 58% más que fuera del sector público también es mala gestión.
Alguien podría pensar que para eliminar la brecha lo que se debe hacer es subir los salarios de los trabajadores privados en vez de bajar o congelar los sueldos públicos, pero salarios privados los determina el mercado, o sea la oferta y la demanda. Los salarios públicos pueden ser irreales porque los determina y los financia el gobierno firmando un papel
Lógicamente no se puede pedir a los empleados públicos que saluden con entusiasmo la necesidad de eliminar por lo bajo la brecha salarial con el sector privado, pero a los gobernantes no sólo se les debe recordar que hay que acabar con esta brecha sino que se les tiene que exigir. Esta brecha salarial va haciendo insostenible el estado del bienestar, porque empieza a ser impagable. Cuando se pregunta de dónde se puede recortar gasto público, el capítulo más importante son los gastos de personal. Desde luego habría muchos otros gastos que habría que eliminar antes, pero el elefante sentado en el sofá son los gastos de personal.
Igualar los salarios públicos y privados es una cuestión de justicia, pero también de sostenibilidad. Los gastos de personal del estado son un lastre creciente que ya no se va a poder soportar
